La posición del gobierno de México frente al de Venezuela no podría analizarse al margen de la política internacional de México, tomada ésta como un legado de generaciones anteriores. Sin embargo, valdría la pena centrar la discusión en los aspectos concretos de las sanciones impuestas por Donald Trump y secundadas por Enrique Peña Nieto y su improvisado canciller Luis Videragay.

México ha firmado acuerdos y tratados para perseguir delincuentes buscados en otros países, afectar sus bienes e, incluso, detenerlos con fines de extradición. Pero el gobierno mexicano no está autorizado para aplicar sanciones por motivos políticos. Incluso, la Constitución prohíbe la extradición de reos políticos (Artículo 15), con lo cual traza una raya infranqueable entre el Estado mexicano y la lucha política interna de otros países, en la que México no puede tomar parte porque no admite que extranjero alguno lo haga en los asuntos políticos del país.

En México no están autorizados los decomisos, secuestros o incautaciones de bienes, mucho menos las confiscaciones, sin orden judicial. Videgaray no es un juez. La PGR y un juzgado podrían actuar en este sentido, a petición oficial de parte extranjera, sólo para colaborar con el país donde actúan o pueden actuar los posibles responsables de muy definidos delitos, como son terrorismo y delincuencia organizada.

El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido una intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste, al mismo tiempo, se encuentre actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA dijo: “…tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros […] recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra”.

La CIA admite a las claras que busca una transición en Venezuela, la cual, en todo caso, implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadunidense afirma que estuvo en México y en Bogotá, “tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer…”. Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia, quienes, se dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de “hacerles entender las cosas”, pero ese alguien no era un diplomático sino un espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales han formulado sendas réplicas negando que sus políticas sean formas de intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos.

El gobierno de México podría hacer cuanta declaración considerara correcta para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar parte de un alineamiento internacional para promover el cambio de gobierno en Venezuela, o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la OEA y, luego, lo ha hecho, en forma bilateral, con Estados Unidos, al secundar una sanción de este último contra Venezuela, como represalia política concreta contra otro Estado. Esta conducta es inconstitucional porque lesiona el principio normativo de no intervención y el de proscripción de la amenaza en las relaciones internacionales (Artículo 89. X).

En Estados Unidos existe una ley que faculta al presidente a llevar a cabo esa clase de actos de represalia y otros muchos más, pero en México no hay nada al respecto en la legislación. Lo que no tiene autorizado el presidente de la República, lo tiene prohibido. Así se simple. Pero, además, la conducta del gobierno mexicano es abiertamente contraria al derecho constitucional mexicano.

La simple sanción aplicada a funcionarios gubernamentales venezolanos como represalia, medio de presión y amenaza, secundando a un tercer gobierno para perjudicar a Venezuela, tendría que llevar a incoar juicios políticos contra los funcionarios que hubieran aplicado la orden relativa. La conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y del secretario de Hacienda, por instrucciones de Enrique Peña Nieto, son contrarias a la Constitución y las leyes de México.

Por ahora, el juicio político parece un sueño, pero para iniciarlo se tiene hasta un año después del momento en que dejen el cargo esos funcionarios y otro año más para sancionarles. Por la naturaleza del agravio, habría que instalar el hasta ahora inexistente juicio político en México.