Organizaciones defensoras de derechos humanos constataron la ineficacia del gobierno federal, para atender a los damnificados del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, tras el sismo de 8.2 grados, ocurrido el pasado 7 de septiembre. Entre los hallazgos: falta de coordinación institucional, ayuda insuficiente y oportunismo político.

El Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Tequio Jurídico conformaron una Misión de Observación Humanitaria (MOH), del 11 al 14 de septiembre.

El recorrido se realizó por las comunidades Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo.

Entre las observaciones, informaron las organizaciones a través de un comunicado, se encuentran:

• “Existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y de la policía federal en las diferentes comunidades visitadas.
• “La ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.
• “Los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como a las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.
• “Precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.
• “Algunas empresas privadas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno. Varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de megaproyectos y desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario”.

Las organizaciones hicieron recomendaciones al gobierno federal:

“Todos los niveles de gobierno tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlos en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta, priorizando el derecho al agua y a un techo seguro para las personas afectadas por el sismo.

“La entrega de ayuda humanitaria debe reconocer las diferentes necesidades de la población sin discriminación alguna, incluyendo a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad y personas de origen indígena.

“El gobierno federal debe iniciar las labores de reconstrucción en calidad de urgencia con un enfoque de prevención de desastres.

“Proveer a las personas de un refugio digno debe ser una prioridad, de lo contrario, esto podría provocar que la situación se agrave aún más dado que la temporada de huracanes termina hasta noviembre.

“Los esfuerzos de reconstrucción deben contemplar la recuperación de los medios de vida y la economía local, ya que las personas afectadas no sólo perdieron sus hogares sino también sus bienes materiales, sus negocios y sus fuentes de empleo”.

El Estado en jaque

En octubre de 2016, Contralínea documentó que los huracanes, sequía, sismos, incendios forestales y la actividad volcánica tienen en “jaque al Estado que, por corrupción y ‘vulnerabilidades sistemáticas’, se encuentra limitado para atender emergencias por desastres naturales, así lo revela la versión 2013 de la Agenda Nacional de Riesgos, documento confidencial bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”.

El documento dedica un apartado a las contingencias: “Limitación para la Atención a Desastres Naturales”. Evidencia las vulnerabilidades de la administración de Enrique Peña Nieto, así como las estatales y municipales, para hacer frente a estas contingencias (Contralínea 508).

Los riesgos se encuentran en los rangos “alto” y “medio” del parámetro de inteligencia, en ellos se muestran las incapacidades y deficiencias:

Acciones limitadas de los gobiernos federales, estatales y municipales para afrontar las contingencias.

Uso político de autoridades estatales y municipales en la distribución de recursos del fondo de desastres.

Déficit de la oferta de gas natural seco por un exceso de demanda diaria que rebasa las inyecciones al Sistema Nacional de Gasoductos.

Insuficientes instrumentos de transferencia de riesgos para atender desastres de muy alta magnitud.

Incremento en el número de magnitud de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático.

Deficiente regulación del uso de suelo y del desarrollo urbano que genere la multiplicación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo.

Limitados recursos humanos, técnicos y económicos para atender emergencias.

Érika Ramírez