La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) advirtió que el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga Fernández, miente a los mexicanos al afirmar cínicamente que “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”. Por lo que la organización consideró que este funcionario sólo beneficia a la industria extractiva.

En un comunicado, la Red advirtió que Quiroga Fernández ha lanzado una amenaza contra los opositores a la minería, al declarar ante empresas que “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”. Con ello, el servidor público dejó “en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales”.

Rema indicó que estas declaraciones de Quiroga Fernández se dieron el pasado 13 de agosto durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad”, organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex). Por ello, la organización consideró que el subsecretario “se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional”.

Rema también señaló que a los empresarios les ofrece “protección especial” contra el crimen organizado, cuando en realidad “son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia”.

La Red preguntó entonces qué decisiones tomará este funcionario federal respecto de las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas. Por ejemplo, indicó, hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.

Y cuestionó qué significa para el subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivó en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde 2006.

“Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el señor Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador; en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las y los comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales”, señaló en su comunicado.

“En la Rema nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere ‘buenas prácticas’ y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: ‘oro y plata para pocos, miseria para todos’”.

Asimismo recordó que los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, “igual que el cinismo con el cual el señor Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera. No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el ‘progreso y desarrollo’ minero como el camino ideal para los pueblos; menos aún pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar en sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera”.