Ley contra la Desaparición Forzada “garantiza impunidad”

Familiares de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos reprueban la legislación en materia de desapariciones. En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido señalan que la ley, de reciente promulgación, no brinda apoyo a las víctimas, separa la investigación de la búsqueda (como si abordara dos delitos distintos) y favorece la impunidad.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue presentada como una disposición jurídica muy completa que abarca todos los ámbitos referentes a la desaparición forzada. Sin embargo ha sido mal aplicada, comentó Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene las siguientes atribuciones: emite, ejecuta, atiende, solicita, integra, presenta, diseña, asesora, pero no busca. Ésta ley no nos va a proteger”, señaló Adrián Ciriaco, representante del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero.

Santiago Corcuera informó que en los casos de desaparición forzada existen agentes del Estado implicados, aun el crimen organizado necesita forzosamente de la colaboración de un presidente municipal o de un policía. Este hecho es algo que no reconocen las autoridades y “que se han negado a investigar”. Asegura que para que funcione la ley se necesita voluntad y buenos fiscales que no dependan del Estado.

Jorge Verástegui, familiar de una víctima desaparecida, explicó que el gobierno mexicano hizo todo lo posible para que la ley saliera “lo menos efectiva posible”, situación que refleja la voluntad del gobierno por hacer que las cosas no cambien.

Las autoridades evaden su responsabilidad diciendo que genera leyes cuando lo único que hacen es todo lo posible por no encontrar a todos los desaparecidos y hacer que los responsables de las mismas no sean sancionados. Al no garantizar la reparación del daño en las familias y las victimas se está garantizando impunidad, concluyó Santiago Corcuera.

Diana Aguila

[NOTA DEL DÍA]