Uno de los temas que estuvo en el centro del debate en la pasada contienda electoral rumbo a la Presidencia de la República fue el de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y que ahora en el proceso de transición será valorado por el equipo de quien apunta a ser el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú.
Desde que la actual administración hizo la presentación oficial del proyecto, en 2014, se ubicaron en el centro del interés general el costo que la obra tendría, cómo sería financiada y cuánto tiempo se llevaría su realización.
De arranque se habló de un costo promedio de 169 mil millones de pesos a razón de una paridad de 13 pesos por dólar y que se ha ido incrementando hasta quedar en 240 mil millones de pesos; es decir, que en sólo 4 años el proyecto se elevó en 71 mil millones de pesos de su costo estimado.
Hace unos meses, en el punto álgido de los enfrentamientos partidistas, el hoy virtual presidente electo planteó la probabilidad de cancelar el proyecto por considerar exagerado el gasto para su realización. Y ahora, a unas semanas de su declaratoria como vencedor en los comicios pasados, ha anunciado a los empresarios una amplia mesa de análisis para valorar los pros y contras, así como de otras opciones de financiamiento, en caso de que se decida seguir adelante.
Una opción que permanece como alterna es la construcción de dos pistas en la base área de Santa Lucía, en el Estado de México, que brindarían –al igual que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México– servicio a vuelos nacionales como internacionales.
En los pronósticos de la actual administración la obra debía estar terminada en 2020; es decir, que implicaba necesariamente un periodo transexenal para su culminación, pero en recientes declaraciones a los medios, Jiménez Spriú contradijo los tiempos establecidos en la agenda oficial al señalar que la obra va atrasada y de continuarse, estaría concluida hasta 2023; esto es, 1 año antes de que termine el sexenio que arrancará en diciembre próximo.
Fue el tema del financiamiento el que sacó al terreno de la polémica y las discusiones los fondos para asegurar su terminación más allá de los resultados electorales donde aparecieron recursos de las Afores (administradoras de fondos para el retiro), es decir, ahorros de los trabajadores que ni por enterados estaban de dónde se está invirtiendo su dinero.
En lo que está por venir, el análisis en el manejo de recursos por parte de Grupo Aeroportuario Ciudad de México (GACM) –organismo encargado de licitar las obras y otorgar cientos de contratos, comprometido a garantizar una transparencia absoluta– dará mucho de qué hablar si se considera que ya la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó, en su revisión a la Cuenta Pública 2016, que este Grupo no ha hecho una distinción en cuánto a los montos de las aportaciones de recursos públicos y privados, así como en las ampliaciones presupuestales aprobadas por la Secretaría de Hacienda.
El órgano de fiscalización destaca en su informes que los recursos ejercidos por el GACM reportados en la Cuenta Pública no se presentan de una forma segregada, de tal manera que puedan identificarse los montos y su fuente de financiamiento, ya sea privada o fiscal.
Más allá de las consideraciones y valoraciones técnicas, parece que será el manejo y origen de los fondos lo que hará que los participantes en la mesa de análisis deban echar mano de la calculadora y la revisión con lupa de las licitaciones y contratos.
Diversos medios y analistas han comentado que la transparencia no es el fuerte en el proyecto sexenal, pues por ejemplo, en 2016, en el ramo 09 de Comunicaciones y Transportes, se aprobaron 5 mil 500 millones de pesos para inversión física en el NAICM, y ya en el reporte de la Cuenta Pública, se indicó que el gasto ejecutado fue de casi 37 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 548 por ciento.
Las autoridades se aprestaron a enfatizar que en el presupuesto modificado y ejercido habían sido considerados 31 mil 600 millones de pesos de una partida adicional (46101, “Aportaciones a fideicomisos públicos con tipo de gasto 9”), no hubo certeza cuánto de este monto fueron recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y cuánto de recursos privados.
Es aquí donde aparece el asunto medular planteado durante su campaña por el virtual presidente electo: ¿son reales los costos del proyecto o fueron inflados de manera intencional para generar excesivas ganancias?
De acuerdo con el GACM, en su corte de caja del 31 de octubre de 2018, se habían sufragado a contratistas 25 mil millones de pesos y estaban comprometidos pagos por 119 mil millones de pesos extras; 144 mil millones de pesos que son ya más de la mitad del total de su costo estimado en 240 mil millones de pesos, pero cuyo avance de obra no va más allá de un 30 por ciento.
Esto en lo concerniente al manejo de los recursos, amén del análisis en temas como suelos hidráulicos, impacto ambiental –que no debe pasar por alto la aguda escases de agua en municipios aledaños a la obra, como Ecatepec– y factibilidad de aeronavegación, entre otros muchos temas a desahogar.
Ante el cúmulo de asuntos a desahogar parece muy poco el tiempo programado para emitir en agosto próximo un dictamen sobre la decisión que tomará el respecto el presidente electo. Existe el compromiso de informar a la sociedad sobre lo que se analice y acuerde porque si bien todos coinciden en la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, esto no debe ser pretexto para pasar por alto presuntos desvíos de recursos públicos, en un proyecto financiado de manera preponderante con los impuestos y ahorros de todos los mexicanos.
Martín Esparza Flores*
[OPINIÓN CONTRALÍNEA][D][SEMANA]
*Secretario general del sindicato Mexicano de Electricistas
