La evasión y elusión de impuestos en México ocasionan pérdidas en la recaudación que oscilan entre el 2.6 y el 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), estima el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Ello, indica, a pesar de los esfuerzos emprendidos por las autoridades tributarias para promover el pago y simplificar los mecanismos declarar.
Un análisis de la Dirección General de Finanzas del Instituto refiere que entre 2013 y 2017, la recaudación tributaria representó, en promedio, el 13.6 por ciento del PIB, mientras que para los países que integran la OCDE fue 33.4 por ciento.
El uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico de la sociedad, al reducir la disponibilidad de recursos públicos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus funciones, señala el documento Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas “factureras” o “fantasmas”.
Elaborado por los investigadores José Luis Clavellina, Jaime Arturo del Río, Mario Iván Domínguez y Vladimir Herrera, el estudio observa que la importancia de combatir ambos flagelos a través de la reducción de tratamientos fiscales especiales, la adopción de buenas prácticas internacionales, el fortalecimiento de la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la promoción del uso de las tecnológicas de la información que faciliten el cumplimiento de obligaciones ante el fisco.
En lo que va de la LXIV Legislatura, en el Senado se han presentado iniciativas que buscan elevar las penas a las empresas “factureras” o fantasma y tipificar a la defraudación fiscal como delito contra la seguridad nacional para que amerite prisión preventiva oficiosa, aunque esto último ha generado la preocupación por parte de algunos especialistas, ya que han advertido sobre los riesgos de caer en el “terrorismo fiscal”.
