Las expulsiones de 37 personas de la Casa del Estudiante –ubicada en el corazón de la Ciudad de México– y la manera en como se hicieron, detonaron en un conflicto que se gestaba desde principios de 2011. De acuerdo con la actual representación estudiantil, las bajas están sustentadas en la normatividad de la asociación civil. Los expulsados no están conformes: piden que se revalore su situación pues, aseguran, el proceso fue “irregular”. Las consecuencias del conflicto: el ataque con arma blanca contra uno de los jóvenes asociados; dos averiguaciones previas por fraude y agresiones, y el fin del convenio con el Banco de Alimentos
/Primera parte
El 1 de enero pasado, la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en el Centro Histórico del Distrito Federal, amaneció con una doble barricada. Para ingresar al recinto, que data de principios del siglo XX, se deben de sortear las imponentes estructuras del comercio ambulante que la rodean; además, las guardias permanentes que un grupo de estudiantes decidió montar dentro del inmueble de aproximadamente 2 mil metros cuadrados.Y es que, a finales de 2011, 37 personas fueron dadas de baja de la Casa del Estudiante José Ives Limantour, AC, cuyo objeto social es brindar alojamiento a estudiantes procedentes de los estados de la república, de escasos recursos económicos, que cursan estudios de licenciatura en instituciones públicas del Distrito Federal y el área metropolitana.
Así, el motivo del blindaje interior –colocado en el periodo vacacional y, por tanto, cuando el grueso de los exasociados aún se encontraba en sus estados de origen–, fue hacer efectivas estas expulsiones y evitar los actos violentos que acompañan a cualquier desalojo, explican los jóvenes (alrededor de 40), que se encuentran al interior de la añeja construcción.
De acuerdo con los reportes de los responsables de las comisiones administrativas de la casa –particularmente las de Finanzas y Normatividad y Justicia–, las faltas en las que supuestamente incurrieron estas personas van desde no participar en el trabajo de su comisión; acumular más de tres inasistencias a actividades como aseos y/o asambleas; adeudar más de tres meses de “cuotas simbólicas” (50 pesos cada mes); haber agotado el tiempo máximo de estancia en la casa (la duración de la licenciatura que cursan, más dos años); hasta la ejecución de actos fraudulentos y usurpación de la representación legal.
Elizabeth Castro Hernández, quien nunca fue integrante de esta asociación, también fue expulsada del inmueble. Ella y su hermano, Francisco Javier Castro Hernández –él sí, exasociado–, contravinieron el Reglamento de Visitas que prevé que éstas tienen que ser notificadas a la Comisión de Asignación de Espacios, y que su estancia en la casa de estudiantes no debe de exceder los 15 días.
Vanaquen Navarro Ramón es el actual representante legal, electo en la Asamblea General Ordinaria del 4 de marzo de 2010. Sin embargo, externamente ejerce este cargo Karina del Consuelo Mares Flores, quien está protocolizada ante el notario público 23 del Distrito Federal. Navarro Ramón asegura que estas bajas son legales, es decir, están sustentadas en la normatividad de la asociación civil.
El estudiante de lingüística explica que las personas de nuevo ingreso deben de signar una carta en la que se comprometen a respetar la razón social de la asociación; abandonar el inmueble en el tiempo que determinan los estatutos; y cumplir con obligaciones como compartir habitación, asistir a asambleas generales y a actividades que se decidan en colectividad, así como integrarse a una de las 13 comisiones de trabajo de la Casa.
“De no cumplir con lo mencionado anteriormente, será tomado como falta por cada actividad u obligación no cumplida, y seré acreedor a las sanciones correspondientes, ya sea una multa, trabajo o incluso la expulsión de la asociación y del inmueble”, se lee en el formato Carta compromiso de asociados de la Casa Nacional del Estudiante, José Ives Limantour, AC.
Además, a partir de 2010, operan al interior de la asociación civil diversas disposiciones que avalan la expulsión directa de las personas que incumplan con sus obligaciones. “De hecho, cuando se dio este acuerdo, todavía se dio un plazo de tres meses para regularizarse”, acota el también maestrante en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Los desalojados”, como se autonombran los jóvenes recientemente expulsados, están inconformes.
Juan Raúl Jiménez Hernández, Jesús Omar García León, Stefany de Fátima Ramírez Arriaga, Jared Pérez Cid y Héctor Ballinas Indili señalan que el verdadero motivo de su baja es oponerse a la actual representación a cargo del Movimiento 5 de enero (M51), cuyo su nombre alude a la acción del 5 de enero de 2009, en la que un grupo de personas, no estudiantes, liderados por la familia López Cruz, fue expulsado de la asociación por lucrar con el espacio, amedrentar a los estudiantes y coludirse con mafias de comerciantes y grupos políticos del gobierno local.
A este colectivo, integrado por algunas de las personas que permanecen al interior de la Casa Nacional del Estudiante, se le acusa de imponer su voluntad, actuar, y posiciones político-ideológicas al resto de los habitantes y de encabezar el actual desalojo.
Juan Jiménez y Omar García, estudiantes de economía y de derecho, respectivamente, reconocen que adeudaban más de tres meses de cuotas a la asociación, uno de los motivos por el que fueron dados de baja. No obstante, se quejan de la forma en que fueron expulsados: no se les notificó en asamblea y cuando volvieron de vacaciones simplemente se les impidió la entrada al recinto.
“A nosotros no se nos notificó antes de vacaciones. A mí me hablaron mis compañeros a los que ya habían sacado. Llego a la Casa el 5 de enero [pasado], y pregunto cuál era el motivo de las expulsiones. Me pasan una hoja por debajo de la puerta [la carta de baja de la asociación civil]. Hasta eso, no tuvieron el valor de presentarnos cara a cara y darnos las hojas en nuestras manos. Nos las tiran debajo de la puerta, diciéndonos, en mi caso, que no trabajé en la comisión de 2010, que fue cuando ingresé a la Casa”, expresa, molesta, Stefany Ramírez.
García León denuncia que no se aplican criterios igualitarios: “Hay muchas personas en ese grupúsculo [el que se encuentran dentro de las instalaciones] que deben hasta un año [de cuotas]. Y lo principal: no estudian”.
Jared Pérez Cid, quien de 2010 a 2011 fungió como responsable de la Comisión de Documentación (encargada, entre otras cosas, de solicitar la constancia de estudios y tira de materias a los asociados), sostiene la misma acusación. Sin embargo, por “cuestiones de seguridad”, se niega a presentar evidencias: “Están las pruebas; tenemos copias de todo esto”.
El joven asegura que, durante su gestión, personas como Karina Mares, Jorge Bonilla Dumit y Vanaquen Navarro no probaron su calidad de estudiantes.“Son ejemplos de personas que ahorita están al interior de la Casa, en la defensa del espacio para estudiantes, cuando ellos no han demostrado en ningún momento su calidad de estudiantes”.
De acuerdo con sus comprobantes de inscripción –de los que Contralínea posee copia–, sí Mares cursa el octavo semestre de ingeniería matemática en el Instituto Politécnico Nacional (IPN); Navarro está inscrito en las materias de socioliguística y morfosintaxis, de la licenciatura de lingüística que imparte la Universidad Autónoma Metropolitana; también, durante los dos últimos semestres, Bonilla inscribió siete materias de derecho en el Sistema de Universidad Abierto de la UNAM.
El conflicto que estalló los primeros días del año, como consecuencia de estas expulsiones, pero que desde principios de 2011 empezó a cobrar fuerza al interior de esta asociación civil, se ha trasladado a las redes sociales. De la discusión y, en algunos casos, la descalificación virtual, han sido partícipes también organizaciones agrupadas en la Federación Anarquista de México, con la justificación de que dos de las personas desalojadas forman parte de esta organización.
El 18 de enero pasado, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria emitieron, por separado, una acción urgente dirigida a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, y a otras autoridades locales, por este caso.
Y es que, un día antes, Pablo Téllez Munguía, asociado de la Casa Nacional del Estudiante, fue agredido físicamente justo en la puerta del inmueble ubicado en Plaza del Estudiante, número 11.
Alrededor de las 21:15 horas, tres sujetos golpearon y acuchillaron al estudiante de ingeniería mecánica del IPN, quien forma parte del grupo atrincherado al interior de la Casa. Pero no lo despojaron de sus pertenencias, lo que “descarta que se trate de un intento de robo”. Minutos más tarde, el joven sería trasladado a una clínica pública, en donde fue sometido a una cirugía, por el daño abdominal que sufrió.
En sus escritos, los defensores de derechos humanos advierten que el hecho se enmarca en el contexto de las amenazas, vía electrónica y presencial, de las que han sido objeto algunas de las personas que resguardan las instalaciones de la asociación civil, como consta en la averiguación previa FCH/CUH-4/P1/00124/1201.
También da cuenta de los cuatro incidentes de seguridad ocurridos en las inmediaciones del inmueble, entre el 2 y 15 de enero pasados. En el último de estos acontecimientos –que sucedió un par de días antes de la agresión contra Pablo Téllez–, ocho personas encapuchadas, vestidas de negro y armadas con tubos y un marro, intentaron ingresar al espacio estudiantil de manera violenta poco antes de la media noche.
Contralínea posee copia del video que da cuenta del tercero de estos incidentes. Ocurrió el 9 de enero pasado, alrededor de las 06:37 horas. Se observa a tres jóvenes, que portan sudaderas negras (una de éstas con gorra y rayas horizontales) salir de entre las lonas de los puestos ambulantes y golpear la puerta del recinto. Jared Pérez Cid, uno de los estudiantes expulsados, es el segundo en aparecer en la escena. Se muestra sonriente y viste un pantalón oscuro y unos tenis con distintivos blancos.
Sin embargo, en su comunicado del 19 de enero pasado, la Asamblea de Asociados Desalojados de la Casa Nacional del Estudiante (conformada a raíz de estas expulsiones) se deslinda del “ataque perpetrado” al estudiante politécnico. Manifiesta que lo sucedido es consecuencia de los “actos autoritarios” y de las “medidas absurdas” del M51.
En un pronunciamiento posterior, dicha asamblea se deslindó de Jared Pérez Cid, también expulsado de esta asociación y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Como consta en el listado de participantes, el estudiante de física se inscribió en la modalidad presencial del módulo básico: México desde la izquierda, de la Escuela de Cuadros del PRD, a desarrollarse de noviembre de 2011 a junio de 2012. Ser afiliado a este partido político es requisito para ser partícipe de la convocatoria emitida por el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del PRD.
“Nos deslindamos completamente de Jared Pérez Cid y de los fines que esta persona busque, por lo que hemos decidido cortar todo tipo de comunicación o relación con él. Manifestamos que nuestra postura es de no relacionarnos con partidos políticos o dependencias gubernamentales […]”.
Las primeras expulsiones, dadas a conocer en la asamblea general del 6 de diciembre de 2011, fueron las de Pérez Cid, Ricardo Ballinas Indili y Héctor Josué Sánchez Godoy. Se les acusa de “actos fraudulentos o dolosos en contra de la asociación o de sus asociados”; causa de expulsión, conforme el artículo 121 de los Estatutos. A Ballinas Indili se le imputa, también, de usurpar la representación legal de la asociación civil, cuya acta constitutiva data de 1966.
Si bien las personas responsables de expedir estas bajas definitivas han ventilado la militancia de Pérez Cid en el PRD, aclaran, a través de un comunicado con fecha del 19 de enero pasado, que “ninguna persona ha sido expulsada por su militancia en algún partido político institucional. Las personas expulsadas son merecedoras de su expulsión por el incumplimiento de acuerdos y desconocimiento de la asociación civil.”
Fraude y usurpación
En noviembre de 2011, en uno de los muros principales de la casa estudiantil, fueron pegadas dos convocatorias a una asamblea extraordinaria: una a celebrarse el 17 y otra el 24 (ambas en ese mes). La primera derivó en una averiguación previa por el delito de “falsificación de documentos”; la segunda, en una acusación pública por “usurpación de la representación legal”.A ambos llamados se anexan las fotocopias con los nombres y firmas de los asociados que los avalan. Su objetivo: “El cambio de representante legal, motivado porque éste ha excedido su tiempo de mandato para el cual le fue encomendado dicho cargo”.
La asamblea del 17 de noviembre fue suspendida debido a diversas irregularidades en la convocatoria. Ese día, frente a otros asociados que se encontraban reunidos en el auditorio de la Casa, Yadira Benítez Hernández aseguró que su nombre y firma fueron recortados de la lista en la que originalmente los escribió y pegados en la que acompañaba el documento “Asamblea extraordinaria. Jueves 17 de noviembre, a las 22:00 horas”.
Otros asociados denunciaron, también, que algunas firmas son de personas ajenas a la asociación; las de Blanca González Martínez y Yovani Méndez Tenorio están repetidas; y tres son falsas. La de Pedro Servando Pérez de León, quien meses antes había solicitado su baja temporal de la asociación, es una de las falsificadas. Cuando se le cuestionó, el estudiante indicó que envió una carta poder en la que autoriza el uso de su firma.
Como consta en el expediente FCH/CUH-4/T3/02255/11-12, el 2 de diciembre de 2011, Yadira Benítez acudió al Ministerio Público a formalizar su denuncia por “falsificación de documentos”. A decir de la estudiante de arquitectura del IPN, la hoja que signó en octubre pasado, a petición de Ulises Zambrano, entonces asociado de la Casa –él le explicó que era para realizar una asamblea general, “sin mencionar el día y hora de la celebración”–, “presenta características diferentes” a la que acompaña la convocatoria del 17 de noviembre de 2011.
Jared Pérez, Ricardo Ballinas, Héctor Sánchez y Ulises Zambrano, señalados como los responsables de la “convocatoria fraudulenta”, fueron citados a declarar. No obstante, la demanda no procedió pues los jóvenes se negaron a entregar los documentos con las firmas originales. “Por cuestiones de seguridad”, argumentaron a los asociados de la Casa; a los facultados del Ministerio Público les indicaron que las dejaron olvida en algún lugar de la Casa y que después ya no las encontraron.
—¿Ustedes son los responsables de armar estas listas con firmas dudosas y de convocar la asamblea extraordinaria del 17 de noviembre? –se le pregunta a Pérez Cid y a Ballinas Indili–.
—No sé. No me gustaría adentrar en el tema –responde el primero, con tono nervioso, evidentemente nervioso e incómodo con la pregunta.
En tanto, Ballinas explica que “la denuncia ya fue hecha. Si nosotros hubiéramos cometido el delito, la ley hubiera determinado que somos culpables. No procedió. ¿Qué valor tiene la argumentación que yo te pueda dar contra una autoridad?”.
Lo que sí se adjudican es la segunda convocatoria extraordinaria, la del 24 de noviembre. Esta asamblea sí se celebró, aunque de manera irregular, como consta en un video, del que Contralínea posee copia. Ahí se observa a Jared Pérez tomar la mesa, a pesar de las voces que le piden ceñirse a la normatividad de la asociación. Inicia la asamblea sin designar a los dos escrutadores encargados de certificar si existe el quórum necesario: “El 75 por ciento más 1 del total de asociados, ya sea que se trate de asambleas ordinarias o extraordinarias”.
Ese día, con 33 votos a favor, Ricardo Ballinas sería electo representante legal, no obstante que los estatutos de la asociación civil establecen que la elección de los integrantes de la mesa directiva (entre los que se cuenta el representante legal) es “asunto” de las “asambleas generales ordinarias”. Después de la votación, Carlos Vázquez Santillán, responsable de la Comisión de Normatividad y Justicia, declaró inválido el encuentro. El argumento: que las 59 personas presentes no representaban el quórum requerido.
En un documento posterior, dirigido “a todos los habitantes de la Casa” y que refiere irregularidades en relación con el manejo de los alimentos en esta asociación civil, Ricardo Ballinas Indili se ostenta como el “representante legal 2011-2012”. Jared Pérez lo apoya y asegura tener las listas originales de la convocatoria, el pase de lista y el acta que legitiman los acuerdos de la asamblea del 24 de noviembre. Indica, incluso, que estos documentos “ya están corriendo ante un notario”, razón por la cual se niegan a proporcionar una copia a este semanario.
Empero, Ricardo Ballinas –entrevistado en Ciudad Universitaria a unas semanas de su expulsión de la Casa– explica que lo único que busca es “sacar ya sus cosas”, pues es más importante la “integridad física”, que “tener un espacio en la casa”.
—¿Hoy te sigues reivindicando como representante legal de la Casa del Estudiante José Ives Limantour?
— ¿Y de qué me serviría? No me serviría de nada; entonces, cuando algo no te sirve no es necesario que lo hagas.
De acuerdo con la normatividad de la CNE, el representante legal durará por un año en su cargo. Así, en marzo de 2011 esta asociación civil debió de haber renovado a la persona que, a la fecha, detenta este puesto: Vanaquen Navarro Ramón. No lo ha hecho. Tampoco lo que, por reglamento, antecede a este proceso: la elección de la mesa directiva; y que 13 comisiones administrativas en turno presenten su informe anual de labores.
Desde febrero de 2011, se había publicado la convocatoria a la asamblea ordinaria que decidiría al respecto, sin embargo, debido a un “boicot”, “una grilla interna”, ésta no se celebró, comenta Navarro Ramón.
Para el estudiante de lingüística es claro que, desde entonces, Jared Pérez y Ricardo Ballinas preparaban el escenario para apoderarse de la representación legal de la asociación. Su estrategia: retrasar procesos internos y fortalecer la polarización al interior de la casa, por ejemplo, “filtrar a manera de chisme”, y no en asamblea general, la situación académica de los asociados.
Baja definitiva del Banco de Alimentos
El 22 de diciembre de 2011, a través del oficio DTS/00/2011, el Banco de Alimentos Alimento Para Todos –institución de asistencia privada que atiende a la población en pobreza alimentaria mediante alimento recuperado en estado de consumo a un bajo costo– hizo pública la “baja definitiva del programa a la institución llamada Casa del Estudiante José Ives Limantour, AC.”
El convenio entre ambas instituciones, que inició en 2006, contempla la entrega semanal de un paquete alimenticio para alrededor de 100 personas a cambio de una cuota de recuperación de 1 mil pesos. Se especifica que el alimento debe de ser consumido máximo en una semana por todos los beneficiaros y que es de uso exclusivo del comedor; también, que el espacio debe de cumplir con condiciones de higiene y limpieza.
Gerardo Arellano Soria, jefe del Departamento de Trabajo Social de este banco alimenticio, enumera, en orden jerárquico, los motivos de tal decisión: la población total no aprovechaba el alimento, se usaba para fines distintos al programado y la falta de higiene.
Desde julio de 2010 a la fecha, la Casa del Estudiante había recibido seis visitas, tres de éstas de manera sorpresiva. Los reportes de los administradores del Banco “marcaban suciedad, un montón de trastes sucios, el alimento no se almacenaba en las condiciones exigidas”. Por eso, les habían emitido ya seis recomendaciones y dos suspensiones.
Sin embargo, “cuando se prenden los focos rojos es con base en una serie de denuncias de integrantes de la misma Casa”. Y es que, de acuerdo con Arellano Soria, a finales de 2011, un grupo de jóvenes, encabezados por Jared Pérez y Ricardo Ballinas, se quejó de que, a pesar de que sus nombres aparecen en la base de datos del Banco de Alimentos, no son beneficiaros de éste; además de que parte del alimento se destina a “apoyar a otros grupos externos, movilizaciones sociales externas” o se vende al público.
En una carta, sin fecha, dirigida “a todos los habitantes de la Casa Nacional del Estudiante” y firmada por “Ricardo Ballinas Indili, representante legal 2011-2012”, se acusa a los asociados Karina Mares, Vanaquen Navarro y Leslie del Rocío Cano de complicidad en fraude.
A decir de los inconformes, Bati (Pedro Vilchis Saavedara) y Vanessa Rojas Escudero, egresados de la Casa y quienes se encargan de transportar el alimento, se quedan con el 60 por ciento de éste, y lo venden en el exterior con el argumento del “pago de transporte y haciendo una obra caritativa”. Para ello, supuestamente se infló la lista de beneficiarios, que no son más de 20 a 121 personas.
La administradora de este servicio al interior de la casa estudiantil, Cano García, aclara en un comunicado que el comedor brinda desayuno y cena a los habitantes que así lo decidan (“está abierto a todos los asociados pero no es una obligación pertenecer a éste”); quienes cubran una aportación económica para la compra de los insumos; y que, además de lavar sus trastes de uso personal, se comprometan a realizar actividades colectivas como cocinar, limpiar, administrar, y buscar alternativas de abasto y funcionamiento.
También, que “el Banco de Alimentos tiene conocimiento de las personas que viven en la Casa y del número reducido de estudiantes que forman parte del comedor. Es proporcional la cantidad de producto que se nos vende al número de personas que conforma éste”.
Vanaquen Navarro no niega la venta del alimento excedente a lo interno y externo de la asociación. Asegura, sin embargo, que no se hace con fines de lucro, sino para recuperar la inversión y que no se desperdicie pues, muchas veces, los productos están a punto de caducar.
A través de un comunicado, Pedro Vilchis y Vanessa Rojas –quienes en su momento también fueron partícipes de este comedor– hacen uso de su derecho de réplica. Así responden al escrito firmado por Ricardo Ballinas.
Explican que si existen 121 personas dadas de alta en el Banco de Alimentos, es porque se pretendía que todos tuvieran acceso al producto a través de dos vías, mismas que se han cumplido: al estar inscritos en el comedor o si lo adquieren de forma particular a “cambio de una cuota de recuperación”. Además, que “la lista de beneficiarios que se le otorgó a Ricardo no está actualizada”.
Niegan también que ellos se queden con más de la mitad del alimento. “El poco producto que nos quedamos Bati y Vane no nos sirve para vivir, pues nuestros gastos son solventados con el fruto de nuestro trabajo, el cual es consecuencia de nuestras carreras profesionales; sin embargo, sí sirve para pagar los gastos de transporte”.
Como consta en documentos históricos, esta casa estudiantil ha brindado posada a personajes como el expresidente de Cuba, Fidel Castro; uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara; el cofundador del Partido Comunista Cubano, Julio Antonio Mella, y la destacada fotógrafa italiana, Tina Modotti. Recientemente ha hospedado, de forma temporal, a organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). A ellos, así como a integrantes del magisterio mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas “se les ha invitado un taco en el comedor”.
A cambio de la solidaridad, por ejemplo, la FECSM donó a la casa estudiantil literas de segunda mano, “beneficio del que han gozado no sólo los compañeros integrantes del comedor, sino los que no lo son”.
De ahí la crítica de que los responsables del servicio de alimentos de esta asociación apoyen a “otros grupos externos, movilizaciones sociales externas”.
Arrellano Soria sabe que la decisión de suspender definitivamente el servicio fue la correcta, pues se violó la normatividad del Banco de Alimentos, con 17 años de servicio. Además, porque ambas partes fueron consultadas: “Los disidentes” y los encargados del comedor. No obstante, lamenta que se den este tipo de conflictos entre estudiantes universitarios.
A propósito de las quejas planteadas por Pérez Cid y Ballinas Indili, y de otras recibidas a través de correos electrónicos anónimos, el trabajador social comenta: “Sólo espero que se haya tratado de un acto de justicia y no de venganza”.
“Neutral”, un tercer grupo
En la asamblea general del 6 de diciembre de 2011, en la que se notificaron las bajas de Jared Pérez, Ricardo Ballinas y Héctor Sánchez, la propuesta de que se asignara un espacio de la Casa a la Biblioteca Social Reconstruir (BSR) –con un acervo de 4 mil 500 revistas y periódicos y 3 mil libros, en su mayoría de corte anarquista– volvió a crispar el ambiente estudiantil.
En un periodo de receso, cercano al final de la asamblea, Arturo Galicia Morales, asociado de la Casa y responsable de la Comisión de Relaciones Exteriores, tomó la palabra para pedir que se abordara el punto en dicha reunión, pues “aquí afuera [del auditorio] están los compañeros de la BSR”.
Un año y medio atrás, el estudiante de ingeniería eléctrica del IPN e Ivonne Avelino Sánchez habían presentado a la asociación civil el proyecto. Éste se había discutido en comisiones, reuniones generales, asambleas e incluso en mesas de trabajo, sin contar con la simpatía del grueso de los habitantes de la casa.
Arturo Galicia refiere que, en un principio, algunos integrantes del M51 estuvieron de acuerdo en albergar a la Biblioteca, “que tiene un material muy valioso de la Revolución Española, que ni en España consigues”. No obstante cuando supieron que la Casa no estaría a cargo de la misma, declinaron. En tanto, el grupo encabezado por Ballinas Indili y Pérez Cid, al que califica de “apático” y “apolítico”, nunca apoyó la idea.
Sorprende así, que en la asamblea del 6 de diciembre, Ballinas Indili fuera uno de los más interesados en que la Biblioteca se instalara en la Casa. El estudiante de química se encargó incluso de recabar firmas para tal propósito. Concluido el encuentro y haciendo caso omiso a su notificación de expulsión, además de ostentar de nueva cuenta la representación legal de la asociación, dio por aprobado el proyecto, pues la lista de firmas –que minutos antes había recibido de manos de Jared Pérez– “representaba al 50 por ciento más 1” de los asociados.
El hecho generó entre algunos asociados la impresión de que ambos grupos habían pactado. A cambio de tener más personas que les reconocieran la representación legal, Ricardo y Jared habrían aceptado la entrada del proyecto anarquista a la Casa. Arturo Galicia niega la existencia de tal acuerdo. Indica que el mismo día de la asamblea supo de la recolección de firmas y que desconoce los objetivos del grupo a cargo. No obstante reconoce que en el camino se encontró con personas que le expresaban que no les interesaba mucho el proyecto de la Biblioteca pero que, con tal de molestar al M51, lo aceptarían.
El estudiante politécnico asegura que su intención al llevar justamente a esa asamblea la discusión del proyecto e incluso a las que personas que lo coordinan –que son ajenas a esta asociación civil– no era generar más problemas. “A pesar de que yo vivía ahí, no percibía bien el conflicto. No lo vi tan grande hasta que se vio así el choque”.
Luego de que el acceso a la Casa se encuentra restringido, la instalación de la Biblioteca, a la que se le habría asignado el espacio de la Comisión de Cultura y en el que se imparten talleres y cursos de regularización, se encuentra varada. Vanaquen Navarro y Jorge Bonilla explican que el conflicto con la BSR y con quienes impulsaron el proyecto al interior de la Casa no es ideológico, sino de formas. “La manera en cómo se ingresa no es con un acuerdo colectivo de la Casa. Es una manera de ingresar inválida e ilegítima”.
Ambos jóvenes dicen que, como individuos, en algún momento apoyaron el ingreso de la Biblioteca a la casa estudiantil, por tratarse de un “proyecto cultural y de lucha, que nosotros respetamos”. No obstante, cuando vieron que no se respetaban “las formas democráticas del espacio”, cambiaron de opinión. “Después de ver la actitud y la forma en cómo se ha movido Arturo, no parecía un proyecto popular o de lucha; sino más bien uno de intereses de grupo”.
A partir del 9 de enero pasado, la entrada a la casa estudiantil se restringió de forma temporal a Arturo Galicia, Ivonne Avelino, Emilio Lázaro Bautista y Narciso Sánchez Arrillaga. No obstante, conservan su calidad y derechos de asociados. La decisión se tomó en una reunión, con base en criterios de seguridad y participación, explica Navarro Ramón. Debido a los incidentes de seguridad que se han presentado en las inmediaciones del inmueble se busca evitar cualquier fuga de información; también, que quienes se encuentran en el interior participen en las tareas de seguridad y limpieza.
“Había, en particular, seis personas que no estaban haciendo ninguna actividad. Preguntábamos si cada uno de nosotros asumía la necesidad de la defensa del espacio y que si iban a cumplir con sus actividades. Y cuatro compañeros dijeron que no”.
Al respecto, Galicia Morales comenta: “En una asamblea me dijeron ?o te alineas o te vas’”. A la pregunta de cuál es su relación actual con Jared Pérez y Ricardo Ballinas, responde: “Nos hemos acercado porque estamos en la misma situación”. No obstante, el joven indica ser parte de un tercer grupo al interior de la asociación: “El neutral”.
