A partir de la segunda mitad del siglo XX, los conflictos intraestatales remplazaron paulatinamente a los conflictos armados entre naciones. La emancipación del yugo colonial en Egipto, Argelia, Vietnam, Camboya, Ruanda y Somalia son sólo algunos ejemplos. La Organización de las Naciones Unidas fungió como mediador de paz, aunque pronto evidenció que ésta no se impone, sino que se construye.

 

El conflicto armado por principios de autodeterminación, libertad y justicia, ahora se matiza con la amenaza virulenta del crimen organizado. Sin embargo, todos estos conflictos tienen algo en común: víctimas. Tanto en el pasado como hoy, los desaparecidos son nota roja y se desvanecen en las tinieblas de los medios noticiosos. La diferencia es que hoy existen otras formas de difundir información.

 

Las redes sociales son el arma más poderosa de una sociedad que se duele y se asfixia, pero sobre todo de una sociedad que está dispuesta a arriesgar su propia seguridad por la libertad de expresión. El siglo XXI contiene los ingredientes mágicos para las revoluciones sociales: herramientas sencillas de interconexión social aunadas a generaciones altamente capacitadas y frustradas ante la falta de oportunidades con tecnologías accesibles.

 

Dentro de este panorama de caos, incertidumbre e información, en julio de 2012, YouTube, la plataforma electrónica para subir y compartir videograbaciones, lanzó una herramienta para difuminar los rostros de sus actores en los mismos videos. El objetivo era proteger a quienes son náufragos en el mar de la información.

 

Soluciones móviles a conflictos estáticos

 

La herramienta es sencilla y permite desdibujar los rostros reconocibles de quienes aparecen en un video. Se diseñó para proteger a activistas o incluso para permitir a los padres de familia subir videos de sus hijos sin revelar su identidad. La mayoría de videos de activismo social provienen de usuarios con teléfono móvil. Es una forma práctica, eficiente y rápida de compartir información, particularmente en países en donde las autoridades son más un enemigo que un aliado.

 

De acuerdo con el Banco Mundial, en 2012, 75 por ciento de la población mundial tenía acceso a un teléfono celular. De las 6 mil millones de suscripciones móviles mundiales, 77 por ciento provienen de países en desarrollo. En México, 61 por ciento de la población nacional toma fotografías o videos con teléfono móvil, una cifra comparable sólo con el 58 por ciento de la población en Egipto, cuna de la Revolución Árabe.

 

En países en donde las víctimas sufren doble victimización por parte de criminales y de uniformados que abusan de su autoridad, esta herramienta puede ser la espada de la justicia. La Ley General de Víctimas pretende proteger los derechos humanos de quienes han sufrido algún delito grave, como el secuestro, que devenga en incapacidades físicas, mentales o incluso la pérdida de la vida. Dicha ley, respaldada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece los derechos reconocidos a las víctimas y las medidas para ejercer estos derechos.

 

Las trabas son muchas. No existe un presupuesto para indemnizar a las víctimas, lo cual implica que si en principio el Estado tiene que cubrir los gastos, en la práctica el costo recaería en los contribuyentes fiscales. Además, en un país donde el nivel de impunidad alcanza un aterrorizante 99 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se cuestiona la ejecución de esta ley.

 

No obstante, la Ley General de Víctimas ha resucitado el debate en torno a la protección de los afectados. Al mismo tiempo, las redes sociales fortalecen la responsabilidad ciudadana de exponer los abusos de autoridad. Quienes difunden estos videos son actores de cambio que exponen su identidad y creencias antes desconocidas. Las redes sociales nos convierten en testigos irrefutables.

 

La información es adictiva y los seres humanos somos una presa fácil con hambre insaciable por el conocimiento. La herramienta para difuminar rostros que YouTube ofrece es una forma de obtener información y proteger a los ciudadanos-periodistas que ponen una lupa sobre crímenes antes ocultos. También indica que el sector privado toma acciones para empoderar a la ciudadanía. Irónicamente, no tardará en salir un video en YouTube en el que se le niegue a un agredido la atención que prevé la Ley General de Víctimas. Si es así, esperemos que el rostro de la víctima esté borrado por un velo gris.

 

*Maestra en estudios de paz internacional por el Trinity College, de Dublín, Irlanda; politóloga e internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, de México

 

 

Fuente: Contralínea 321 / febrero 321