Quienes hace nueve años dieron por sentado que el subrepticio decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro –emitido por el gobierno autoritario de Felipe Calderón, el 11 de octubre del 2009– sería el fin del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), jamás alcanzaron a visualizar en su miopía ideológica de lo que serían capaces 16 mil 599 hombres y mujeres por recuperar su fuente de trabajo y hacer respetar sus derechos laborales; son esos valerosos smeitas que el pasado 3 de agosto festejaron como un triunfo más a su causa, el otorgamiento del permiso emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que la Suministradora Básica del Centro (Subace) inicie operaciones a la brevedad, con el fin de vender electricidad a usuarios de consumo básico a un precio menor al de la CFE en seis estados del país.
En el documento presentado a la CRE el pasado 6 de junio, se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos establecidos para demostrar que quienes harán posible el funcionamiento de Subace –todos ellos miembros del SME que participaron en la lucha de resistencia–, cuentan con una probada experiencia para echar a andar un plan de negocios, inversiones y capacidad de operación, que incluye además un programa de orientación a los usuarios para el ahorro de energía, ofreciéndoles además nuevas e innovadoras opciones como la instalación de paneles fotovoltaicos.
El siguiente paso es la tramitación del registro ante el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), donde habrán de revisarse las tarifas y otros detalles que garantizarán un óptimo servicio a los usuarios; de acuerdo con lo autorizado por la CRE, podrán ser atendidos por Subace en la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán; esto es, la zona centro del país que antes del golpe perpetrado a LyFC por el fascista Felipe Calderón, significaba el área de trabajo de los electricistas del SME y que fue entregada a las manos irresponsables de los contratistas de la Comisión Federal de Electricidad, desquiciando la prestación del servicio.
Lo hasta ahora alcanzado representa un duro revés para aquellos que buscan denostar sin bases ni argumentos lo que hasta hoy se ha logrado y que representan las bases sólidas de un mejor futuro laboral y económico para las familias de los electricistas, quienes tras el aciago 11 de octubre del 2009, se rehusaron a aceptar las migajas ofrecidas por el gobierno panista.
Los logros de la lucha de resistencia son más que tangibles: primero fueron los acuerdos alcanzados para la entrega en concesión de plantas generadoras que permitió la asociación estratégica como Mota-Engil, y el nacimiento de la Generadora Fénix, después, la conformación de nuestra cooperativa LF del Centro, aprovechando los inmuebles e instalaciones entregados al SME y que formaron parte de los acuerdos con el gobierno federal; y ahora, la concreción de Subace, que en sus fundamentos lleva implícito el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a un precio justo, a esos millones de usuarios que debieron soportar en todos estos años altas tarifas y cobros arbitrarios por parte de la CFE.
No debe perderse de vista que la aparición de organizaciones sociales como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), tuvo su origen en la multiplicación geométrica de los abusos cometidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en sus “recibos locos”, y las innumerables fallas en el servicio que ocasionaron millonarias pérdidas a pequeños industriales, comerciantes y prestadores de servicios, colocando a hogares de escasos recursos en la encrucijada de pagar su luz o comprar alimentos.
Es muy cómodo exigir derechos no ganados y pretender arrumbar en el desván de la desmemoria las innumerables batallas libradas en los frentes jurídico, político y en las movilizaciones sociales por los guerreros y guerreras del SME, que en todos estos años de resistencia no cedieron en su empeño por alcanzar la victoria, cuando al amparo del poder del Estado se cometieron las peores atrocidades contra el Estado de derecho, como la inverosímil sentencia emitida por los ministros de la Suprema Corte, del 30 de enero del 2013, que echaron abajo lo ya juzgado por los magistrados de un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, reconociendo la subsistencia de la materia de trabajo y la responsabilidad del gobierno para asumirse como el patrón sustituto.
Los integrantes de la Corte negaron sus derechos laborales y humanos a los miembros del SME, pero ni así consiguieron doblegar su férrea voluntad que ahora se cristaliza en empresas y una cooperativa que es de y para los trabajadores electricistas. Y en ese sentido este proyecto va hacia adelante en busca de finanzas sanas, sin los costosos aparatos burocráticos que elevaban la nómina de lo que fuera Luz y Fuerza del Centro, donde desde subdirectores hasta superintendentes, pasando por el director general, cobraban altísimos sueldos.
Al ser Subace una empresa con una modesta estructura, manejada por trabajadores electricistas con una amplia y reconocida experiencia, los costos de operación serán más bajos y esto le permitirá convertirse en una opción real para millones de usuarios que podrán acceder al servicio eléctrico a un precio más económico –hasta un 10 por ciento menor a las tarifas que hoy ofrece CFE–, obteniendo un servicio de alta calidad.
De acuerdo a lo establecido en su plan de negocios, Subace tiene proyectado atender en su primer año de operación a unos 600 mil usuarios, duplicando la cifra a un millón 200 mil en su segundo año de funcionamiento, hasta alcanzar los 4millones en su quinto año de labores, pero la cifra puede ser mayor si se considera el hartazgo social acumulado en todos estos años en contra de una empresa que nunca demostró tener la “Clase Mundial” que le endilgaron los panistas.
La puesta en marcha de Subace es un gran logró para el SME, pero también para la sociedad civil que a través de la ANUE se ha mantenido firme en su propósito por alcanzar en el terreno legislativo cambios a la Constitución para garantizar el derecho a la electricidad como un derecho humano, así como el establecimiento de una tarifa social justa por la que la naciente suministradora pondrá todo lo que esté a su alcance para hacerla realidad, en beneficio de las familias de menores recursos.
Martín Esparza
