Recientemente terminé de leer un libro de suma importancia para el fortalecimiento de los proyectos de izquierda en América Latina y el mundo: El concepto de Estado en Marx: lo común por monopolios, publicado este año por la editorial Akal, escrito por el exvicepresidente de Bolivia y académico Álvaro García Linera. En esta obra se discute uno de los conceptos más relevantes de las ciencias sociales: el concepto de Estado. Su centralidad nos ayuda a determinar cuáles son los siguientes pasos una vez que un movimiento de izquierda conquista electoralmente la maquinaria estatal.

La imagen que nos describe el autor es la de oleadas revolucionarias que van ampliando tanto el campo de lo posible, es decir, el imaginario racional de lo que consideramos viable, pero también se van alcanzando nuevos límites materiales. El problema por resolver es que los países que logran alcanzar el control del gobierno –primer límite– puedan detonar una reconformación de lo común, de tal manera que el trabajo social colectivo se traslade en bienestar material para la población misma. En caso contrario, la efervescencia y esperanza de las alternativas se hunde en el retorno de los gobiernos de derecha, o como hemos visto recientemente, posturas de ultraderecha.

Es necesario no sólo establecer un nuevo imaginario, de gran importancia, desde luego, sino también concentrarse en la resolución de los problemas esenciales de la vida de una colectividad. Y reitero que no se trata de principios o derechos en abstracto, sino de elementos materiales efectivos que satisfagan las necesidades de desarrollo de la vida en común. De aquí que se tenga que desarrollar un plan, no sólo de asalto al Estado sino de transformación racional del Estado.

Se trata de la capacidad productiva y logística que permita alcanzar una productividad social distinta, no de mano de obra barata y de intereses ajenos, sino del respeto y promoción de la mejora del ingreso social general mediante la recuperación de la propia economía nacional, es decir, mediante la recuperación del mercado interno.

El problema que subyace es que esto ocurre en un contexto internacional en el que la inversión extranjera directa (IED) y los organismos internacionales tienen mecanismos para imponerse sobre la soberanía de los países. Las empresas trasnacionales pueden demandar ante tribunales internacionales a los países para que se garanticen sus ganancias. Por tanto, los países deben agregar a sus estrategias mecanismos para sortear dichos poderes. De aquí que la reciente reforma al Poder Judicial en México ha sido también un reforzamiento de la soberanía económica.

Estas fuerzas del mercado mundial suelen ser obviadas por las alas más radicales de la izquierda, que piensan que de lo que se trata es de abandonar al Estado inmediatamente o, quizá lo peor, desacreditar cualquier mecanismo de lucha que trabaje en el terreno constitucional. Esto sería algo así como un médico que en aras de curar al paciente pugne por el abandono del cuerpo para resolver la enfermedad.

El problema de origen es que el Estado lo hemos experimentado como una fuerza opresora; de hecho, en la teoría marxista estándar, el Estado es solamente una maquinaria de opresión de una clase sobre otra. Este es el punto que impugna García Linera en su obra: como buen “marxista clásico”, sabe muy bien que el hecho de experimentar de una forma específica un fenómeno no significa que otros contenidos y formas no sean posibles. Se confunde lo particular con lo universal.

Así, aunque el Estado lo hayamos conocido bajo su forma capitalista, esto no quiere decir que su concepto se agote en estas relaciones de dominio. Antes bien esconde algo más: la materialidad de la comunidad misma, en palabras de García Linera (2025):

“Al igual que la fábrica para el trabajador asalariado, el Estado para toda la población es el espacio de condensación de luchas cruzadas para imponer, defender, ampliar, recortar, inaugurar o cancelar necesidades, servicios y bienes materiales. Con la diferencia de que en la fábrica rigen ‘leyes del mercado de trabajo’ y lo que está en disputa es la apropiación del trabajo social, en tanto que en el Estado rigen las reglas de lo común, de lo ‘general’, y lo que está en disputa son los bienes materiales comunes de la sociedad. En el Estado, la lucha se desenvuelve en torno a la enunciación legítima de lo universal, de lo general para la apropiación o usufructo de los bienes comunes de la sociedad” (p.147).

Es decir, el Estado es un territorio de pugna política y económica de lo común, por supuesto que esta lucha no se reduce a diferentes visiones abstractas de lo que debería ser la sociedad, sino de enfrentamientos concretos que vienen de la condición de clase entre el trabajo y el capital. Por ello es por lo que la democracia liberal y el “wokismo” o “la izquierda progre buena ondita” (como en nuestro país se le ha enunciado) tienen serios límites, dejan de observar el problema de fondo y se limitan a presentarse como jueces de conciencia, por encima de la sociedad, desde donde definen si un gobierno es “lo suficientemente de izquierda o no” de acuerdo con estos principios abstractos, ocultando la base del problema.

Pero una vez que superamos estas visiones estrechas y desmovilizadoras con respecto al Estado, es que ahora podemos enfocarnos en buscar alcanzar el siguiente nivel; aquí es donde aparece uno de los principios de acción del Estado con mayor potencia: la planificación económica. Se trata de toda la estrategia general y multidimensional para reordenar al Estado en su funcionalidad económica bajo otros principios de distribución, pero también bajo un concepto nuevo de riqueza.

En el caso mexicano, los principios estratégicos son “por el bien de todos primero los pobres”, y ahora se le agrega el de “prosperidad compartida”, cuyo significado implica reordenar las interrelaciones entre los tres sectores que componen nuestra economía: el sector público, el sector privado y el sector social, para efectos de construir una forma común pero, insisto, no bajo principios abstractos sino bajo materialidad concreta, es decir, a través de la construcción de una infraestructura general que garantice la capacidad de producción de riqueza colectiva. A esto me refiero por industrialización social.

La redefinición del Estado propuesta por Álvaro García Linera nos invita a superar las visiones tradicionales que lo reducen a una maquinaria de opresión. En el contexto latinoamericano, donde los movimientos de izquierda enfrentan el desafío de transformar las estructuras de poder frente a las presiones del capital global, el Estado emerge como un campo de lucha crucial para construir lo común.

Este enfoque no sólo implica conquistar el gobierno, sino redirigir su energía hacia una planificación económica que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses transnacionales. El desafío para la izquierda es claro: transformar el Estado en una herramienta de emancipación requiere audacia, estrategia y un compromiso con lo materialmente posible. Sólo así, las oleadas revolucionarias podrán consolidar un futuro donde el trabajo colectivo potencializado, no el capital en abstracto, sea la base reconocida de una verdadera prosperidad compartida.

Oscar David Rojas Silva*

*Economista (UdeG) con estudios de maestría y doctorado (UNAM) sobre la crítica de la economía política. Director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio del Azufre y Academia del Azufre. Académico de la FES Acatlán

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