Martín Esparza Flores*/ segunda parte

 

Bajo el esquema de alentar de manera indiscriminada las importaciones agropecuarias y otorgar recursos presupuestales sólo a quienes “son productivos”, el gobierno de Felipe Calderón terminó por llevar al campo a la peor de las ruinas y al país a la antesala de la más absoluta dependencia alimentaria. No conforme con ello, sentenció a los 30 millones de habitantes de las zonas rurales a una ineludible miseria, pues 27.4 millones no perciben los ingresos suficientes para adquirir los alimentos más elementales de la canasta básica como leche o huevo.

 

Irónicamente el exmandatario Felipe Calderón tuvo el cinismo de declarar en abril pasado en Washington, ante los miembros de la Cámara Americana de Comercio, que por primera vez en la historia de México la migración de connacionales a Estados Unidos era cero, como producto de “las oportunidades de empleo, la cobertura de salud y de educación en el país”, cuando son factores como el desmesurado control y brutalidad de la Patrulla Fronteriza y la extorsión aplicada a los aspirantes de braceros por parte de grupos delincuenciales, como Los Zetas, las causales que han desalentado el fenómeno.

 

De acuerdo con las cifras extraoficiales, mientras de 2000 a 2005 emigraron al país vecino 3 millones de mexicanos, de 2005 a 2010 únicamente lo hicieron 1.4 millones, de los cuales, el 70 por ciento tienen su origen en las zonas rurales marginadas del país: son los campesinos olvidados de los programas de asistencia y producción de dependencias estatales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Ésta, como admitió en una de sus últimas comparecencias ante el Congreso de la Unión su extitular, Francisco Javier Mayorga, exclusivamente otorgó recursos presupuestales a quienes “son más productivos”.

 

Bajo tal esquema, miles y miles de campesinos y pequeños productores agrícolas quedaron al margen de los beneficios oficiales, no así los poderosos consorcios que, como Grupo Maseca, Bachoco, Cargill, Gradesa, Grupo Gamesa y otros cinco más, obtuvieron tan sólo en 2011 del dadivoso gobierno de Calderón y de su secretario de la Sagarpa recursos superiores a los 1 mil millones de pesos, dejando fuera de las asignaciones al 80 por ciento de los pequeños productores nacionales.

 

Tal sistema, que ha terminado por acaparar en unas cuantas manos la producción, comercialización y toda la infraestructura básica del sector agropecuario, provocó que del universo de 30 millones de mexicanos que viven en el medio rural, sólo 8.5 millones tengan trabajo en actividades agrícolas y ganaderas, 10 millones estén cesantes y carezcan de ingreso alguno y 8.8 millones apenas perciban un salario mínimo.

 

Por si esto no fuera suficiente para minar al agro nacional, la criminal e irresponsable política que en conjunto realizaron la Sagarpa y la Secretaría de Economía, con Bruno Ferrari a la cabeza, devastaron áreas enteras de producción al permitir el ingreso de productos agrícolas contaminados, como sucedió con la llegada al país de una variedad de papa estadunidense que traía insertadas 58 tipos de plagas y que acabó por afectar en nuestro territorio, además del cultivo de la propia papa, a otros como la berenjena y el frijol.

 

En el Congreso de la Unión están registradas infinidad de atrocidades cometidas por los exfuncionarios del sector. En la pasada LXI Legislatura, por ejemplo, se hicieron a tiempo las reconvenciones a la Sagarpa para que atendiera la alerta sobre la propagación de la bacteria conocida como dragón amarillo que estaba reproduciéndose con rapidez en los limoneros del país. Inexplicablemente el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se cruzó de brazos y dejó que las afectaciones causaran estragos en miles de árboles productores de limón en 13 estados de la República. La devastación no se hizo esperar: impactó no únicamente a la producción sino a los precios del mercado y causó el despido de por lo menos 93 mil jornaleros agrícolas que subsistían de la actividad.

 

Actualmente en la Cámara de Senadores se encuentra pendiente una investigación sobre este sector, y cuyos resultados podrían sacar a la luz pública la delincuencial actitud de algunos monopolios nacionales que han recurrido a lo que podría considerarse una guerra bacteriológica con el fin de hacer quebrar a sus competidores, y en cuyas responsabilidades estarían nuevamente relacionados los exsecretarios de la Sagarpa, Francisco Mayorga, y de Economía, Bruno Ferrari.

 

De acuerdo con las indagatorias todo hace suponer que el brote de la gripe aviar que mató a más de 22 millones de gallinas por la propagación del virus H7N3, no fue natural sino inducido e instrumentado por órdenes de dos poderosos consorcios avícolas: El Calvario y Bachoco, que buscaron sacar del mercado a los productores de huevo de Jalisco, principalmente a la firma San Juan.

 

Tal vandalismo empresarial, operado bajo la complicidad de los funcionarios del sector, no sólo dejó sin trabajo a más de 100 mil empleados que laboraban en las granjas avícolas de Jalisco, sino que incidió de manera negativa en el precio del producto básico hasta elevarlo de 12 a 40 pesos; esto ocasionó un duro golpe a la economía de millones de familias de escasos recursos. Peor todavía, los exfuncionarios de la administración calderonista no tuvieron empacho en asegurar que “difícilmente el huevo volvería a su anterior precio”, y en autorizar importaciones masivas del producto con dudosos estándares de calidad.

 

Las pesquisas que se realizan en el seno de la Cámara de Senadores no se han adentrado a otro tema que amenaza con acabar con cultivos tradicionales como el maíz, pues también en el pasado gobierno se permitió el uso de un sinfín de variedades de semillas transgénicas prohibidas en otros países por sus desastrosos efectos no sólo a la actividad agrícola sino a la salud de las personas.

 

En sus últimos días de gestión, Felipe Calderón todavía envió al Congreso de la Unión un proyecto de ley para cambiar el régimen de propiedad ejidal al transformarlo en propiedad privada y anular el derecho hereditario de los hijos de los campesinos, como si no le hubiera bastado con dejar al agro nacional en una indudable quiebra. Las cifras sobre la caída en la producción agropecuaria en México son alarmantes al grado de que si no se realiza un cambió de rumbo en lo inmediato, para 2020 nos convertiremos en el primer importador de alimentos en el mundo, con lo desplazaremos de dicho sitio a Japón.

 

Estudios realizados por el equipo de transición del hoy presidente Enrique Peña Nieto establecen que importamos, gracias al abandono en que los gobiernos panistas dejaron al campo, el 40 por ciento del maíz que consumimos, la mitad del trigo que empleamos en nuestra alimentación, y el 70 por ciento del arroz.

 

Todavía hace unas décadas, en gobiernos como el de Adolfo López Mateos, el 50 por ciento del ingreso de nuestras divisas era producto de nuestras exportaciones agrícolas, pero ahora estamos a las puertas de la total dependencia alimentaria. Y es que, como también han denunciado otras organizaciones, entre ellas la Confederación Nacional Campesina, el precio de los fertilizantes se disparó en un 400 por ciento en la pasada administración. Ello, sumado a los nulos apoyos a los productores agrícolas, desplomó la actividad y dejó en el peor de los escenarios de miseria y desempleo a millones de mexicanos en el sector rural. Otra de las atrocidades del ominoso Felipe Calderón.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 316