A mediados del año pasado, varios trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron detenidos en Villahermosa, Tabasco, y acusados penalmente de robar hidrocarburos a la petrolera, luego de que se les descubriera sustrayendo combustible hasta con garrafas, y llevándolo al rancho de uno de los líderes del Sindicato ubicado en ese mismo lugar.

El hecho fue denunciado por la Dirección Jurídica de Pemex ante la Fiscalía General de la República y se espera que el caso contribuya a inhibir el huachicoleo al interior de la empresa. Como se recordará, al inicio del sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una investigación profunda sobre el mercado negro de combustibles (Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex), que descubrió que el mayor saqueo no era el de las tomas clandestinas, sino el que se daba al interior de Pemex con ductos paralelos y pipas (la red de funcionarios corruptos se robaba más de 600 pipas diarias –cada una de 15 mil litros–, lo que significaba una merma de unos 200 millones de pesos por día).

Ahora, con este caso que ya llevó a prisión preventiva a varios empleados de la petrolera, las autoridades están obligadas a indagar si este huachicoleo es un hecho aislado o hay una relación directa del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cuyo secretario general interino es el diputado priísta Manuel Limón Hernández, hombre de confianza y amigo del exlíder Carlos Romero Deschamps.

Los hechos son de conocimiento del Consejo de Administración de Pemex –que encabeza la secretaria de Energía, Rocío Nahle–, pues el 2 de septiembre de 2020, el director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Manuel Herrería Alamina –a quien se le identifica en la petrolera como el “poder tras el trono”– les informó de la denuncia de hechos por el delito grave de robo de hidrocarburos.

Quitan a cúpula sindical 1 mil 600 millones de pesos

De acuerdo con el acta de la 960 sesión extraordinaria, Herrería Alamina informó a los consejeros que “hubo un incidente en Villahermosa, que está siendo atendido en la vía penal por la Dirección Jurídica, en el que se detuvo a varios trabajadores que llevaban en garrafas y en cuatro o cinco vehículos combustible al rancho de uno de los dirigentes del Sindicato”.

En Tabasco, el líder petrolero es el exdiputado federal priísta José del Pilar Córdova, quien encabeza la Sección 44 y se perfila como uno de los más fuertes candidatos a suceder al también priísta Romero Deschamps al frente del aún poderoso STPRM.

Pero volviendo al caso del saqueo, el reporte se dio luego de que los líderes sindicales enviaron un oficio tanto al director general Octavio Romero Oropeza como a la ingeniera Nahle –quien lo distribuyó al resto de consejeros–, en el que se quejaban de afectaciones en prestaciones e ingresos laborales, así como de una serie de temas que atañen a la plantilla laboral.

En aquella sesión extraordinaria de hace 6 meses, el director Romero Oropeza afirmó que las quejas de los dirigentes “no corresponden a la realidad” y aseguró que son “de carácter político”, pues el oficio se entregó luego de que el propio Sindicato aceptara el aumento salarial vigente desde el 20 de agosto de 2020.

Y agregó que prestaciones y sueldos se han respetado, pero lo que sí se afectó fueron las canonjías y prebendas de la cúpula sindical, a la que señaló como “grupos de interés”: desde 2019 se les recortó alrededor de 1 mil 600 millones de pesos que se les entregaba en años anteriores [es decir en los sexenios de Enrique Peña y Felipe Calderón] para “diversos fines que no se justificaban”. Y en eso “se ha actuado de manera inflexible”. Asimismo, pidió a los consejeros evitar la filtración de información a la prensa, porque su administración no se niega a informarles de estos asuntos, sea en las sesiones del Consejo o de manera individual.

En ese contexto fue que Herrería Alamina informó de la detención de los trabajadores por el robo de combustibles. Y es que, según el oficio de los dirigentes sindicales, había dotación insuficiente de combustibles para unidades de transporte con las que se opera a diario; a lo que el funcionario aseguró que no era correcto, “toda vez que la dotación corresponde a la que se debe consumir, por lo que se está restringiendo a lo necesario, como debe ser”. Y agregó, “entonces no es que no se esté otorgando combustible para operar, sino que se está controlando la dotación”.

Más de 6 mil riesgos de trabajo

Al referirse al oficio de los líderes sindicales, el director corporativo de Administración y Servicios también “aseveró que no se encontró antecedente de un documento tan extenso y en la forma como éste fue redactado en un sexenio atrás, al menos”. Y la primera queja a la que se refirió fue la contenida en el apartado “condiciones de riesgo”.

Admitió que al recibir la administración [diciembre de 2018] se detectaron 6 mil 800 riesgos con rezago de atención, desde tipo uno hasta el cuatro [el más grave]. Y que se planeaba cerrar 2020 con 2 mil riesgos menos y, para fines de 2021, llegar a cero en rezago y así “atender solamente los que se vayan presentando, independientemente de lo que se vea en el Comité de Riesgos, en el que se atienden con los presupuestos para mantenimiento y rehabilitación de las refinerías, de exploración y producción y de logística”.

En ese mismo apartado, el oficio señaló que tampoco se había dotado de ropa de trabajo y calzado. Al respecto, el funcionario afirmó que, además de las prendas que están en los almacenes locales de las diferentes instalaciones de Pemex en todo el país, se estaba haciendo entrega de poco más de 1 millón de prendas de protección personal y de vestuario, y poco más de 100 mil pares de zapatos. Adicionalmente, la dotación para 2021 se obtendría en compras consolidadas. Según Herrería Alamina, los denunciantes “no se sienten cómodos con esa situación, porque quien define lo que se debe comprar son los responsables de cada área, y no los dirigentes sindicales”.

Acerca de la acusación de que se carece de equipo contra incendio, afirmó que “tampoco tienen razón, puesto que antes de que se firmara el oficio, se reparó y dejó en operación una unidad contra incendios con mil galones de capacidad y otro tanque de 20 metros cúbicos; con esto, se puso en operación lo que no estaba funcional. Asimismo, se encuentra en proceso la licitación para comprar unidades de ataque rápido contra incendios, más autotanques de 10 metros cúbicos, para las regiones de Ciudad del Carmen, Naranjos, Cerro Azul, Poza Rica y Altamira en la Región Norte”.

Condiciones generales de trabajo

El siguiente apartado del oficio fue el de las condiciones generales de trabajo. El ingeniero Herrería Alamina dijo a los consejeros que no había violación al contrato colectivo en materia de prestaciones. Sobre la acusación de que “falta equipo de transporte para los productos que Pemex fabrica, sostuvo que basta recordar la inversión que se hizo en 2019, por más de 600 fulles o tráileres con doble remolque, por instrucción del presidente, procedimiento en el que participaron, junto con Pemex, las secretarías de Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores, con lo que se equipó de manera extraordinaria a esta empresa y, también se está revisando el procedimiento por el cual se renovará el parque vehicular para el reparto local”.

Otra queja de los dirigentes fue sobre la supuesta escasez de artículos e insumos de limpieza, medicamentos, seguridad e higiene. Según el funcionario, “hace unas semanas, por instrucciones del director general, hubo una reunión con los miembros del Sindicato que firman el oficio y varios más, en la que participaron los subdirectores de Servicios de Salud, de Abastecimiento y de Capital Humano; en tal reunión, se informaron los detalles de las acciones realizadas desde 2019 y, particularmente, en 2020 para atender la pandemia”.

Respecto de los temas de cultura y deportes, aseguró que sí se ha dado mantenimiento a los centros deportivos a pesar de que, por la emergencia sanitaria, no hay eventos presenciales. Sobre el curso de verano, dijo que en 2019 sí se realizó, pues con éste se apoya a madres y padres trabajadores mientras sus hijos están de vacaciones. Y en 2020 se hizo de forma virtual y participaron más de 600 niñas y niños.

Asimismo, Herrería Alamina expuso que sí se dio mantenimiento a las escuelas propiedad de la empresa, pero recordó que se está “cumpliendo la instrucción de coordinarnos con la Secretaría de Educación Pública para transferir las instalaciones a los gobiernos de los estados. Explicó que se cuenta con 17 escuelas que aún no han sido transferidas. El Consejo autorizó ya la desincorporación y transferencia de una de ellas ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, y se está en el proceso de entrega al gobierno estatal. En lo concerniente a las otras 16 escuelas, 12 están en proceso de regularización, ya que no se contaba con toda la documentación que acreditara la propiedad de Pemex, de las cuales, cuatro se encuentran en Tabasco, cuatro en Tamaulipas, una en Hidalgo, una en Chihuahua, una en Oaxaca, una en Chiapas y cuatro con expedientes debidamente integrados para presentarse próximamente la solicitud a este Consejo, para desincorporarlas; de estas últimas, dos se ubican en Guanajuato, una en Puebla y una en San Luis Potosí”.

El director Corporativo de Administración y Servicios también abordó el tema de jornadas y asignación de personal. “Sostuvo que una modalidad que no se debió haber dejado de implementar en los centros de trabajo es que los responsables titulares de las áreas son quienes definen el número y el perfil de las personas que participan en cada cuadrilla, una vez que se les asigne el trabajo; esto último antes lo decidía el representante sindical correspondiente, por lo que han existido algunas diferencias al respecto”.

Acerca de la capacitación, indicó que derivado de la pandemia, “lo que estaba considerado para hacerse presencial tuvo que migrarse a virtual, por lo que no se ha podido atender la meta trazada originalmente, por no contar con las condiciones necesarias”.

Finalmente explicó un caso, en materia jurídica, al que se refirieron los líderes sindicales en el oficio: “a través de la Línea Ética, se recibió una denuncia relativa a una cobertura en la que falsificaron la renuncia de una trabajadora, se realizó la investigación y se presentó la denuncia penal correspondiente en contra de quien lo hizo y de quien avaló por parte del Sindicado esta situación”.

Te puede interesar: Abren expedientes por huachicol a gerentes de las 6 refinerías de Pemex