Venezuela, el arbitraje jurídico y la intolerancia en el Mercosur

Montevideo, Uruguay. El Gobierno de Venezuela dio un nuevo paso para la restitución de sus derechos en el Mercosur, al  recurrir a la vía judicial por la intolerancia del resto de los Estados parte del bloque hacia ese país.

Ha habido controversias sobre otros casos, no es la primera vez que Caracas se incorpora a un proceso de arbitraje, declaró en entrevista exclusiva con Prensa Latina el coordinador nacional venezolano en el Mercado Común del Sur (Mercosur), Héctor Constant.

Apuntó que esas disputas estuvieron asociadas a los otros cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y a temas relacionados con normas económicas e interpretaciones de distintas resoluciones, aunque aclaró que no son muchas las veces en que se ha convocado el procedimiento arbitral.

Luego del comienzo del proceso de arbitraje (anunciado ayer de manera oficial), señaló, existe un plazo para que cada una de las partes designe sus mediadores y se conforme el tribunal arbitral Ad hoc, el cual conoce de la controversia y decidirá en consecuencia.

Constant explicó que todo eso está perfectamente normado, los plazos y el nombramiento de los árbitros, porque todo está normado por procedimiento.

Añadió que durante el tiempo transcurrido (del 15 de diciembre último a la fecha) cada país ya notificó sus árbitros y Venezuela hizo lo mismo el 17 de marzo pasado en la penúltima reunión del Protocolo de Olivos (para la solución de controversias en el Mercosur).

Al referirse al tribunal, mencionó que está conformado por tres árbitros principales y tres suplementes, y comentó que hay un conjunto de listas con un grupo de ellos.

Una vez se instale el tribunal, precisó, cada parte procede a nombrar un árbitro titular y uno suplente, y luego se define de mutuo acuerdo un tercero de otras listas que existen.

El funcionario venezolano manifestó que existe un proceso perfectamente establecido en el mecanismo de Olivos y su reglamento para el pronunciamiento del tribunal, el cual deberá ser constituido en un plazo de 15 días.

Interrogado sobre si ese tribunal no se pudiera ver permeado por la situación actual creada dentro del bloque y la reticencia del resto de los Estados parte de reconocer a Venezuela, Constant afirmó que “la realidad es excesivamente ruda” no solo por las implicaciones prácticas, sino por la poca seriedad jurídica que tiene.

Expresó que ese órgano tiene capacidad para dictar medidas cautelares, por ejemplo, en caso de que se considere necesario proteger los derechos de la República Bolivariana, y entonces el tribunal las estudiará.

Eso es interesante, dijo, en la medida que para Venezuela se vulneraron todos los procedimientos y normas, así como el propio reconocimiento de sus derechos, y “eso la afecta directamente como también lo hace con toda la situación del Mercosur”, apostilló.

En ese sentido, el experto puntualizó que su país desconoce las normas resueltas y decididas sin el consentimiento de Venezuela, lo cual afectará al bloque subregional cuando se normalice la situación, porque “ellos están avanzando en algo que es ilegal”.

El coordinador nacional venezolano en el Mercosur indicó que el comienzo ayer de la fase judicial se dio luego de cuatro reuniones de negocianes directas y fue agotada hasta el máximo la vía política.

De ninguna manera, valoró, puede plantearse que Venezuela no trató de avanzar mediante el diálogo en la normalización del Mercosur y, desafortunadamente, tuvimos que recurrir a la vía judicial por la intolerancia planteada en su contra y el desconocimiento como Estado parte.

A otra pregunta de Prensa Latina sobre la no designación del Alto Representante General del Mercosur y su incidencia en la base social creada dentro del bloque en los últimos años, Constant aseguró que ello es “muestra palpable de lo que está ocurriendo”.

Reveló que en la última reunión del Grupo Mercado Común celebrada en la primera semana de abril en Buenos Aires, con la asistencia de los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el resto de los Estados solicitaron un estudio para suprimir la figura del Alto Representante General.

Señaló que si bien ese cargo es netamente político y de representación del Mercosur frente al exterior, de esa responsabilidad dependen dos pilares fundamentales del bloque: la participación social y la integración productiva.

Si se desarticula esa figura le darán una prioridad mucho menor a dos de las principales tareas que venía teniendo esa instancia en el seno del Mercosur, y están vinculadas, se quiera o no, con la dimensión social del bloque, enfatizó.

Una de ella es la unidad de apoyo a la participación social, que se encarga de tener la relación con los movimientos sociales, y la otra, la integración productiva, comentó.

Esta última, apuntó, generadora de cadenas de producción local y regional, las cuales permiten salirle al paso a las cadenas de producción que se hacen de forma transaccional, sin tener en cuenta otros tipos de experiencia como la agricultura familiar.

“Esos son elementos que preocupan y decisiones que se están adoptando con la ausencia de Venezuela”, manifestó, y agregó, que no solo son ilegales, sino que denotan una profunda redimensión de lo que se venía planteando en el Mercosur previamente.

Consultado acerca del tratado de libre comercio que se anuncia debe concretarse en diciembre venidero entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común, el funcionario venezolano señaló que su país siempre ha sido observador de esas negociaciones.

Puntualizó que ha sido así porque estas se iniciaron antes del ingreso pleno de Caracas al Mercosur, y de acuerdo con la norma, no se está obligado a formar parte de las negociaciones internacionales que fueron emprendidas antes.

Sin embargo, aclaró, la República Bolivariana es observadora, participa de “todas las negociaciones y genera legitimidad, no las entorpece”.

Recordó que Venezuela es parte integrante del Mercosur en negociaciones con terceros, de tal manera, que “más les interesa a ellos que formemos parte de las negociaciones con la UE”, porque le daríamos legitimidad al acuerdo que ellos pretenden alcanzar.

Nosotros, reflexionó, no prejuzgamos sobre el contenido y el fondo del acuerdo, pero estamos preocupados en el retorno del libre comercio, sobre todo, en la alteración que pueda existir para los pequeños productores locales frente a un mercado y  actores económicos europeos que pueden tener mayores ventajas.

Eso, agregó, sin contar otros grupos de temas como la propiedad intelectual, las compras gubernamentales y los servicios, en los que no siempre el Mercosur tiene ventaja, si no los logra desarrollar y poner en marcha de manera completa antes de iniciar negociaciones con un bloque como la UE.

Desde el punto de vista formal, Venezuela no ha entorpecido esas negociaciones por no formar parte de ellas, pero un acuerdo que se alcance y no cuente con la legitimidad de todos los Estados parte, “es un acuerdo cojo, que tiene un viso de ilegalidad” y eso es muy desafortunado para los que quieren avanzar, aseveró.

Por último, Constant agradeció la solidaridad de todos los que están al lado de la razón y hacen valer los derechos de la República Bolivariana y del Mercosur.

Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina

* Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay