Me siento como un pendejo. No entiendo si es ilegal defenderse o es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a uno
Hipólito Mora al conocer su formal prisión
Cuando la sociedad decidió armarse y formar grupos de autodefensa, nos llenamos de esperanza porque les vimos un gran potencial. Estaban respondiendo al crimen organizado (que es una derivación del poder establecido), para evitar los graves daños que genera este abominable fenómeno. La descomposición causada por el modelo económico neoliberal engendró prácticas que ponen a las personas en condición de sometimiento, porque los criminales les imponen el pago de tributos (en dinero o en especie), la limitación de la libertad de movimiento y hasta la entrega de sus esposas o hijas.
Las policías comunitarias constituyen una forma de enfrentar a los delincuentes y de asegurar a los ciudadanos el desempeño de sus actividades ordinarias. El comerciante puede vender y obtener su ganancia lícita, sin el temor de que se la quiten los facinerosos. El maestro puede ejercer su noble misión sin el miedo de que le arrebaten su salario.
Las autodefensas se vinculan con la aplicación comunitaria del poder. Se debe obedecer a la colectividad y no pensar en mandar; se tiene que ayudar en lugar de explotar al prójimo; es necesario buscar en los ancestros las mejores fórmulas de convivencia.
Las policías comunitarias son un derivado de la autonomía. Resultan de la voluntad colectiva que busca métodos de autogobierno. De ninguna forma ponen en riesgo la integridad de la nación, pues se conciben como parte autónoma de ella. Entienden ésta como un acuerdo entre diversas nacionalidades, de modo tal que el Estado viene a ser siempre plurinacional. Y la nacionalidad dominante no debe exterminar a las otras, que le son alternativas. Tiene que convivir con ellas en la paz y en la armonía basadas en el respeto mutuo.
De esa forma, prestarse seguridad es un derecho humano irrenunciable.
El sistema capitalista (representado hoy por el Partido Revolucionario Institucional, PRI) todo lo corrompe.
Es en Guerrero y en Michoacán donde las autodefensas han alcanzado un considerable desarrollo. Ambas entidades se caracterizan por un elevado nivel de lucha. Por ello no es extraño que en ellas haya surgido la organización comunitaria para dotarse de sendos sistemas de seguridad pública. Y aunque las experiencias son distintas, en el fondo revelan el mismo afán autonómico.
En tierras purépechas, sin embargo hay grandes problemas porque algunos grupos confiaron en el gobierno federal encabezado por el PRI. Enrique Peña Nieto designó un jefe político (al estilo de Porfirio Díaz), al que denominó comisionado: Alfredo Castillo, quien se dio a conocer por el caso de la niña Paulette Gebara Farah. Siendo procurador de Justicia en el Estado de México, dejó en la impunidad ese hecho al aceptar la versión de que habría muerto por asfixia en el colchón de su cuna.
Hoy la mayoría de los líderes de las autodefensas michoacanas están en prisión: Hipólito Mora, Luis Antonio Torres y el doctor Manuel Mireles. En algún momento, todos ellos hicieron acuerdos con el comisionado federal y hoy están bajo proceso. De sobra se sabe que el diablo paga mal a quien le sirve.
En Guerrero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) está dividida. El grupo de Eliseo Villar también hizo pactos con el gobierno estatal y el asunto ha llegado a la privación de la vida de algunas personas. Es deseable que termine ese conflicto sobre la base del respetar las decisiones de la Asamblea.
El punto de mayor riesgo de estas corporaciones de origen social (las comunitarias) está en la necesidad de hacer tratos con los gobiernos. Aquí radica la posibilidad de que la corrupción que corroe al sistema contamine a las comunitarias. Por eso es muy importante que la Asamblea mantenga la vigilancia permanente.
La necesaria amnistía
La Cámara de Senadores desechó una propuesta de Ley de Amnistía aplicable a los comunitarios de Michoacán. Contiene todas las prevenciones que evitarían su aplicación a verdaderos criminales: a) sólo se aplicaría a quienes fueron detenidos siendo autodefensas o policías comunitarios en Michoacán; b) que además estén acusados de haber cometido algún ilícito que no sea grave en Michoacán entre el 24 de febrero y el 1 de septiembre de 2013; c) que hayan sido encarcelados entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre; d) que su motivación haya sido la indefensión o el abandono del Estado (La Jornada, 4 de enero de 2015).
Más allá de estos requisitos es necesario que la ley incluya a los detenidos en Guerrero para que cumpla el objetivo de liberar a quienes están injustamente presos por haber defendido sus derechos.
En buena lógica jurídica, los autodefensas o policías comunitarios ejercen el derecho a la legítima defensa. Ésta se aplica cuando existe un riesgo debido a una agresión actual, inminente e injusta. Todos estos requisitos se reúnen cuando se trata de la delincuencia organizada, que, actuando en complicidad con agentes policiacos ordinarios, agrede a las poblaciones causándoles daños e imponiéndoles condiciones de vida de alta peligrosidad.
Por ello urge una ley de amnistía (o varias si son estatales) que propicie la inmediata liberación de todos los comunitarios y autodefensas encarcelados por el injusto sistema que oprime a México.
José Enrique González Ruiz*
*Doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México
Contralínea 420 / del 18 al 24 de Enero 2015
