La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expuso que, tan sólo en este año, los países en desarrollo deberán invertir 1.2 billones de dólares aproximadamente –es decir, el 3.8 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en promedio– para garantizar a sus poblaciones, al menos, la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria.
Dicha situación se agrava en los países de bajos ingresos, los cuales –según la OIT– necesitarían invertir cerca de 16 por ciento de su PIB – alrededor de 80 mil millones de dólares– para resarcir el déficit.
Desde la emergencia sanitaria por la Covid-19, el déficit de financiamiento de la protección social ha aumentado en alrededor del 30 por ciento, el cual es consecuencia de un incremento en la necesidad de servicios de asistencia sanitaria y de seguridad del ingreso para quienes perdieron su trabajo durante la actual emergencia y la disminución del PIB causada por la crisis, informó la OIT.
Sin embargo, aun antes de la pandemia, señaló, los países del mundo no estaban cumpliendo con los compromisos jurídicos y políticos en materia de protección social que habían asumido tras la crisis financiera de 2008.
Actualmente, “sólo 45 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto de la población –más de mil millones de personas– está completamente desprotegida”.
Shahrashoub Razavi –directora del Departamento de Protección Social de la OIT– señaló que en el actual contexto “los recursos nacionales distan de ser suficientes. Subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial”.
Por último, la OIT sostuvo que “las instituciones financieras internacionales y los organismos de cooperación para el desarrollo ya han introducido diversos paquetes financieros a fin de ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a abordar los numerosos efectos de la crisis, en particular en los países de bajos ingresos”.
