La comunidad agraria Nopalera del Rosario, municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Distrito Tuxtepec, Oaxaca, está ubicada en la Chinantla Alta de ese estado. Sus miembros son indígenas chinantecos. Cuenta con dos centros de población: Nopalera y Cerro Fruta. Este último es el centro donde residen y sesionan las autoridades comunales y administrativas. Fue creada el 5 de marzo de 1985 mediante acción de reconocimiento y titulación de bienes comunales; cuenta con una acción agraria complementaria por conflictos de límites del 13 de abril de 1987, que en total le reconocen más de 4 mil 994 hectáreas, para beneficiar a 44 capacitados o comuneros, aunque en la actualidad son menos.
La comunidad de Nopalera del Rosario sesiona en Cerro Fruta, que está situada en lo alto de la montaña, en un espinazo y una ladera. No hay luz eléctrica ni carretera alguna, sólo camino de mulas que conduce a San Antonio Otate, subcomunidad o anexo del ejido de San Felipe de León. Otate es hasta donde llegan los carros. De ahí a Cerro Fruta son alrededor de tres horas de camino para los nativos, pero los foráneos hacemos aproximadamente de cuatro a seis hora. Esto depende de la resistencia física y de la capacidad para caminar en la montaña y en subidas y bajadas en terreno agreste. El camino de mulas serpentea el río Nopalera.
Es una región de selvas y bosques mesófilos que se conservan en buen estado. Es de mucha biodiversidad: hay enredaderas, lianas y una vegetación exuberante, ríos, riachuelos, arroyos; en algunos momentos se escuchan los graznidos de las aves y rugidos de las fieras, y de repente vuelve el silencio envolvente de la selva del monte que, de tan espesa, en algunos momentos del día, pareciera que es muy de mañana o muy tarde.
Los pobladores siembran café, maíz, frijol, yuca, caña de azúcar, chile, plátano, lechuga, mostaza, calabaza y chilacayote. Además aprovechan el tepejilote y demás plantas medicinales y alimenticias.
Hay animales como el mazate (especie de venado), la gallina de monte, mono, tucanes (negro, verde y pico amarillo), faisán real, jaguar, ocelote, tigrillo, puma. Y animales dañeros, como ellos llaman a los que se meten en sus sembradíos, entre ellos se encuentran el tlacuache, la comadreja, la tuza, el pepe, el cerete, las ardillas, el mapache, el jabalí, el conejo y el tejón. El faisán, ciertas especies de pericos y el jaguar están protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059/2011.
La comunidad está certificada por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Tiene bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla.
El 18 de marzo de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó –a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por conducto de su titular, el doctor Ernesto Enkerlin Hoeflich– un certificado como Área Natural Protegida, con la categoría de área destinada voluntariamente a la conservación, denominada Área de Conservación Nopalera del Rosario, por 4 mil 200 hectáreas de un total de 4 mil 994 hectáreas, 29 áreas y 63.74 centiáreas que posee y tiene en propiedad, la cual se manejará de acuerdo con los lineamientos y criterios establecidos en la Estrategia de Manejo para el Establecimiento del Área Natural Protegida.
Tiene cuatro zonas: de conservación, 3 mil 670.97 hectáreas; de restauración, 2 mil 825; de protección, 3 mil 329.75, y de aprovechamiento, 1 mil 930.24 hectáreas.
Dicha Área Natural Protegida es prorrogable por otros 25 años. Además, tienen una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre de protección del jaguar y faisán, pero no tienen plan de manejo ni ordenamiento ecológico.
La comunidad de Nopalera del Rosario recibe pago por servicios ambientales (PSA), concretamente el pago de servicios ambientales hidrológicos, puesto que genera agua, oxígeno, captura carbono, conserva la biodiversidad y regula el cambio climático.
El pago por servicios ambientales se inserta en los cambios a las leyes en México para privatizar los recursos naturales del pueblo mexicano, entre las que figuran la Ley de Aguas Nacionales, la de tierras, que dio inicio con la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992, la de minería, la de recursos naturales, etcétera. Todo en un contexto de una economía de libre mercado o neoliberal, donde predomina el negocio, el saqueo de los recursos naturales, y donde todo se puede vender y negociar.
Hay menos control del Estado en la vida, al menos eso se dice en el discurso oficial. Se deja a merced de los fuertes a los débiles y a los sectores sociales con más desventajas.
Durante las administraciones de los expresidentes de la república Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y con el actual mandatario, Felipe Calderón, se inició y se continúa con la privatización de los recursos naturales de los mexicanos. Los pueblos demandan autonomía, la cual va contra la visión de los gobernantes, porque los pueblos precisamente quieren seguir hablando sus lenguas, administrar su vida, regirse por ellos mismos, decidir sobre sus recursos naturales, conservar y perpetuar sus costumbres. Y, obviamente, al Estado, a la clase gobernante, no le conviene eso porque significa pérdida de poder, el cual sería para los pueblos. Por eso es que los pueblos luchan por ser precisamente eso, pueblos. Y el discurso del gobierno, de su hegemonía y consenso habla de que los usos y costumbres de los pueblos indígenas enriquecen al país, pero cuando los pueblos quieren ejercerlos se les niega el derecho. Hoy el discurso pluricultural es muy socorrido por el gobierno y sus funcionarios, pero en la praxis se niega y, con ello, se niega a los pueblos.
Los agentes privados y públicos del Estado pretenden convencer a las comunidades que se den de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para quedar como rehenes cautivos del fisco y por ende del Estado, y con un mayor control de sus acciones y de su autonomía; pero los pueblos se resisten y no dan su brazo a torcer, porque [hacerlo] significa su desaparición como colectividades y de su derecho a existir como son y quieren ser.
Las leyes están cambiando pero no para proteger a la gente, sino para privatizarlo todo. A las comunidades de la Chinantla, agrupadas en el Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta, AC, les dicen que hay que proteger y conservar la naturaleza y sí, sí están de acuerdo en hacerlo, pero las comunidades se preguntan “y ¿de qué vamos a vivir si no quieren que cacemos, si no quieren que abramos tierras al cultivo…”? Saben que detrás del discurso gubernamental de “proteger” al medio ambiente se esconde el objetivo real: el despojo. Se les pretende quitar el derecho de ser pueblos y de vivir en un Estado con justicia social.
*Abogado y maestro en desarrollo rural; integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC
Fuente: Revista Contralínea 298 / Agosto 2012
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