Karen Sánchez, estudiante de la UNAM, fue asesinada el 11 de junio de 2012 por Mario Enríquez, a quien conocía años atrás. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la habitación 43 del hotel Clavería, en la delegación Azcapotzalco. Presentaba signos de asfixia y lesiones provocadas por un “objeto romo”. A pesar de que organizaciones de la sociedad civil aseguran que se trata de un feminicidio por las razones de género que lo revisten, para las autoridades es un “homicidio calificado”. De julio de 2011 –cuando se tipificó el delito de feminicidio en el Distrito Federal– a la fecha, la Fiscalía Central de Investigaciones para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF ha iniciado 42 averiguaciones previas por este tipo penal
Por última vez, Karen portó un pomposo vestido color rosa con miriñaque y acabados en diamantina. Su fiesta de 15 años fue la primera; la segunda, en una coreografía; y la tercera, en su funeral. Su mamá y su tía acordaron que tan preciada prenda debía acompañarla, incluso, en el lecho de muerte.
Al velorio asistieron familiares, amistades, vecinos, conocidos, compañeros de escuela y una representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que la joven de apenas 20 años de edad cursaba el cuarto semestre de la licenciatura en ciencias de la comunicación.
Producto del cariño cultivado, pero también de la indignación que causó la forma en que la mayor de cuatro hermanos fue muerta, la Agencia Funeraria Gayosso alquilada para el ritual de despedida, lucía repleta. Flores y personas invadieron incluso los camellones aledaños al lugar.
“Era una niña muy seria, decente, trabajadora, que con nadie se metía. Todo el mercado la quería. Lo que le pasó nos dolió tanto, como no tienes idea”, dice Ema García, locataria del Mercado de Tacuba, en el que la familia de Karen tiene un pequeño negocio de zapatos.
El 12 de junio de 2012, alrededor de las 14:00 horas, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en el hotel Clavería, de la delegación Azcapotzalco.
El administrador del negocio había solicitado el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El tiempo alquilado a los usuarios de la habitación 43 en el segundo piso había vencido, no obstante, nadie respondió al llamado de la recamarera, quien en repetidas ocasiones golpeó la puerta de madera.
Un cadáver semidesnudo y en posición decúbito dorsal estaba sobre una cama matrimonial cubierto con doble sábana blanca; la cabeza, debajo de una almohada del mismo color. El rostro femenino se encontraba untado de sangre; el cuerpo todo, invadido de una lividez cadavérica.
Las ropas esparcidas por la habitación, algunas flotando en el retrete, confirmaron la identidad: Karen Joanna Sánchez Gochi, quien soñaba con ser bailarina profesional, conductora de radio o televisión o defensora de la verdad. Una blusa rosa, unpants negro, un chaleco negro con gorra, un par blanco de tenis…
Como consta en la averiguación previa FAS/TI/642/12-06, Karen habría muerto 15 horas antes como “consecuencia del mecanismo de asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”.
A decir del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) –organizaciones civiles que acompañan el caso–, el asesinato de Karen es un claro feminicidio. Las autoridades ministeriales, en cambio, optaron por catalogarlo como un homicidio calificado agravado.
Para Rodolfo Domínguez, del Área Jurídica de la CMDPDH, esto obedece a que a pesar de que la capital del país es considerada como de vanguardia en la materia, ni la autoridad ministerial, encargada de investigar, ni la judicial, a cargo de las sanciones, “están sensibilizadas para comprender este tipo penal”. Además de que “políticamente la autoridad no quiere que haya feminicidios, pero la realidad es que los hay. La realidad es que las mujeres se están muriendo de formas complejas que están reflejando una razón de género”.
Transcurridos casi 9 meses del crimen que truncó la vida de una joven universitaria, Mario Gabriel Enríquez Pérez, el asesino confeso, se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; y el proceso legal, en etapa de inspección ante el Juzgado 52 en Materia Penal del Distrito Federal.
En esta fase, la defensa legal de la familia Sánchez Gochi busca, a través de la presentación y el desahogo de pruebas, visibilizar los elementos de violencia y discriminación de género, independientemente de que el caso se investigue o no como un feminicidio.
Dos de éstos se desprenden de la propia escena del crimen. Las lesiones que Karen presentaba en el cráneo y el labio, ambas producidas “por el mecanismo de contusión al contacto con agente vulnerable de consistencia dura y bordes romos [sin filo]”, hablan de un estado de indefensión y sometimiento del cuerpo de la muchacha; su ropa encontrada al interior del inodoro, de aislamiento e incomunicación o de desprecio, explica Rodolfo Domínguez.
Respecto al móvil del homicidio, la testimonial del presunto asesino permite entrever que, acorde con una visión machista, para él fue más importante proteger “su honra” que la vida misma de Karen:
“Comencé a besarla, acostados en la cama, y entré en un estado de miedo, de nervios, mucho miedo de que ella revelara algo [sobre los encuentros que ocasionalmente sostenían] porque para mí era muy importante la relación con mi pareja y con mi familia. En lo que yo la besaba, ella cerró los ojos y comencé a sujetarla de las mejillas con ambas manos y mirándola le dije que ella no tenía que revelar nada; ella me respondió con una risa y agregó que aun así lo diría. Después le dije que se dejara llevar, acto seguido la sujeté por el cuello; ella pensó que era parte de acto sexual. Yo la seguía sujetando del cuello y le coloqué una almohada en la cara apretándola para no dejarla respirar y, a la vez, con la otra mano le apretaba el cuello.”
Karen y Mario se conocieron aproximadamente 4 años atrás en una academia de baile; él, 1 año mayor que ella, era su maestro. Guadalupe Gochi, madre de Karen, refiere que desde entonces Mario pretendía a su hija, quien a pesar de mostrarse entusiasmada, tenía sus reservas: el hecho de que él no estudiara era el principal “pero”. Las ilusiones juveniles se esfumaron cuando Mario empezó a tener una relación de noviazgo con otra de sus alumnas.
El 11 de junio de 2012, alrededor de las 22:00 horas, Karen volvió apresurada de su clase de box y pidió permiso a su mamá para salir a platicar con Mario. Le dijo que sólo se tardaría un momento, pues después de 2 horas de intenso ejercicio se sentía agotada y sudorosa. Su mamá accedió, sin imaginarse que esa sería la última vez que vería con vida a su primogénita. “Se quedaron botas sin estrenar, vestidos sin estrenar…”, pronuncia Guadalupe Gochi, quien no puede disimular el gesto de profundo dolor.
Fallas en la aplicación del Protocolo
A partir del 25 de octubre de 2011 opera en el Distrito Federal el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio. No obstante, el mecanismo dependiente de la Procuraduría General de Justicia capitalina presenta fallas de aplicación.
El Protocolo establece que los titulares del Ministerio Público adscritos a las fiscalías desconcentradas que inicien una averiguación previa por la privación de la vida de una mujer, salvo que se trate de una conducta culposa, tendrán la obligación de informar de manera inmediata a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio con la finalidad de coordinar la práctica de las diligencias correspondientes.
En el caso de Karen Sánchez Gochi, víctima de feminicidio el 11 de junio de 2012, no fue así. A pesar de las lesiones que presentaba en el cráneo y en labio, así como de los restos de sangre encontrados en la sábana que cubría su cuerpo inerte, la Fiscalía Desconcentrada en Azcapotzalco, la primera que visitó la escena del crimen en una habitación de hotel Clavería, no dio aviso correspondiente.
En entrevista con Contralínea, Marco Enrique Reyes Peña, fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reconoce que “ahí hay una falla”, pero no de la Fiscalía que preside, sino de los responsables de emitir el aviso. “No nos avisaron, nos enteramos del caso cuando ya se consignó”, afirma.
El titular de la Fiscalía –de la que depende la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio– asegura, sin embargo, que a partir de agosto pasado, mes en que el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo celebró su primera reunión, la comunicación entre la agencia y las desconcentradas ha mejorado significativamente.
“Ha sido más inmediato; además, nos dejan intervenir al ciento por ciento en todas las diligencias, inclusive aunque ellos lleven el número de la averiguación: aunque ellos tengan físicamente el expediente, nos dejan intervenir”, precisa.
Consultado respecto del número de feminicidios que ha atendido la Agencia Especializada desde la incorporación de la figura jurídica en el Código Penal para el Distrito Federal el 27 de julio de 2011, Reyes Peña refiere que se trata de 42 averiguaciones previas, en las que por las razones ya expuestas no figura la de Karen Sánchez. Su caso fue, en cambio, definido como homicidio calificado con agravante.
De éstas, dice, 17 ya han sido consignadas y, por tanto, puestas a disposición de la autoridad judicial. Las otras 25 se encuentran en trámite.
El disminuido número de averiguaciones previas que por el delito de feminicidio ha atendido esta Agencia obedece a dos factores, a decir del fiscal. Por un lado, a que todos los asuntos se inician como homicidios, por lo que “necesitan transcurrir ciertas circunstancias” antes de determinar que se trata de feminicidios. Por otro, a que las fiscalías desconcentradas también cuentan con la facultad de consignar por este delito cuando se trata de un caso in fraganti.
A partir del estudio del caso de Karen, así como de otros feminicidios perpetrados en el Distrito Federal, Rodrigo Domínguez, del equipo jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se pronuncia porque la Agencia especializada se transforme en una fiscalía, puesto que “la Agencia ya es insuficiente” en materia de personal y turnos.
—¿Considera viable la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil respecto de que esta Agencia se convierta en una fiscalía?
—Yo creo que la Agencia funciona bastante bien, y esta opinión de crear una fiscalía creo que no me corresponde a mí. Creo que debe medirse en razón de los asuntos que conoce, de la gravedad de los casos e inclusive de los resultados. Entonces, si estamos hablando de 42 casos desde la reforma, pues no sé qué tan viable sería. Eso tendrían que valorarlo ya otras instancias –responde Marco Enrique Reyes.
El fiscal de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF refiere que la Agencia Especializada está integrada por al menos 19 servidores públicos: la titular, que es Lucía Reza Jiménez; cinco ministerios públicos, cada uno auxiliado por dos oficiales, y un grupo de tres policías adscritos.
—¿Qué mensaje da a las familias que hoy día están enfrentado el feminicidio u homicidio de una hija y que, en su camino a la justicia, tienen que lidiar con las instituciones mexicanas encargadas de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes?
—Estamos conscientes del dolor por el que pasan las familias. Nosotros mismos hemos atendido de manera personal a muchas de ellas. Sabemos lo que significa una vida: no más cumpleaños, no más graduaciones, no más contacto con el ser querido. Hablando específicamente de los feminicidios, sí me gustaría que sepan que tenemos un equipo de profesionales al servicio de estas investigaciones; que los casos no se cierran tan fácilmente; que agotamos todas y cada una de las diligencias, con el afán, siempre, de buscar la verdad.
Vía crucis familiar
Hartos del vía crucis que les ha representado la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Karen Sánchez Gochi, una joven de 20 años de edad, Luz Guadalupe Gochi Vera y Conrado Sánchez Huerta acceden a reunirse con Contralínea para compartir su historia. Buscan que su experiencia sirva a otras familias que atraviesan por una situación similar.
Además del expediente judicial, llevan consigo el álbum familiar, las tareas en las que su hija especulaba sobre su prominente futuro y las zapatillas que la acompañaron en las tempranas lecciones de ballet.
“Yo pensé que una vez sepultando a mi hija esto terminaría, mas no sabía que iba a llevar un largo proceso y que yo tenía que estar ahí para que se le haga justicia porque, de lo contrario, nos hemos dado cuenta de tantas negligencias por parte de la Procuraduría [General de Justicia del Distrito Federal]. Una de éstas es que a mi hija no le hicieron el [examen] toxicológico por falta de tubos. Tampoco hicieron el levantamiento de sábanas y reconstrucción de hechos al momento”, señala Guadalupe Gochi.
Apuntar el nombre de toda autoridad con que se reúnen y utilizar las redes sociales como mecanismo de difusión del caso, son dos de las lecciones aprendidas.
Gracias a ello, la familia conoce, por ejemplo, los nombres de los servidores públicos que en cuanto supieron la edad de Karen, se negaron a levantar la denuncia por desaparición. Se trata de Javier Enrique Iturriaga García y de Alfonso Díaz Pauli, oficial secretario y supervisor en turno, respectivamente, de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros. Asimismo, de Jaime Malvaez Zapien, oficial secretario de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Miguel Hidalgo.
Y es que cuando los padres de Karen aún desconocían que su hija había sido asesinada por Mario Gabriel Enríquez Pérez (a quien conoció aproximadamente 4 años atrás en una academia de baile, él, 1 año mayor que ella, era su maestro) acudieron a estas instancias. Ahí se toparon con la misma respuesta: “¡No se preocupen, seguramente su hija se fue con su novio o hizo un berrinche: ya volverá!”. Karen jamás volvió. A esas horas su cuerpo sin vida yacía en la habitación 43 del hotel Clavería.
Rodrigo Domínguez, abogado, cita otras de las irregularidades que han acompañado este caso: las primeras actuaciones se hicieron muy mal, pues hay una descripción muy somera de los hechos, la atención ministerial brindada a la familia es “pésima” y las autoridades actuaron de manera muy lenta.
Si no hubiera actuado la familia como actuó y si no hubiera intervenido el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de manera oportuna, este caso hubiera pasado desapercibido, “porque difícilmente se hubiera encontrado y atrapado al responsable”, sentencia el integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
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Fuente: Contralínea 324 / marzo 2013
