Enrique Peña, con su Pacto por México (Anti-México), ya impuso la reforma educativa para privatizar la educación, despedir maestros con el pretexto de la “evaluación” y hacer pagar más cuotas y gastos escolares a los padres de familia, con la frase: “gestión autónoma de las escuelas”.
Detuvieron a la maestra más odiada de México como
cortina de humo para hacer ver como algo “positivo” el golpe a la educación. Claro que ella robó todo lo que quiso gracias al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Acción Nacional (PAN), con su venia y complicidad. Encarcelar a la exlideresa es lo mismo que hizo Carlos Salinas para comenzar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando fue detenido Joaquín Hernández Galicia, la
Quina, en medio de un escándalo nacional. Con su
quinazo, Peña quiere
abrir puertas y ventanas a la privatización de la educación, de Pemex y al aumento del impuesto al valor agregado (IVA), todo en contra de la población y en contra de la ley, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la educación gratuita y los derechos de los maestros, mismos que viola la reforma educativa de Peña. Pero el “nuevo PRI” nos está llevando al pasado en donde se imponía no la “fuerza de la ley”, sino la “ley del más fuerte”, o la ley de las corporaciones extranjeras que imponen su proyecto impunemente.
Elba Esther Gordillo fue detenida al día siguiente de la aprobación de la reforma educativa anticonstitucional y antipopular, aprobada por el Pacto por (anti) México que firmó la cúpula neoliberal: PRI-PAN-PRD (Partido de la Revolución Democrática), al saltarse al resto del Congreso de la Unión y con ninguna discusión de por medio, ya que se firmó el domingo 2 de diciembre, al día siguiente de la imposición de Peña.
La detención de la Gordillo busca ser una cortina de humo, primero para que no se analice lo que significa la reforma educativa… Pero no nada más: el Pacto por (anti) México tiene el objetivo de culminar las reformas neoliberales con la privatización del petróleo y la energía en general, además del aumento de los impuestos al pueblo, como el IVA (acciones profundamente regresivas y nefastas). El golpe espectacular de detener a la maestra más odiada de México tiende a darle al gobierno peñista un barniz de legitimidad.
Para realizar las reformas antipopulares y llevar a cabo los planes del Pacto, Peña y su gobierno necesitan el apoyo incondicional de todos los líderes priístas. De modo que el castigo ejemplar a la Gordillo tiene el objetivo de paralizar cualquier disidencia al interior del PRI. Quienes dicen: sigue Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Carlos Romero Deschamps, Arturo Montiel, Mario Marín, etcétera, crean la imagen de que ¡ahora sí se hará justicia en México!, y esto es totalmente falso. De hecho con Peña, para los que apoyen al régimen, la impunidad será aún mayor que la que se sufrió con Vicente Fox y Felipe Calderón. En cambio, la criminalización aumentará contra los jóvenes, maestros, trabajadores y quienes protesten y se opongan al rumbo peñista antinacional.
El regreso del PRI al poder es un evento profundamente regresivo, y la forma en que se impuso Peña, con el fraude y la compra de millones de votos, es inadmisible. Por eso les urgía tomar una medida que les dé “buena imagen”; para eso necesitan un chivo expiatorio. Eso lo hacía el PRI el siglo pasado. No es novedad. Miguel de la Madrid Hurtado encarceló a Arturo Durazo Moreno, el Negro, en medio de gran ruido y con el discurso de “renovación moral”; Carlos Salinas de Gortari se fue contra el entonces líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, la Quina; Ernesto Zedillo Ponce de León, el último presidente priísta del siglo pasado, puso en prisión a Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo”. Los gobiernos panistas no tuvieron ese colmillo político y dejaron a todos en completa impunidad, pero ahora que ha regresado el PRI y que Peña es aconsejado por Salinas de Gortari vuelven a sus tradicionales golpes espectaculares. Ahora el chivo expiatorio es la Maestra.
El día posterior al que estalló el escándalo de Elba Esther y en el momento en que la atención estaba puesta en la renuncia de Benedicto XVI en El Vaticano, Peña envió al Senado de la República la Estrategia Nacional de Energía, centrada en violar la Constitución y los derechos de los mexicanos al incentivar “la participación del capital privado en el sector eléctrico y petrolero, en almacenamiento, distribución de hidrocarburos, refinación de crudo, petroquímica, exploración y explotación”; al apoyar el contratismo (subempleo), expresamente prohibido por los artículos 27 y 28 de la Constitución, y las “alianzas estratégicas” de Pemex con “empresas líderes”. También plantea el aumento de 2013 a 2017 de los precios de los energéticos: gasolina, gas, electricidad y otros.
Graves violaciones a derechos básicos se cometen tras las cortinas de humo que nos tiende el PRIAN (contracción de PRI y PAN) y el imperio yanqui. En su Pacto por (anti) México se plantea la estrategia de seguridad de consumar la identificación biométrica para los trabajadores. Los medios anuncian que Barack Obama promueve una reforma migratoria que se presume será benéfica, pero no se informa que hay línea para los tres países firmantes de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México, para que todos sus trabajadores estén controlados con una identificación única. En primer lugar, todos los trabajadores indocumentados tendrán que registrarse ante el gobierno y proporcionar sus datos biométricos; con el tiempo, todos los trabajadores lo tendrán que hacer: el número de identificación será un requisito para laborar. La identificación obligatoria no es para identificar a los trabajadores indocumentados, sino para la reglamentación y el control de toda la plantilla. El gobierno federal, arbitrariamente decidirá quién califica y quién no, qué funciona y qué no funciona, quiénes participan o no en la vida económica y política de la Alianza…
Buscan tener el control fascistoide de todos los trabajadores, ya que estos mecanismos son compatibles con el establecimiento de los monopolios de Estados Unidos al Norte del Continente Americano. La identificación obligatoria tenderá a convertirse en una identificación común para los trabajadores en los tres países, al ponerlos a disposición de los monopolios y la explotación y la destrucción de los recursos humanos y naturales.
Esta identificación podría ser utilizada no sólo por los organizadores en contra de los que resistan, sino también para dividir a los trabajadores y enfrentarlos unos contra otros. La negación de la identificación a gran escala también allana el camino para establecer los campamentos de trabajo esclavo, destinado para todos aquellos a los que se les niegue la identifiación, pero que se ven obligados a trabajar. Que existe tal posibilidad se puede ver en el hecho de que las prisiones se están expandiendo y fácilmente eso podría ser utilizado para un trabajo esclavo, en el que los reclusos laboran, pero no gozan de beneficios. La esclavitud moderna es ya un hecho. Recientemente, Adriana Pérez, integrante directiva de la organización Justice for Migrant Workers (Justicia para los Trabajadores Migrantes) dijo que unos 19 mil jornaleros agrícolas mexicanos viven en Canadá en condiciones de esclavitud, hacinamiento y riesgos sanitarios. Esta situación es producto del acuerdo binacional denominado Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que encubre relaciones de total sometimiento de los trabajadores mexicanos.
Con la identificación que se impulsa desde Washington y que promueve el Pacto de Peña, se tratará de controlar y despedir a trabajadores rebeldes. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores en huelga, en especial trabajadores portuarios, de transporte y los operadores de la comunicación, en el pasado han sido etiquetadas como “una amenaza a la seguridad nacional y la seguridad pública”, simplemente por realizar huelgas. Los manifestantes contra la OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte), en Chicago, el año pasado, así como aquellos en contra de las guerras de Estados Unidos en general, también han sido calificados como “amenazas para la seguridad pública”. De modo que vemos que otro de los planteamientos del Pacto por (anti) México es de siniestras consecuencias.
Las reformas laboral, educativa, energética o fiscal tienden a violar la Constitución, negar los derechos a los trabajadores, poner nuestras riquezas al servicio de las grandes corporaciones y subordinar a México a los planes de Estados Unidos. La elección de Obama, su Premio Nobel de la Paz y ahora la reforma migratoria cuya propuesta fue presentada en Nevada, Estados Unidos, el 29 de enero de 2013, ha sido otra cortina de humo para esconder los planes del imperio. Por lo pronto ya militarizó su frontera Sur, duplicó la guardia fronteriza, agregó aviones no tripulados para merodear “por ahí”, amplió el “muro de la muerte”, intensificó las deportaciones con la cifra récord de 1 mil 594 personas desde 2009, que representa a cientos de miles de familias destrozadas, 5 mil niños mexicanos retenidos en “centros de crianza” del gobierno estadunidense, separados de sus padres, y otros tantos mexicanos asesinados a sangre fría por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos…
Los
drones o aviones no tripulados de Estados Unidos, que el mal gobierno del
PRIAN aceptó en nuestro espacio aéreo, están desarrollando una nueva forma de hacer la guerra del
imperio. Obama ha impulsado “la guerra de los
drones” que bombardean Afganistán, Pakistán, Yemen y realizan asesinatos selectivos. Esos aviones están, ahora mismo, sobrevolando nuestros cielos con la venia del mal gobierno. Todo lo anterior lo realiza Washington al violar todas las leyes internacionales, así aplican la “ley del más fuerte” y no la “fuerza de la ley”.
Por eso el pueblo de México se está movilizando, para hacer valer sus derechos. Es mentira que el pueblo no luche. Lo hace en miles de frentes y en todo el país. Hace falta que la unidad y la organización pasen a un nivel superior, porque las acciones se multiplican. En los casos más graves, que son la privatización del petróleo y el aumento del IVA, se han iniciado en todo el país las jornadas de lucha nacionales que promueve Morena (Movimiento Regeneración Nacional), como la del 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, contra el alza al IVA, gas, luz y gasolina, y el del 18 de marzo próximo, en el Hemiciclo a Juárez, a las 11:00 horas, con la consigna: “El petróleo es de todos”.
Si somos conscientes de nuestros derechos y del rumbo que debe de adoptar el país, es nuestra responsabilidad social hacer triunfar la causa de la soberanía, la independencia y la democracia, que lleven al desarrollo de México, el bienestar y la paz. Es necesario que impere la “fuerza de la ley” y no la “ley del más fuerte”; que se haga justicia en serio, no con cortinas de humo para encubrir la injusticia. Derrotemos los planes siniestros del PRIAN y su Pacto.
*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía
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Fuente: Contralínea 325 / marzo 2013