Complicidad del gobierno y militares, detrás del robo de combustibles

Hace más de 15 años que el saqueo de combustibles es un grave problema que causa pérdidas multimillonarias a Petróleos Mexicanos (Pemex). La merma anual por este ilícito podría sumar entre 15 mil millones y 20 mil millones de pesos, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade (Excélsior, 10 de mayo de 2017).

Pemex, por su parte, calcula las pérdidas en 10 mil millones de pesos anuales. Pero ese monto se refiere sólo a los miles de barriles que los llamados huachicoleros extraen de los ductos (un promedio de 600 mil barriles de hidrocarburos cada mes).

Aparte están los gastos multimillonarios que han hecho tanto la empresa como el gobierno federal para “combatir” el delito. En el primer caso, Pemex ha invertido millones de pesos en la supuesta modernización y optimización de las operaciones del sistema de distribución, así como en su sistema de seguridad, que incluye tecnologías para medir permanentemente el flujo de combustibles en ductos y monitorear sus autotanques. Además, paga al Ejército por la custodia de la red de ductos.

En el caso del gobierno, éste ha asumido los costos de los operativos militares para, supuestamente, “desarticular” a los grupos vinculados al robo de combustibles.

Y es que desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), miles de millones de pesos del erario se han destinado a la supuesta lucha contra la extracción ilegal de hidrocarburos, sin que a la fecha se logre siquiera contener el problema. Por el contrario, cada vez es mayor la sustracción.

No hay que olvidar que fue durante el gobierno de Fox cuando se agudizó el robo de combustibles a gran escala. Y que, desde entonces, no sólo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investigan el ilícito; sino que también se creó una unidad de inteligencia al interior de la petrolera. Así, año con año se han mapeado las zonas más riesgosas del país.

Actualmente, el gobierno sabe, por ejemplo, que el estado con más tomas clandestinas es Puebla, pero el que mayores pérdidas representa, por el número de litros y tipo de combustibles hurtados, es Hidalgo.

Esa información se deriva de los datos correspondientes a 2016. Ésta revela que si bien en Puebla –donde ocurrió uno de los más recientes enfrentamientos entre supuestos criminales e integrantes del Ejército– se detectaron 1 mil 533 tomas clandestinas, las pérdidas sumaron 109 millones 620 mil 98 pesos; mientras que en Hidalgo se localizaron 344 tomas clandestinas, pero la merma fue muy superior: 532 millones 138 mil 56 pesos.

Está claro que las autoridades federales conocen el problema desde hace tiempo y que, durante 16 años, han destinado miles de millones de pesos al supuesto combate, e incluso el Congreso ha endurecido las leyes que castigan el ilícito y lo tipifican como grave. Entonces, la pregunta es ¿por qué ni siquiera se ha logrado contener el robo de hidrocarburos, ya no digamos erradicarlo?

La respuesta, casi como siempre ocurre en este país, nos remite al terrible problema de la corrupción y la complicidad. Desde 2007 di a conocer informes internos de Pemex que revelaban que militares, funcionarios de la petrolera –incluidos servidores públicos de primer nivel y sindicalizados– así como criminales estaban aliados para robar combustibles.

Pero resulta que en todo este tiempo esas redes no han sido desmanteladas, porque el gobierno federal (en especial el de Enrique Peña) tiene miedo de ensuciar la imagen de la Sedena. Así, los militares han resultado impunes. Ello, a pesar de que desde el gobierno de Fox se tienen pruebas sólidas en contra de quienes se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales junto con funcionarios de la petrolera.

Pero no sólo los militares han resultado impunes. Los altos funcionarios de Pemex tampoco han pagado con cárcel sus culpas; si acaso, entre los detenidos ha habido uno que otro funcionario con rango de obrero. Y lo mismo ha ocurrido con los grandes capos del negocio, pues los que acaban en prisión son el eslabón más débil de la cadena: los huachicoleros, es decir, los peones del crimen.

Con todo este contexto, resulta incomprensible que el presidente Peña haya anunciado a inicios de mayo de 2017 el inicio de una estrategia coordinada de las Fuerzas Armadas contra el robo de combustible. ¿No se suponía que este delito se combatía de manera permanente desde el sexenio foxista?

La lucha que al parecer desconoce el presidente (¿o acaso nunca ha existido y por eso crece el hurto de productos petrolíferos?) es ensalzada por la propia petrolera en su más reciente informe trimestral enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:

“Como respuesta, el gobierno federal ha implementado [sic] varias medidas y ha reforzado las fuerzas militares y policiacas y, por otra parte, Pemex ha establecido varias medidas estratégicas que buscan reducir el robo y otras actividades delictivas en contra de las instalaciones y productos de Pemex.”

La empresa explica que “México ha experimentado un aumento en las actividades delictivas, principalmente debido a las actividades de diversos grupos de la delincuencia organizada, incluyendo narcotráfico. Adicionalmente, el desarrollo del mercado ilícito de combustibles en México ha dado lugar al aumento en el robo y comercio ilícito de los combustibles que produce Pemex”.

Y admite: “a pesar de estos esfuerzos, este tipo de actividades delictivas continúan en México, algunas de ellas contra las instalaciones y productos de Pemex. Estas actividades, su posible incremento y la violencia asociada a ellas podrían tener un impacto negativo en la situación financiera y los resultados de operación de Pemex”.

Ello porque a la petrolera le roban de todo: hidrocarburos, gasolina, diésel, crudo turbosina, gas. Así lo demuestra el producto asegurado por las autoridades federales en 2015: 1 millón 602 mil 954 litros de hidrocarburo, 381 mil 611 litros de gasolina, 297 mil litros de diésel, 72 mil litros de crudo, 20 mil litros de turbosina y 4 mil 290 litros de gas. Algo que quizá también desconozca el presidente.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Contralínea 539 / del 15 al 21 de Mayo 2017