La Habana, Cuba. Por casi 6 décadas el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba, se ha considerado como el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña.

Sectores como salud, educación, deporte y cultura, entre otros, sufren anualmente el impacto de la medida unilateral condenada por 189 países en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca asfixiar al pueblo de Cuba, así como el derrocamiento del gobierno de la mayor de las Antillas.

Durante todos estos años, de acuerdo con datos oficiales, los daños acumulados por el bloqueo, teniendo en cuenta el valor del oro en el mercado internacional, alcanzan la cifra de 933 mil millones 678 mil dólares.

El 29 de abril el embajador de La Habana en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, al intervenir en la 20 sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo, calificó al bloqueo de política genocida y dijo que esta medida es una flagrante violación de los derechos humanos de los cubanos.

Según informe difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de la isla, la referida medida representa un freno para la implementación tanto del plan nacional de desarrollo económico y social del país, como de la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible.

Asimismo, la política de Washington obstaculiza el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con Estados Unidos,  y por su carácter extraterritorial, con el resto del mundo, afirma el Minrex.

Estas acciones,  en esencia,  mantienen los mismos propósitos recogidos en el memorando del entonces subsecretario de Estado estadunidense Lester D Mallory, del 6 de abril de 1960, cuando expresó: “El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas…”.

Recrudecimiento

El recrudecimiento del bloqueo a Cuba ha sido evidente en los últimos meses, intensificándose la persecución permanente a las transacciones financieras cubanas y a las operaciones bancarias y crediticias con la isla a nivel mundial, con un impacto negativo  en la economía nacional.

El más reciente episodio de la Casa Blanca contra Cuba ocurrió a mediados de abril, cuando el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, anunció que su gobierno implementará por completo, a partir de este 2 de mayo, reclamaciones de propiedades en Cuba o establecerá sanciones según el Título III de la Ley Helms-Burton.

Dicho apartado abre la posibilidad a los ciudadanos estadunidenses de establecer demandas ante los tribunales de ese país contra personas o compañías que “trafiquen” con una propiedad nacionalizada por el gobierno cubano después de 1959.

Al respecto, el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, afirmó que los artículos de la Helms-Burton (implantada en 1996) van contra la legalidad internacional.

“La Helms-Burton  expresa  frustración de gobiernos estadunidenses por 60 años de fracasos de sus políticas contra Cuba”, señaló Díaz-Canel en la red social Twitter.

Tras el anuncio de Pompeo,  el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en un discurso en Miami con miembros de la brigada mercenaria que desembarcó por Playa Girón en 1961, habló de nuevas medidas de la administración de Donald Trump contra la nación antillana, las cuales arrecian el bloqueo.

Entre las iniciativas avisadas por Bolton, se encuentran las restricciones adicionales a los viajes por razones no familiares y límites al envío de remesas, permitiendo solo el envío máximo de 1 mil dólares cada 3 meses.

Asimismo, mencionó la adición de cinco entidades cubanas a la lista de empresas sancionadas por Washington de manera unilateral y cuya cifra asciende actualmente a 211.

También dio a conocer que el Departamento del Tesoro eliminará la autorización emitida por Obama para que compañías y bancos cubanos llevaran a cabo transacciones en terceros países que indirectamente se realizaban a través del sistema bancario estadunidense.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó de política monroísta (en referencia a la Doctrina Monroe) las nuevas medidas estadunidenses, y subrayó que el discurso de Bolton en la Florida confiesa el interés de recolonización, dominación y hegemonía sobre América Latina.

A decir de Rodríguez las medidas constituyen una nueva agresión al pueblo cubano y al estadunidense, a la emigración cubana y a Estados soberanos.

Ante tales circunstancias, Cuba ha reiterado su disposición al diálogo sobre la base del respeto con la administración de Washington, pero, según el canciller de la isla, “si el Gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación no vacilaremos y defenderemos las conquistas de la Revolución al precio que sea necesario”.

Rechazo internacional

Tras conocerse la nueva escalada de agresividad de Washington contra La Habana que tiene entre sus objetivos el anhelo de cambio del sistema político y social en Cuba, el rechazo a escala global no se hizo esperar.

Varios gobiernos en el mundo expresaron su desacuerdo con los pronunciamientos realizados por el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional del país norteño.

De igual modo, cubanos emigrados y residentes en Estados Unidos, asociados a la coalición Alianza Martiana y a la Fundación para la Normalización de las Relaciones Estados Unidos-Cuba, deploraron las nuevas medidas contra la isla.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, agradeció en su cuenta de Twitter tales pronunciamientos y dijo que al igual que en el pasado, “la política que ahora se endurece está condenada al fracaso y a acrecentar el aislamiento de Estados Unidos”.

También, funcionarios de alto nivel de la Unión Europea (manifestaron su decepción por la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a sus nacionales, al tiempo que expresaron la disposición de no ceder.

La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, junto a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a través de una carta enviada a Mike Pompeo, difundida por The Wall Street Journal,  dijeron que la Unión Europea se verá obligada a usar todos los medios que tiene a su disposición, si su acuerdo con Estados Unidos sobre el Título III se interrumpe.

Yosbel Bullaín/Prensa Latina

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