Las iniciativas propuestas por la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para modificar la Ley Agraria y la Ley Minera optimizan el proceso de saqueo de los bienes naturales y favorecen a las empresas privadas, considera la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

En un comunicado, la organización advierte que dichas iniciativas proponen modificaciones de regulación administrativa, pero carecen de procedimientos para la rendición de cuentas. Ninguna plantea resolver la política de despojo, destrucción e impunidad.

Agrega que la propuesta de Ley para el Desarrollo Agrario constituye una regresión y una amenaza para los derechos de los pueblos, pues desaparecerá “una herramienta fundamental para la defensa de los núcleos agrarios”, lo que agilizará las reformas neoliberales impulsadas por Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la Rema, la iniciativa vulnera el derecho agrario, impulsa medidas limitativas para los territorios indígenas, facilita la entrada de industrias extractivas, permite la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho.

Las propuestas de implantación de consultas, creación de evaluaciones de impacto social y declaración de “zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo” desconocen el proceder violento de las empresas y de las dependencias gubernamentales, consideró en su comunicado. “Todo México es una zona inviable de explotación en los términos del extractivismo minero actual”.

La Red rechazó el refrendo de la idea de que con dinero se puede resolver la depredación que genera el extractivismo, lo que se vuelve a establecer en la propuesta de Morena. Y es que la iniciativa buscaría obligar a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el “desarrollo humano sustentable”.

Para sostener la idea de la “cuarta transformación de México” que anuncia el futuro presidente, la organización pide “un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma”. Con dicho fin, sugiere la cancelación de las 26 mil concesiones entregadas de forma ilegal e irresponsable.

Alba Olea