Millones de usuarios en todo el país aún se preguntan por cuál vereda de la retórica oficial terminó extraviada la promesa sembrada desde el sexenio de Felipe Calderón de bajar las tarifas eléctricas; los neoliberales del Partido Acción Nacional (PAN) utilizaron tal estratagema para justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, dejando sin empleo a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Acción Nacional abandonó el poder y las tarifas terminaron por los cielos acompañadas de un pésimo servicio y miles de cobros ilegítimos que todavía hoy representan un problema social mayúsculo en todo el territorio nacional.
Con la reforma energética, se pregonó a los cuatro puntos cardinales, habría una rebaja sustancial a los recibos de luz de los mexicanos y no únicamente la economía de los hogares sino la industria, el comercio y los prestadores de servicios palparían beneficios directos en sus costos de operación con la disminución en el cobro de la electricidad.
Pero la realidad echa abajo los buenos deseos porque desde hace años los cobros por el servicio eléctrico han ido al alza exhibiendo las promesas incumplidas; tan sólo en este diciembre, y para cerrar el año con malas noticias, el sector industrial, comercial y los usuarios domésticos de alto consumo (DAC) recibieron de la CFE la notificación de que sus recibos sufrirán incrementos del orden del 1.8 y 3.6 por ciento, para sumar el cuarto aumento en lo que va del año. Tan mal han salido las cosas que las tarifas a estas ramas de la economía, sobre todo a la industria, han crecido de manera acumulada en un 52.5 por ciento comparadas con diciembre de 2015, generando una verdadera preocupación en sus organismos cúpula.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), coinciden en señalar que las progresivas alzas están dañando seriamente la competitividad de la industria nacional sin descontar el impacto directo que tienen en los costos de producción de infinidad de productos y servicios.
Ante la avalancha de críticas la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha tratado de salirse por la tangente echándole la culpa de las alzas a un imaginario incremento en los precios de los combustibles como el diésel o el combustóleo, cuando a nivel internacional su costo, como el resto de los hidrocarburos, ha ido a la baja. También se le cuelgan culpas al actual entorno de crisis mundial y al alza del dólar. Lo cierto es que la ex paraestatal no ha podido siquiera explicar los criterios y formas utilizadas para fijar las tarifas eléctricas, sobre todo de uso industrial y comercial en zonas del país como la Ciudad de México, según quedó demostrado en la insuficiencia respuesta que CFE dio, hace unos meses, a un usuario que a través de la Ley de Transparencia solicitó tal información a la otrora “Empresa de Clase Mundial”.
En este mar de opacidades que buscan atemperar su ruina, también se ocultan errores del pasado que tienen a las puertas de la quiebra técnica y la insolvencia financiera a una empresa que desde los sexenios panistas dejó de tener ganancias para convertirse en un costosísimo elefante blanco.
Tras el autoritario cierre de Luz y Fuerza, el SME denunció que la verdadera intención oculta era quitar de en medio a un sindicato independiente que venía alertando de la intención neoliberal por desmantelar al sector energético del país con el fin de cederlo a las trasnacionales; desde la llegada de Vicente Fox al poder, en el año 2000, dio inicio el silencioso desplazamiento de la CFE en el campo de la generación para entregarlo a los productores independientes.
Con el arribo de Felipe Calderón Hinojosa, tal estrategia de desnacionalización se acentúo al grado de que para 2009 se habían otorgado 772 permisos de generación, en su mayoría a firmas extranjeras a las que en el colmo de los absurdos, los panistas les firmaron contratos para comprarles su energía por periodos de hasta 25 años, sin dejar de mencionar el esquema de Pidiregas mediante el cual, a través de recursos públicos, se le otorgó financiamiento a sus proyectos.
Vistos a la distancia, estos dos factores son determinantes para haber colocado de hinojos a la ahora “Empresa Productiva del Estado”, pues le endilgaron por un lado una cuantiosa deuda: en 2009 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que de 1999 a 2043 la CFE tendrá que cubrir un pasivo por Pidiregas de 545 mil 300 millones de pesos, incluidos los intereses. Y por otro, la insalvable obligación de desembolsar para los próximos 25 años por lo menos 1 billón y medio de pesos por los contratos pactados por compra de energía.
Tan sólo en 2009 las multinacionales se llevaron 268 mil millones de pesos por la venta de su generación a la CFE. Los panistas, por cierto, ocultaron señalar que en el año que perpetraron el golpe contra el SME la Comisión Federal era una empresa en picada pues mientras obtuvo ingresos por 220 mil millones de pesos, registró egresos por 519 mil millones, teniendo un déficit de 299 mil millones de pesos. Mismo que se ha venido acrecentando año con año; tan sólo en 2015 sus pérdidas se dispararon a los 68 mil 500 millones de pesos, mientras que sus pasivos laborales alcanzaron la cifra de 620 mil millones de pesos.
Al concluir el sexenio panista y darse a conocer el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la CFE, quedó al descubierto que nunca hubo intención alguna por disminuir las tarifas eléctricas como se argumentó con la extinción de Luz y Fuerza. Dos párrafos, evidencian la demagogia de Calderón al respecto: “La política tarifaria se enfocó al fortalecimiento financiero de la entidad a través de estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo real del suministro eléctrico”. Y para no dejar dudas de sus estropicios, se añadió: “Las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios municipales fueron actualizadas mensualmente con factores fijos”. De tal suerte que no se mejoró el servicio, los precios no bajaron y menos se fortalecieron las finanzas del país.
Lo paradójico es que ahora ante un escenario de competencia establecido en las leyes secundarias de la Reforma Energética en que los nuevos reglamentos establecen la participación de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en la definición de precios y tarifas en el mercado eléctrico así como su ámbito de competencia con los nuevos actores tanto en la generación como en la comercialización, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía pretenden operar un dumping en favor de la quebrada y mal llamada Empresa de Clase Mundial, a la que se le autorizó para el año entrante un presupuesto de 400 mil millones de pesos que con toda seguridad irán al acostumbrado barril sin fondo.
La CFE, en su carácter de Empresa Productiva del Estado, debe operar las redes de transmisión ofreciendo un acceso equitativo de las mismas a quienes entrarán a operar el nuevo esquema del mercado mayorista para dar servicio a los usuarios calificados; sin embargo, en los hechos la ex paraestatal obstaculiza la aplicación de las nuevas reglas pues, por ejemplo, se reserva la certificación de medidores y el acceso a la red, poniendo en tela de juicio los beneficios de la reforma para alentar una competencia que pueda inducir a una baja en las tarifas, sobre todo de los grandes consumidores.
En este ámbito de cambios por venir y hacer realidad, la presencia del SME en el sector eléctrico, mediante su esquema de asociación con la Generadora Fénix y la Cooperativa LF del Centro, ayudará en buena medida a restablecer la legalidad y el estado de derecho en el sector eléctrico, contribuyendo a ofrecer tarifas más justas, pero también alentando en el terreno de la lucha política y social, iniciativas como la presentada en abril pasado, en el Congreso, para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano, que permitan al lado de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), concretar una tarifa social justa y el borrón y cuenta nueva que ponga fin a los estropicios originados por Calderón con la ilegal extinción de Luz y Fuerza, causa y origen de los incrementos registrados en los últimos años a las tarifas en todos los sectores.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
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