La Ley de Amnistía es una oportunidad que podría garantizar la justicia y los derechos de las personas privadas de libertad de manera injusta, quienes además hasta el día de hoy han sufrido estigmatización por parte de la ciudadanía, aseguró José Luis Gutiérrez, director ejecutivo de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
En el marco de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el cual entrará en vigor esa ley, el maestro en defensa, promoción y difusión de los derechos humanos destacó la importancia de que los ciudadanos de a pie, los periodistas y la población en general conozcan los alcances reales que tendrá la legislación promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día 23 de abril de 2020.
Ello, porque las personas privadas de libertad son de las más estigmatizadas, puesto que “nadie las ve como víctimas del sistema de justicia y del propio Estado; por el contrario, son personas que dentro del imaginario colectivo no merecen la menor consideración por haber cometido un delito, sin contemplar siquiera las fallas en el sistema de justicia, los altos niveles de impunidad y los contextos adversos a los que estas personas tuvieron que enfrentarse antes o durante su internamiento”.
El abogado José Luis Gutiérrez señaló seis puntos como los principales objetivos de esta ley:
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Asegurar el alcance de la justicia a los ciudadanos que han sido criminalizados e injustamente encarcelados; esto es, personas que no accedieron a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, así como quienes están en conflicto con la ley penal a consecuencia de contextos de violencia, pobreza, relaciones asimétricas de poder, coacción y falta de oportunidades.
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Contrarrestar los efectos negativos sobre los derechos humanos provocados por las políticas criminales de encarcelamiento masivo que utilizaron las administraciones anteriores.
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Erradicar la criminalización contra mujeres, campesinos y jóvenes generada por la política de drogas.
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Contribuir a eliminar la violencia sistemática y estructural que se crea dentro de las cárceles contra las mujeres.
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Garantizar la justicia a las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que no tuvieron la oportunidad de defenderse adecuadamente en los procesos penales.
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Impulsar políticas criminales no privativas de la libertad, respetando y dándole un efecto útil a los tratados internacionales ratificados por el gobierno mexicano en materia de derechos humanos.
Por otro lado, el director de AsiLegal, declaró que existen ideas erróneas sobre lo que verdaderamente significa la aplicación de la Ley de Amnistía, ante lo cual subrayó que éste “no es un mecanismo de impunidad [ni] es una vía para liberar a grandes criminales. No provocará que los índices de inseguridad aumenten en el país”.
Asimismo, apuntó que tampoco es “una herramienta autoritaria que atente contra la división de poderes o la independencia judicial”. El abogado expuso que su entrada en vigor “no despresurizará el sistema penitenciario”, ya que su impacto en este momento sólo es para personas del fuero federal, y ante ello indicó que el número de personas que recuperarían su libertad con este mecanismo es de 8 mil 886, frente a las 200 mil que hay aproximadamente en todo el país.
No obstante, observó que este mecanismo se presenta como una respuesta inmediata ante la emergencia sanitaria que vive el país. Y destacó que la aplicación adecuada de la Ley Nacional de Ejecución Penal podría ayudar más. Por ello subrayó que es imperante descolocar la Ley de Amnistía del contexto Covid-19 para entender su importancia como instrumento de justicia social.
El defensor José Luis Gutiérrez aseveró que para comprender los efectos reales de esta ley “se debe partir de la premisa de que todas las personas son sujetas de derecho y que estar en conflicto con la ley penal no debe ser causal de ningún tipo de estigma; [también] se debe despolitizar esta ley, esto es, despojarla de los argumentos que buscan juzgar el actuar político”.
A su vez, expresó que los jueces deberían unirse para trabajar y atender este tema, así como todos deberían considerar la Ley de Amnistía como “una gran oportunidad” para garantizar la justicia de las personas privadas de la libertad y de esta manera reivindicar los derechos humanos de estos ciudadanos.
