Edith Meneses*

La sociedad envía mensajes contradictorios: por un lado, consiente el cine comercial y la televisión que exaltan la adrenalina y el furor que causan el alcohol y las drogas (principalmente las sintéticas, asociadas a una vida de acción y emociones fuertes); y por otro lado reprueba las consecuencias públicas y privadas de su uso y abuso. La sociedad achaca al adicto ser la causa del drama de sus familias y del crimen, pues con el consumo de drogas se asocia la pérdida de valores fundamentales para el respeto de las leyes. Estas ideas que están presentes en el imaginario social se vuelven patentes en las legislaciones gubernamentales donde el trato hacia los adictos está tamizado en dos vertientes tratadas a conveniencia: una de salud y otra de estigmatización social.

En México el tema de las adicciones a sustancias sicoactivas (incluyendo el alcohol) es un problema de salud pública y de salud social grave, fuertemente imbricado que afecta a amplios sectores de la población.

Las políticas de salud en materia de adiciones son principalmente preventivas (la Secretaría de Salud ni siquiera cuenta con centros de atención integrales contra las adicciones propiedad del Estado, sino que basa su esfuerzo en una serie de medidas preventivas tales como campañas, asesorías, cursos de capacitación y una serie de acciones dirigidas hacia grupos civiles que trabajan a favor de personas con adicciones) y actúan bajo un esquema que delega la atención y la rehabilitación de personas con este problema a ciertas instituciones de la sociedad civil. El tema es importante en la medida en que el Estado no se ha tomado la molestia de dotar de infraestructura a las diversas dependencias encargadas de la salud pública y de responsabilidad social; es síntoma de la discriminación estructural contra grupos que están al margen del acceso efectivo a derechos tan básicos como la salud.

Ante estos vacíos, la iniciativa privada ha remplazado al Estado para palear el flagelo mediante centros de rehabilitación supuestamente “regulados” por la Norma Oficial Mexicana 028 SSA2-2009, cuyo supuesto principal objetivo es “la reinserción social mediante la promoción de un mejor estilo de vida”. Estos centros pueden ser profesionales (las principales instituciones profesionales en México debidamente acreditadas por la Secretaría de Salud y accesibles para las clases bajas son asociaciones civiles privadas que fungen como un órgano descentralizado de la dependencia y cobran una cuota por día de acuerdo con un examen socioeconómico que se le aplica a la familia y al paciente), con personal médico, sicológico y/o siquiátrico capacitado; no profesionales, con grupos de ayuda mutua; o mixtos. Y todos pueden ofrecer tratamientos deambulatorios y/o de hospitalización (residenciales). Según la norma oficial, el ingreso y permanencia en estos centros de rehabilitación debe ser voluntario y en plena garantía del respeto a los derechos humanos, aunque también prevé el ingreso involuntario u obligado bajo prescripción médica y a solicitud de la autoridad competente y aviso obligado al Ministerio Público; a excepción de los centros de ayuda mutua, donde el ingreso y permanencia debe ser estrictamente voluntario (punto 5.3 y siguientes).

Sin embargo, en los últimos años ha aumentado alarmantemente el número de centros clandestinos. Éstos, más conocidos como granjas o anexos, no cuentan con los estándares mínimos de operatividad y existen marginalmente, pese al conocimiento documentado de las autoridades, como sitios de confinamiento a petición personal o familiar. Las familias firman un supuesto acuerdo de conformidad para ingresar al adicto, pero es ilegal. Las familias, desesperadas y hartas de los problemas, recurren a centros de reclusión que ofrecen la “rehabilitación” del familiar, pero cuyo método es velada o abiertamente denigrante.

“Violencia, maltrato e injusticia es la orden del día. Nadie sabe cuántos han muerto en un anexo, pero la familia te mete allí porque cree que es lo mejor para ti o porque ya no te soporta; te dice que tienes que aprender por las buenas o por las malas”, dice un individuo que narra su experiencia.

Las personas que son ingresadas a estos centros algunas veces lo hacen voluntariamente pero, en la mayoría de los casos, lo hacen contra su voluntad, bajo coacción familiar. Una vez en las granjas, los internos son sometidos a una nueva disciplina a través de insultos, golpes y malos tratos; en condiciones de hacinamiento, falta de higiene, latencia de enfermedades contagiosas, promiscuidad y, a veces, hasta explotación laboral. Los anexos son llanamente centros de reclusión, donde se trata de encausar el comportamiento con métodos duros y el castigo físico es la norma. Dicen que son sucursales del infierno.

Los adictos son sustraídos de sus vidas cotidianas, son encerrados contra su voluntad y de su comportamiento depende la benevolencia del “método de rehabilitación”. En ocasiones se les niega el alimento o son golpeados, empapados con agua fría en la madrugada, humillados y sometidos a un régimen moral que les enseña que son malas personas. Muchas veces permanecen incomunicados y no se les permiten visitas. Este método, lejos de atenderlos como enfermos, los juzga como personas culpables de causar sufrimiento y ser una carga para la sociedad; les enseña que la sociedad los desprecia por lo que son y que la única manera de sobrevivir es el sometimiento.

El sometimiento continuo rompe con el amor propio y la confianza en sí mismo, hasta con la propia identidad y autonomía como sujeto. Esta dinámica ha llevado a muchos al intento de fuga y a algunos incluso al suicidio. Por ello también quien logra “rehabilitarse” depende tanto del grupo o de la religión, de cuya fe saca el valor del arrepentimiento, con lo que refuerza el estigma social de que se es mala persona. Así, el anexo no es otra cosa que un basurero social donde se nulifica al individuo. Es revelador el siguiente testimonio:

“…Es lo peor que te puede pasar. No me siento más rehabilitado […], sólo me siento humillado. Ya no puedo lograr mis objetivos, tengo miedo de todo porque te dicen que si abandonas la mecánica tienes cuatro destinos: recaer, la cárcel, el manicomio o ¡la tumba! Estoy harto de vivir así, mi vida no me gusta para nada; me es difícil no sentirme mal por lo que soy, por lo que tuve que vivir; me cambió completamente la vida al tener que depender del puto grupo ¡y no quiero!”.

El anexo, descuidado e impune, se construye bajo una falsa promesa de rehabilitación que oculta lo que realmente es: el lugar donde se esconde lo que la sociedad considera la basura social; lejos de la mirada de su doble moral. Esa moral que so pretexto de rehabilitar-sanar, en realidad castiga y deja una marca destructiva e indeleble en la persona que ahí se “atiende”.

*Responsable de Enlace y Comunicación de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Fuente: Contralínea 351 / 9 al 15 septiembre de 2013