Se antoja imposible que el actual director de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guillermo Nevárez Elizondo, cubra el perfil de honestidad requerido a los funcionarios de la Cuarta Transformación.
Durante su paso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, en el pasado sexenio, le quedó a deber a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el cumplimiento de 52 observaciones, haciéndose acreedor a nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por irregularidades en el manejo de fondos de las obras del Tren Interurbano México-Toluca.
El órgano fiscalizador le detectó un manejo irregular de fondos durante su gestión de los años 2015, 2016 y 2017, por un total de 2 mil 658 millones de pesos, que sumados a los 1 mil 26 millones 600 mil pesos del periodo 2014 de su antecesor Pablo Suárez Coello, hacen un total de 3 mil 604 millones 600 mil pesos.
Nevárez Elizondo renunció en marzo de 2015 de la Subdirección de Distribución de la CFE para incorporarse al equipo del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, a fin de operarle al Grupo Atlacomulco el negocio del Tren Interurbano México-Toluca y encubrir la participación del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la fallida licitación del Tren México-Querétaro, como lo demostró en su momento la periodista Carmen Aristegui.
Como se asentó en la entrega anterior, el ahora director de Distribución de la CFE destinó cantidades millonarias para indemnizar a comuneros de municipios del Estado de México que fueron afectados por las obras, pero en su afán por no parar los trabajos echó mano de una serie de triquiñuelas, así como de personajes que en algunos casos ni siquiera eran de las comunidades afectadas, pero se prestaron a aparecer como supuestos dirigentes.
Tras la debacle del PRI en las elecciones de 2018, la corrupción del Grupo Atlacomulco terminó por salir a flote entablándose demandas agrarias donde los verdaderos comuneros y sus familias exigen justicia, pero es sin duda alguna la investigación de la ASF la que pone en entredicho la capacidad y honorabilidad del exdirector de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT en el gobierno de Enrique Peña Nieto y la lenidad del Órgano Interno de Control (OIC) de esa dependencia que no actúo en su momento, pese a que le fueron turnadas seis observaciones sobre el irregular manejo de los recursos públicos en las obras del Tren Interurbano.
Las pesquisas de la Auditoría Superior de la Federación determinaron, por ejemplo, que en 2015 se realizaron pagos indebidos por 137 millones 307 mil 500 pesos, entre otras situaciones anómalas, por servicios realizados en obras que se encontraban “suspendidas” o que aún “no se habían iniciado”.
Alguna de las observaciones turnadas al OIC de la Secretaría de Comunicaciones en 2015 fueron: “Por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron la correcta utilización de los recursos presupuestales reportados en la Cuenta Pública, ya que fueron utilizados en proyectos diferentes a los del “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y en la Ciudad de México”, y la “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, trabajos que se ejecutaron con cargo en el contrato de servicios integrales diversos de la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal número DGTFM-17-14.
Un año después, las anomalías se dispararon en el proyecto a un total de 1 mil 775 millones 319 mil 60 pesos. En las observaciones de la ASF turnadas al OIC de la SCT se establecieron, entre otras causas: Por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron el procedimiento de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que garantizara las mejores condiciones para el Estado, debido a que los trabajos se adjudicaron de manera directa, y corresponden a actividades distintas a las que originalmente se contrataron.
En la Cuenta Pública 2016, el órgano fiscalizador estableció también: Cabe señalar que los montos observados no se turnaron al OIC, ya que forman parte de los 18 pliegos de observaciones que aún se encuentran en la ASF para que la Dirección de Transporte Ferroviario aporte mayor información; en caso de que no se logren justificar dichos montos, podrá turnarse al OIC como daño patrimonial.
En 2017, los pagos indebidos detectados por la ASF sumaron 745 millones 476 mil 503 pesos, teniendo entre otros conceptos y montos: 108 millones 476 mil 900 pesos, por la incorrecta integración de tres precios fuera de catálogo y diferencia de volúmenes para los trabajos de excavación, formación de capa de capilaridad y recubrimiento primario y acabado del acero estructural. Otros 193 millones 827 mil 300 pesos, por autorización de pagos que no se relacionan con el programa de construcción del proyecto.
Entre las observaciones turnadas al OIC, destacaron, entre otras: Por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron una correcta planeación y coordinación de las obras y de los servicios, debido a que se ejecutaron y pagaron trabajos de relleno, excavaciones, banquetas, guarniciones, vialidades, instalaciones y registros; sin embargo, con el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGTFM-58-14, que tiene por objeto realizar el “Suministro y colocación de material rodante”, los trabajos antes descritos fueron demolidos, debido a que en esas áreas se estaban ejecutando trabajos de cimentación para los edificios de “Cabida de pintura” y “Torno rodero”.
Además, la ASF determinó que la gestión para la liberación de los derechos de vía para la construcción de las obras no estaba concluida a pesar de haberse realizado pagos por 661 millones 925 mil 791 pesos, faltando incluso la negociación con 9 propietarios para concluir dicha liberación de vía.
Aún falta por determinarse la Cuenta Pública 2018, pero de acuerdo con el derrotero de corrupción de los años anteriores no es aventurado inferir que los quebrantos al erario continuaron en el último año de la pasada administración, donde el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, y hoy director de distribución de la CFE, Guillermo Nevárez Elizondo, tiene mucho que explicar a la ASF y al perfil de honestidad que deben cubrir los funcionarios de la Cuarta Transformación, cuyo postulado es de cero tolerancia a la corrupción.
La pregunta aderezada de natural suspicacia, es: ¿Cómo es que teniendo tantas cuentas que saldar y aclarar, Nevárez retornó por la puerta grande a la CFE?
Martín Esparza
