En 2015 publiqué en esta prestigiada revista tres artículos; en dos de ellos me refería a los problemas de las casas relacionadas con el presidente de la República, Enrique Peña, y con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que culminó con la declaración del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, de que no existía conflicto de intereses. Aún cuando les quitaron cualquier responsabilidad, el presidente y el secretario de Estado ofrecieron disculpas, y en el artículo “Una Farsa Más” consideré que si no se había cometido algún acto contrario a las funciones públicas, no había necesidad de disculparse. De hecho, la disculpa se da cuando se tuvo una conducta contraria a las buenas costumbres y que afecta a terceros.

Comenté que si el presidente ponía el ejemplo, otros servidores públicos harían lo mismo. En los últimos días, dos miembros del gobierno federal, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), ofrecieron disculpas por actos de tortura que cometieron miembros de las Fuerzas Armadas. Lo peor de todo es que no se conformaron con ofrecer la disculpa, sino que montaron todo un show para hacerlo. Así, el movilizar 20 mil soldados y transmitir el acto a todo el país para mostrar el arrepentimiento origina un gasto público que sería bueno que informaran a cuánto ascendió. Lo mismo pasa con la realización de la conferencia de prensa del titular de la CNS.

Aunque en la mente del presidente parezca que México es un país con una economía fuerte, bien sabemos que la pobreza es mayor que cuando tomó posesión, las reformas estructurales no han funcionado, el nivel de salarios es bajo, y apenas crece la economía. Es decir, hay problemas más agudos que estar gastando en actos absurdos de este tipo, como si con ello se eliminaran los golpes propinados a la persona detenida.

Haciendo un pequeño recuento, también nos enteramos que en la filtración de información de los Papeles de Panamá surge el nombre de varias empresas mexicanas; entre ellas el Grupo Higa, el mismo que estuvo involucrado en el asunto de las casas. Obviamente, el secretario de Hacienda (beneficiado con la casa de Malinalco), por medio del titular del Servicio de Administración Tributaria, sólo expresó que dichas empresas serían sometidas a una revisión y a auditorías para saber si habían pagado impuestos o no. Lo absurdo es decir eso cuando se sabe que las inversiones en paraísos fiscales se hacen precisamente para evadir impuestos. ¿Cuál será el resultado? Se los puedo adelantar.

Como los ciudadanos no sabemos a ciencia cierta si las empresas  pagan o no los impuestos y cuánto pagan, fácilmente emitirán una declaración, que la pudieron hacer al día siguiente que apareció la información, en el sentido de que el Grupo Higa si pagó los impuestos correspondientes y si no existe otra filtración de información diciendo lo contrario, pues ahí quedará el asunto y se le dará carpetazo. Si se conoce que realmente el Grupo Higa evadió impuestos, es previsible una disculpa más del gobierno federal. Espero que no se realice otro evento fastuoso para disculparse.

Hace poco tiempo ha surgido el debate de la legalización de la mariguana y el presidente emitió una opinión contraria, aunque se dijo dispuesto a que se debatiera el asunto. El día 21 de abril, sorpresivamente, el presidente anunció que enviará una iniciativa para reformar la Ley de Salud con dos vertientes. Una para autorizar el uso de la mariguana para fines medicinales, la cual parece adecuada si tomamos en cuenta las propiedades curativas que tiene. La otra vertiente me parece peligrosa, aumentar la portación de la droga de 5 a 28 gramos, es decir de 1 a 6 carrujos, con el argumento de que en las cárceles hay muchos mexicanos acusados de portación de mariguana en pequeñas cantidades y que causan una sobrepoblación en los penales. A simple vista me parece una propuesta humanitaria sin consideramos que cuando la droga causa adicción, se convierte en una enfermedad y el no consumo le causa a las personas síndromes que pueden afectar incluso su vida.

Sin embargo, el problema no es ese. El problema es que al permitir una mayor portación de mariguana, si no se regula con precisión, aumentará el narcomenudeo y el comercio será mayor y mejor para los narcotraficantes. Con la propuesta se vislumbra que no  se afecta a las finanzas del crimen organizado, sino que además se promoverá esta actividad ilícita. Realmente, hay que ver el contenido de la iniciativa y espero que la revisen bien para no dar paso a una nueva disculpa.

Como la moda en el gobierno federal es dar disculpas, estaría bien que el presidente de la República solicitara una por la ineficiencia que ha mostrado durante su administración y por la poca credibilidad que le tiene la sociedad. Que también ofrezca disculpas por sus intervenciones en actos preparados para que se luzca haciendo declaraciones sobre un país que tiene más problemas que virtudes.

A propósito, no mencioné sus nombres porque finalmente es un problema de gobierno y no de personas, aunque éstas son las que obran mal y son las que dan las disculpas como una forma de evadir los problemas.

Óscar Enrique Díaz Santos*

*Doctor en Economía por la UNAM y especialista en gasto público y presupuesto

Contralínea 486 / del o2 al 07 de Mayo 2016