Con el acero y la ley en las manos: ¡la presa La Parota no pasará!

Por el Río Papagayo no sólo corren impetuosas las aguas bravías que bañan la Costa Chica de Guerrero; también se gesta un movimiento de resistencia protagonizado por campesinos acapulqueños que han defendido su territorio con el acero y la ley en sus manos para encarar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde sus orígenes, esta paraestatal se ha caracterizado por esquilmar a los pobres y atracar el patrimonio de los pueblos originarios de nuestro país: la construcción de hidroeléctricas ha implicado el desplazamiento forzoso de miles de familias campesinas que han sido orilladas a vivir como parias en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. En nombre del desarrollo, los gobiernos represores borraron a sangre y fuego todos los vestigios de sus asentamientos prehispánicos: centros ceremoniales, los lugares sagrados donde descansan sus antepasados, sus formas de organización comunitaria, el uso colectivo de la tierra y sus saberes milenarios sobre el cultivo del maíz.

En Guerrero se construyeron cuatro hidroeléctricas a la usanza caciquil: reprimiendo y matando a los opositores. Los arrancaron de sus tierras por considerarlos un estorbo para el desarrollo. Lo que hoy impera en estos enclaves es la pobreza, la desolación y los pueblos fantasmas. La vida parece consumarse con el mismo fuego que quema los tlacololes.

Las nuevas generaciones que nacen en estos lugares ahora sobreviven en Chicago y Nueva York. Los más pobres se enrolan como jornaleros en los campos agrícolas de Sinaloa, y los más arriesgados combinan sus cultivos tradicionales con el maíz bola (amapola).

El polo de la opulencia del Acapulco diamante contrasta con los terregales y las calles destrozadas por donde corren las aguas negras del Acapulco rural. La frontera de la desigualdad está marcada por la Autopista del Sol, que tiene su garita con las casetas de cobro. Los pueblos que surten de agua al puerto de Acapulco no tienen acceso a ésta en sus viviendas. La población joven que trabaja de manera eventual en los grandes hoteles vive en chozas de bajareque y sin ninguna oportunidad de estudiar en la universidad. El futuro de este centro turístico está construido sobre un terreno minado, donde las balas, la sangre y las cruces han transformado este paraíso en el infierno del Pacífico.

Las colonias pobres de Acapulco son las que ponen los muertos. Se trata de jóvenes y niños que aparecen ejecutados en las banquetas de los centros comerciales o sobre avenidas principales. Sus padres fueron expulsados del puerto para ser trasplantados sobre las márgenes del río de aguas negras de la Sabana. Esta limpieza social barrió con todos los ejidatarios que vivían en las playas más hermosas de Acapulco, repobladas por ricos y preferentemente extranjeros.

Ahora que las playas están en manos de grandes inversionistas, los gobiernos continúan expandiéndose en la parte rural para poner en venta las tierras de propiedad colectiva, que cuentan con un alto potencial turístico e hidroeléctrico. Este proceso de privatización del patrimonio de los pueblos originarios de Guerrero se ha topado con la fuerza y la resistencia de los campesinos que se oponen a la construcción de la presa La Parota. Desde 2003, los gobiernos en turno maniobraron para torcer las leyes con el fin de obtener la anuencia de los campesinos para iniciar el proceso de expropiación y celebrar convenios de ocupación previa con los comisariados comunales y ejidales.

De agosto a diciembre de 2005, el gobierno estatal y la CFE promovieron la realización de asambleas espurias en los núcleos agrarios de Cacahuatepec, la Palma, los Huajes y Dos Arroyos. Todas violaron la ley y fueron controladas por las corporaciones policiacas del estado.

La lucha inquebrantable del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) logró vencer en los tribunales agrarios a la CFE y al gobierno. Demostraron su fuerza, su capacidad de movilización y su gran legitimidad. Tuvieron el arrojo de realizar una consulta dentro del núcleo agrario de Cacahuatepec, en la comunidad de Agua Caliente, donde más de 3 mil campesinos dijeron ¡no a La Parota! Para ellos, esta decisión significó la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico.

Por la vía de los hechos, ejercieron su derecho a la consulta y asumieron la máxima zapatista de que la tierra es de quien la trabaja y que ningún gobierno debe atentar contra los derechos de los verdaderos dueños de las tierras.

Los intereses del capital obligaron al gobierno a convocar a otra asamblea en la comunidad de la Concepción, que pertenece al núcleo de Cacahuatepec, donde se tiene planeado construir la cortina. Con un aparatoso operativo policiaco, el gobierno la realizó el 28 de abril de 2010. De nueva cuenta se intentó convalidar la expropiación de estas tierras con una asamblea plagada de irregularidades.

Por su parte, el CECOP, además de plantarse frente a los policías para exigir su entrada a la asamblea, interpuso otro juicio de nulidad, y por quinta ocasión el Tribunal Unitario Agrario resolvió nuevamente a su favor el pasado 18 de abril de 2011.

Los herederos de Zapata que viven en el Acapulco rural están dando lecciones al país de que la lucha por la tierra se defiende con el acero y la ley en las manos, de que sabiamente saben combinar la defensa legal con la movilización social. Son los hombres y mujeres del campo los que nos dan ejemplo de tenacidad y resistencia, que no se arredran y que están dispuestos a dar todo por la tierra y por la patria.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011