Hace 6 meses, tras la brutal provocación y represión del 1 de diciembre –día del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– , se aprobó el 2 de diciembre el Pacto por México, que calificamos desde un inicio como Pacto Antiméxico. La razón de ese calificativo es que el Pacto cupular, firmado por tres partidos: PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se saltó al Congreso de la Unión y jamás se puso a discusión pública.
Es una clara imposición de las grandes corporaciones extranjeras y nacionales que vulnera la soberanía nacional y popular y los derechos colectivos e individuales de los mexicanos.
El principal objetivo del Pacto es la privatización del sector energético: dicen que buscan “abrirlo a la competencia”, principalmente la refinación, petroquímica, transporte de hidrocarburos. Pretenden que la renta petrolera beneficie a las corporaciones privadas y para compensar buscan la reforma fiscal. El objetivo es subir el impuesto al valor agregado (IVA) y meterlo a alimentos y medicinas.
Están preparando el terreno. Mientras tanto, han comenzado los golpes con las reformas educativa, financiera y la de telecomunicaciones.
La reforma educativa tiene como objetivo el negar los derechos laborales y la permanencia en su empleo a millones de maestros y de cargar los costos de la educación a los padres de familia, con lo que han llamado “autonomía de gestión”, que niega la educación gratuita y, por lo tanto, el Artículo 3 de la Constitución. El objetivo es la privatización de la educación y la destrucción de la educación pública.
La reforma de telecomunicaciones está de espaldas a las necesidades de las comunidades de pobladores, culturales, universitarias, profesionistas, asociaciones para acceder a los medios de difusión masiva; sólo busca que grandes corporaciones extranjeras accedan a los tiempos y espacios telecomunicativos, permitiendo el ciento por ciento de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y hasta 49 por ciento en radiodifusión, y que dos o tres grandes corporaciones nacionales (Televisa, Tv Azteca, Telcel y Iusacell) tengan oportunidad de acceder a televisión o telefonía e internet.
La reforma financiera pretende ampliar la cartera de clientes y deudores para las corporaciones bancarias extranjeras (cerca del 90 por ciento de los activos bancarios son extranjeros) y legalizar el negocio de la usura para facilitar el cobro a deudores morosos a costa de su patrimonio y el despojo de sus bienes, con métodos agresivos.
Las becas a estudiantes y madres solteras, y los estímulos a los productores, las pensiones a los ancianos, que suman miles de millones de pesos, serán depositados en la banca privada y engordarán su cartera. Todo esto aumentará sus altas utilidades (por cierto, ni siquiera realizan el reparto de utilidades entre sus trabajadores, dado que la mayoría son subcontratados).
La Cruzada Nacional contra el Hambre, además de su clientelismo para beneficiar al PRI y de que deja fuera a los 800 municipios más pobres, apoya la expansión en México de corporaciones extranjeras como Pepsi Cola y Nestlé. Las becas, ayudas a madres solteras y pensiones van a engordar a la banca privada. Por otro lado el número de municipios a atender en la primera fase se redujo de 400 a 80, con lo que impacta sólo a 365 mil personas en extrema pobreza y no a los 7.4 millones que eran la meta inicial en esta etapa, todo para tener algo que presumir el 1 de septiembre, día del informe presidencial.
Junto con estas reformas se han promovido otras medidas antinacionales como la venta de playas y terrenos cerca de las fronteras, que son verdaderamente nocivas para los mexicanos y una verdadera traición, pues se entrega al extranjero nuestro territorio, tan sólo pensemos lo que puede suceder con la península de Baja California, que de por sí ya ha sido invadida por propietarios estadunidenses que de manera ilegal se han ido apoderando de nuestras tierras. Ahora quieren legalizar la entrega y venta de México. Esta reforma al Artículo 27 constitucional que hicieron los diputados es inadmisible, y esa es la dinámica que ha implementado el Pacto Antiméxico, que es sumamente nocivo y antipopular, firmado por los cómplices de ésta dictadura neocolonial disfrazada de “democracia”. Por eso hemos de organizarnos y oponernos a su implantación. Ahora lo más importante es detener las reformas energética y fiscal.
Recientemente Enrique Peña Nieto declaró en Inglaterra que buscará en los próximos meses poner fin “a un tabú de casi 8 décadas al abrir el sector de hidrocarburos a la inversión privada y la competencia”. El gobierno espera que la decisión atraiga inversiones de miles de millones de dólares. La idea de los prianistas es que compañías privadas compartan con el Estado las ganancias a costa de nuestras reservas de energía en depósitos de crudo en aguas profundas (y en tierra también) al permitirles producir crudo y gas esquisto a través de acuerdos de ganancias compartidas para que se beneficien de nuestra renta petrolera, así como entregar la petroquímica a las corporaciones extranjeras. ¡No permitamos que se nos despoje a los mexicanos de nuestra riqueza! ¡El petróleo es de todos!
Hemos de movilizarnos para frenar los planes contra la nación. Al respecto hay que tener claro que desde el 1 de diciembre se trata de criminalizar las movilizaciones y, en particular, a los jóvenes. Esto volvió a hacerse patente el 10 de junio en la Ciudad de México, cuando se dio una provocación y se detuvo a inocentes. Necesitamos una amplia movilización a nivel nacional que saque a las calles primero a miles y luego a millones de mexicanos para combatir la reforma energética de Peña, el Pacto Antiméxico y todos los planes del PRIAN. El descontento y la indignación crecen y el potencial para efectuar grandes manifestaciones también. Entonces, lo que ha aplicado el gobierno es un esquema de infiltración y provocación que consiste en introducir a un grupo de seudoanarquistas enmascarados que realizan actos vandálicos, queman, atacan a la policía y generan disturbios. El blanco principal del gobierno de Peña son los jóvenes. Estos actos de los vándalos son publicitados por televisión y otros medios para justificar la acción policiaca y ganar respaldo social como base para posteriormente atacar y detener a decenas de manifestantes inocentes que se manifiestan pacíficamente. Con estas acciones que difunden ampliamente los medios crean un efecto social de repudio a las manifestaciones, miedo y parálisis a quienes evalúan su asistencia a una manifestación o la de sus familiares y generan la desmoralización general, además de criminalizar la protesta social y a los jóvenes. Por eso es imprescindible informar ampliamente la realidad y romper el cerco informativo.
Ante la perspectiva de actos de provocación en una movilización, una de las salidas es no asistir o alejarse, pero precisamente esto es lo que quiere el régimen. La otra salida es movilizarse ampliamente de forma organizada y planificar las acciones para neutralizar a los provocadores, aislarlos y evitar sus desmanes. Y sobre todo desarrollar ampliamente el movimiento democrático y patriótico en México.
Callarse e ignorar la realidad es contraproducente. Tenemos derechos y hay que defenderlos abiertamente. La movilización organizada y pacífica puede y debe garantizar que nuestro derecho a la libre expresión se respete por las autoridades, quienes dividen para vencer. Estas provocaciones buscan marginar de la mayoría de la población a quienes protestan y en particular a los jóvenes. La única salida para el movimiento democrático es la unión y la organización que implemente las medidas necesarias que eviten desvirtuar las manifestaciones masivas.
La libertad de expresión y movilización es un derecho irrenunciable; los derechos no se mendigan, se ejercen. Es precisa la más amplia unidad popular para frenar los golpes del malgobierno. Estamos en emergencia nacional y hay una gran resistencia, pero el movimiento de resistencia de diversos sectores está atomizado y debe unirse por encima de diferencias. Electricistas, mineros, maestros, campesinos contra los transgénicos, indígenas, familiares de víctimas y desaparecidos, jóvenes, comunidad lésbico-gay-transexual, estudiantes, deudores. Las demandas de un movimiento son las demandas de todos. Para lograr avances es preciso que el movimiento se proteja a sí mismo de la represión gubernamental y sus provocaciones orquestadas. Hoy es imprescindible orquestar la movilización. Es la única salida. Entonces no podemos permitir que se impidan las manifestaciones. El movimiento contra la privatización del petróleo y el aumento del IVA debe nutrirse de un amplio movimiento social por los derechos de todos y apoyar este movimiento, dentro del que se encuentra el movimiento en defensa de la Ciudad de México y de los derechos democráticos en el Distrito Federal, en primer lugar el derecho de manifestación y de libre expresión (que son derechos constitucionales).
¡No a la criminalización de la protesta social! ¡Protestar es un derecho! ¡Reprimir es un delito! ¡No a las reformas estructurales! ¡Amplia unidad ante las reformas que atentan contra el pueblo de México!¡No al Pacto Antiméxico!
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki
Fuente: Contralínea 341 / junio 2013
