La nueva legislación aduanera tendrá un impacto positivo contra la corrupción, la extorsión, el tráfico de influencias y la evasión fiscal, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.
Al referirse a la iniciativa que se analiza en la Cámara de Diputados, señaló que sus beneficios se reflejarán en el mediano plazo, al mejorar la eficiencia recaudatoria y reducir prácticas ilícitas. “Por eso es el cambio y vamos a darlo a fondo. Estoy seguro de que los resultados se verán muy rápido el próximo año”.
Ante las críticas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que considera que la ley privilegia la recaudación sobre el combate a la corrupción, Monreal respondió que las decisiones en el Congreso se adoptan por mayoría legislativa.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, explicó que el dictamen modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga nueve de la Ley Aduanera. Asimismo, destacó la creación del Consejo Aduanero, integrado por la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control.
Altamirano añadió que la ley permitirá suscribir convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino. También elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas, refuerza controles en programas de facilitación como la importación temporal y amplía las obligaciones en materia documental y de supervisión operativa.
“Estas determinaciones son necesarias para combatir la evasión, las malas prácticas, el contrabando, la corrupción, avanzar en la justicia fiscal y fortalecer las finanzas públicas. Lo que propone el dictamen es establecer condiciones de orden en el sector aduanero para captar recursos que no quedarán en manos de los particulares o de los malos funcionarios, ni de quienes eluden el pago de impuestos, sino que deben ser captados por el Estado y destinarse al beneficio de todos los mexicanos”, indicó Altamirano.
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