Violencia en la Nación Triqui, resultado de la orfandad institucional: Rodríguez Alamilla

La conflictividad en la llamada Nación Triqui, que ha dejado a decenas de familias desplazadas; recientemente de Tierra Blanca y, en 2010, de San Miguel Copala y San Juan Copala con ataques paramilitares, es consecuencia de una “orfandad” institucional en la región, opina Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Ayer, el ombudsperson se reunió, en una mesa interinstitucional, con el  subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el gobernador Alejandro Murat e integrantes de su gabinete, de lo que se desprende que este es un “problema complejo, la región triqui (durante varios años, incluso décadas) ha sido un tema fuerte y del cual se han producido muchas víctimas”.

Durante la segunda quincena de enero pasado, más de 60 familias fueron desplazadas de Tierra Blanca Copala, baleadas y despojadas de sus pertenencias a punta de metralla. Al respecto, Rodríguez Alamilla indica que es consecuencia de que “no existen instituciones de Estado y, evidentemente, eso ha generado que se sigan dando situaciones, como el desplazamiento, por lo que se producen víctimas”.

En entrevista con Contralínea, el defensor oaxaqueño expone que su oficina ha pretendido tener un acercamiento con los agredidos, en torno a sus preocupaciones y demandas, en calidad de víctimas de desplazamiento o de víctimas en general de la región.

“Hemos estado en una etapa de acercamiento con las víctimas, pero también tratando, desde el propio espacio de la defensoría, de construir un espacio de confianza para que se vaya hacia el diálogo en torno a una resolución más integral y definitiva a toda la problemática de la Nación Triqui, en la cual pasan temas de justicia, seguridad, reivindicación de muchos derechos que a lo largo de todo este tiempo han sido olvidados y que, creemos, que ha sido importante que en este proceso de construcción del diálogo se hagan evidentes y sean reivindicados”, añade.

La ausencia de instituciones, dice el titular del DDHPO, “es general, de todo lo que implica el Estado. Eso ha generado que las personas en el territorio estén en esta orfandad, en términos de no saber a quién dirigirse y eso sí genera una problemática fuerte. Es un tema de los tres niveles de gobierno [ municipal, estatal y federal]. Es importante reconocer que existe una ausencia de todo el aparato de Estado que pueda tener, de manera in situ esta serie de situaciones que padecen las víctimas”.

¿Cómo han llevado el acercamiento con los desplazados de Tierra Blanca?

Tratamos de generar un proceso de acercamiento directo con las partes. Hemos establecido comunicación de manera particular con el profesor Macario [ Macario García Merino, Integrante de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI)], quien nos ha pedido visitas que se han hecho a la zona y que haya presencia de la defensoría. Hemos tratado de estar ahí y de vigilar la actuación de las autoridades in situ, que respondan a criterios de derechos humanos, es algo que está en proceso.

¿Cuáles fueron los temas que se tocaron con el subsecretario Alejandro Encinas?

La presencia del subsecretario es importante porque el problema es complejo. Las dimensiones del problema implican un involucramiento, también, de la parte federal, estatal y municipal, y de manera integral atender toda la problemática. Implica un tema de responsabilidad, que está asumiendo el gobierno federal.

Relata que en días pasados hubo una mesa interinstitucional, en la que participaron: el subsecretario Encinas Rodríguez y las demás dependencias del Estado, analizando y tratando de construir unos primeros pasos; primero del entendimiento de lo que implica la problemática de la Nación Triqui y de buscar cómo generar procesos de diálogo, de entendimiento, que se atiendan en el corto y mediano plazo; así como la atención de víctimas y a una resolución integral.

La reunión ocurrió el 3 de febrero pasado y se trató de manera directa con el gobierno del Estado, a cargo de Alejandro Murat y coordinado con el gobierno federal. “Ellos ya están viendo cómo van a generar su propia atención de manera directa. También, del proceso para generar el diálogo, a construir las bases para el mismo, que es lo que las autoridades federales y estatales darán a conocer”. comenta.

Respecto de la entrada del subsecretario a la comunidad de Yosoyuxi, para ver las condiciones en las que se encuentran los desplazados, el defensor comenta que es un asunto que Encinas Rodríguez atiende directamente con la organización del MULTI. En caso de que entrara a la región y las víctimas lo solicitaran, la defensoría entraría en acompañamiento.

Ante la posibilidad de una próxima reunión, el defensor comenta que este tema se llevará de manera permanente, pues “estamos preocupados y vamos a incentivar que esto sea de manera inmediata y en esta lógica tratar de que existan respuestas rápidas y contundentes para la problemática de la Nación Triqui”.

Expone que una de las primeras cosas observadas en los procesos de paz es que: primero, se pueda generar confianza con las organizaciones y las personas. También, a partir del reconocimiento de que hay víctimas y que tienen que ser atendidas con un enfoque de derechos humanos.

“En esta ausencia de Estado, lo que se ha debilitado es el tejido social y es lo que hay que reconstruir de múltiples formas, a través de procesos de justicia, de seguridad, de atención de salud, de generar institucionalidad misma”, añade.

A la solicitud hecha por las víctimas para que la Guardia Nacional esté presente permanentemente, el defensor oaxaqueño indica que este sería un elemento importante para aportar a los temas de justicia y de seguridad, pero no hay que dejar de lado la situación de salud y educación, para que se apoye el proceso de reconstrucción del tejido social, “tienen que ir articuladas en esta visión general de un proceso de paz de corto y mediano plazo, por sí mismo el tema de seguridad no va a resolver la problemática ni de justicia si no los articulas dentro de un proceso más amplio. Hay que tomar en cuenta que hay un problema de marginación muy grave en la zona”.

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