En el último dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente al ejercicio 2017 pero con fecha 6 de junio de 2018, hay un apartado de 26 páginas sobre la auditoría a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denominado “Programa Presupuestario E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado”, que arroja datos importantes sobre el presupuesto público asignado a la máxima casa de estudios en relación directa con la calidad de la educación y los programas de estudios que actualmente se aplican.

Entre lo más relevante, señala que la UNAM informó contar con una matrícula de 212 mil 828 alumnos, de la cual el 83.6 por ciento (177 mil 882) fue reportada como inscrita en programas educativos de calidad en sus distintas instituciones académicas; mientras que el 16.4 por ciento (34 mil 946 alumnos) no cursó sus estudios en programas con esta calidad, a pesar de que ese año se destinó un presupuesto por 16 mil 791.7 millones de pesos para dicho fin.

El informe documenta que en 2017 la UNAM registró 212 programas educativos que se imparten en instituciones académicas, de los cuales clasificó como evaluables o acreditables 192; sin embargo, sólo logró evaluar o acreditar 129 programas, lo que representó apenas el 60.8 por ciento.

La Auditoría sostiene que hay inconsistencias en la respuesta de la Universidad, pues mientras que en la Cuenta Pública reportó 158 planes educativos, en la información remitida por esa casa de estudios da un total de 192.

Ante ello, la ASF le recomienda a la UNAM que fortalezca sus sistemas de información para reportar las mismas cifras de programas educativos evaluables y acreditables en sus registros y en la Cuenta Pública, a fin de lograr el intercambio eficiente de información en sus reportes de acuerdo con los establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 e informe a la Auditoría sobre las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.

Por su parte, el gobierno federal, en los programas Sectorial de Educación 2013-2018 y Presupuestario E010 Servicios de Educación Superior, reconoce que “las instituciones públicas de educación superior presentaban rezagos para prestar los servicios con los niveles de calidad que demandaba el país, debido a la falta de actualización de los planes y programas, el bajo nivel académico de sus docentes, la carencia de producción de los contenidos digitales y multimedia, y el rezago en la acreditación de los programas educativos por organismos reconocidos por la SEP [Secretaría de Educación Pública], por lo que la población matriculada en educación superior no accede a servicios educativos de calidad”.

Para atender ese problema, en 2017 se le autorizó a la UNAM un presupuesto de 16 mil 791.7 millones de pesos para los programas de estudios de calidad. El objetivo fue “prestar servicios educativos mediante planes y programas de estudio actualizados, docentes con grado de especialidad, maestría o doctorado, producción de contenidos digitales y multimedia, así como evaluar o acreditar programas educativos, a fin de atender a la matrícula de alumnos con programas reconocidos por su calidad”.

Del presupuesto asignado, la UNAM ejerció el año anterior 16 mil 378.3 millones de pesos en la operación del programa E010, esto es 2.5 por ciento menos de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El reporte de la Auditoría explica que de los 212 planes de estudio susceptibles de modificación, se constató que la institución identificó 105 (49.5 por ciento) como pendientes de actualización; 95 (44.8 por ciento) estuvieron vigentes en 2017, por lo que no era necesario actualizarlos; cuatro (1.9 por ciento) no se han modificado ni fueron diagnosticados para esos efectos; ocho (3.8 por ciento) fueron programados para su modificación conforme a la meta establecida, con lo que la Universidad demostró que contó con un diagnóstico de sus planes de estudio e identificó el estatus del ciento por ciento de ellos.

Se agrega que para 2017, la UNAM no contó con metas para la producción de contenidos digitales y multimedia, pero en 2018 instrumentó una meta como parámetro de medición de los contenidos que pretende desarrollar, lo que se corroboró con la evidencia documental de la planeación anual 2018 de la Universidad y con la revisión del Presupuesto de Egresos, por lo que se solventó lo observado.

En el análisis que hizo la ASF sobre la información proporcionada por la UNAM y lo reportado en la Cuenta Pública 2017, hay inconsistencias con la matrícula asociada a los programas educativos, ya que 14 de esos planes de cuatro instituciones académicas difieren del listado de programas educativos de calidad y en ellos se encontraron inscritos 15 mil 732 alumnos, que representan el 8.8 por ciento de los 177 mil 882 estudiantes reportados por la UNAM, por lo que debió informar de un cumplimiento de la meta del 76.2 por ciento (162 mil 150 de los 212 mil 828 alumnos matriculados) y no de 83.6 por ciento como lo hizo.

Por ello, la ASF determinó como deficiencias en los sistemas que se utilizan en la UNAM para el intercambio de información entre las diferentes dependencias. Concluye el reporte que ocho de cada 10 alumnos cursaron sus estudios conforme a lo previsto en el objetivo del programa.

En el Programa Presupuestario E010 participaron 11 instituciones públicas de educación superior, entre ellas la UNAM, en donde reconocen que “la población matriculada en educación superior y posgrado no accede a servicios educativos de calidad”, el cual se corresponde con lo descrito en el Plan Nacional de Desarrollo y el PSE 2013-2018, sobre que el sistema educativo no puede asegurar que los alumnos cursen estudios en programas educativos de calidad.

También se identificó las causas asociadas a los planes y programas desactualizados a que los docentes no tienen un nivel académico pertinente para garantizar la calidad, a la falta de acreditación de los programas educativos de licenciatura y la insuficiencia de contenidos digitales y multimedia, así como sus efectos.

Puntos suspensivos… Es momento de cambiar la mentalidad de los servidores públicos, sin importar el área para la cual trabajen, a fin de que entiendan que si aceptan ingresar al servicio público van a recibir un salario bien pagado pero modesto que les permita vivir de manera austera y moderada, sin excesos ni prebendas, sin corruptelas ni abusos. Esto no sólo incluye a los trabajadores que integran el Poder Ejecutivo, sino también a los legisladores y, sobre todo, a los miembros del Poder Judicial, empezando por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes les parece un abuso de Andrés Manuel López Obrador y su equipo pretender reducirles el salario por debajo de lo que gane el presidente de la República, cuando así lo demanda la propia Constitución. Entonces la población está muy atenta a los excesos de esos servidores públicos que han salido a declarar que harán hasta lo imposible por evitar que les bajen el sueldo porque, dicen, es un “logro” ya ganado, mientras que 80 millones de mexicanos viven en la pobreza. Esperamos que el próximo presidente se mantenga firme en sus promesas de campaña y obligue a todos aquellos burócratas que reciben sueldos escandalosos (un ministro gana 600 mil pesos mensuales) a que acepten las reducciones salarios o de lo contrario que renuncien: seguramente habrá otros profesionistas bien preparados dispuestos a trabajar para el país y después pensar en su bienestar personal, sostenido en abusos y excesos.

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