En pocas semanas deberá ser instalado el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Como su nombre los señala, el mecanismo tendrá como tarea dar seguimiento y evaluar los resultados de las 2 mil 412 líneas de acción contenidas en el programa, documento que a su vez tiene como base el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal presentado en mayo de 2008. El proceso de elaboración del diagnóstico y programa ha sido largo (tres años) y no ha estado exento de tropiezos.
La creación y funcionamiento de un mecanismo de trabajo interinstitucional (Comité Coordinador) ha sido un reto, pero también una experiencia enriquecedora para quienes, desde la sociedad civil organizada, hemos constatado que podemos sentarnos en la misma mesa funcionarios públicos, académicos y defensoras y defensores de derechos humanos para dialogar, tomar acuerdos, generar consensos o dejar en claro diferencias y disensos, sin perder autonomía o independencia, y sin dejar de ser una voz crítica.
Para nosotros es significativo que el Distrito Federal sea la primera, y hasta la fecha, la única entidad del país y del mundo, que cuenta con un diagnóstico y programa de derechos humanos. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Han habido momentos de mucha tensión, malos entendidos, compromisos no cumplidos, y toma de acuerdos y decisiones entre o por parte de algunos actores, en los que particularmente las organizaciones de la sociedad civil (OSC) nos hemos visto excluidas. Sin duda, se han cometido muchos errores, pero vale la pena señalar que éste es un proceso inédito en el que ninguna de las partes involucradas tenía mucha experiencia. Todo, desde el tipo de mecanismo de articulación, su composición y atribuciones, hasta la metodología de trabajo, era nuevo.
El Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal fue creado mediante una carta compromiso firmada el 3 de mayo de 2007 por los titulares de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y por los representantes de tres organizaciones civiles y dos instituciones académicas. La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mantenido en calidad de observadora del proceso.
Para la Oficina en México, era indispensable contar con la participación de las OSC en el Comité Coordinador, para ello lanzó una convocatoria a la que sólo siete organizaciones se postularan. Como posibles razones para esta escasa respuesta encontramos que: 1) Faltó más tiempo y más difusión de la convocatoria, 2) Durante muchos años, la presencia de un gobierno de izquierda en la ciudad creó la falsa idea de que aquí no se violaban los derechos humanos, por lo que las organizaciones civiles se enfocaron a vigilar las acciones del gobierno federal; 3) Participar en cualquier proceso o espacio de articulación implica invertir tiempo, recursos humanos y económicos, aspectos en los que las OSC están muy limitadas y; 4) La desconfianza ante este tipo de espacios o mecanismos de participación en donde muchas OSC no se sienten representadas y en los que algunas ya han tenido malas experiencias.
El mecanismo de elección de las organizaciones que formarían parte del Comité Coordinador resultó “incómodo”, ya que la Oficina en México de la Alta Comisionada no propuso ninguna metodología. Fueron esas mismas organizaciones quienes tuvieron que decidir entre ellas quiénes serían las que ocuparían los tres lugares como titulares y quiénes como suplentes. Finalmente se decidió que Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), y el Grupo de Información en Reproducción Elegida serían las titulares.
Ante el desconocimiento de la carga de trabajo que implicaría participar en este proceso, dos de las OSC suplentes renunciaron a los pocos meses y sólo el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC, suplente de la Redim, se mantuvo desde el inicio del proceso hasta la fecha, llevando incluso la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mecanismo de articulación que se formó para vincular al Comité Coordinador con el resto de las organizaciones del Distrito Federal. Debemos destacar que la calidad de suplente o titular nunca significó menos trabajo o compromiso dentro del comité. Ya durante la etapa de elaboración del programa, se incorporaron como suplentes también: Católicas por el Derecho a Decidir y Deca Equipo Pueblo.
Si la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil para formar parte del Comité Coordinador fue sorprendente, la del sector académico resultó realmente desconcertante. Sólo dos universidades se postularon: la Universidad Panamericana (UP) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México). ¿Qué pasó con las universidades públicas? Uno imaginaría que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la mismísima Universidad Autónoma de la Ciudad de México tendrían muchísimo que aportar tanto en información como en propuestas metodológicas, legislativas y de políticas públicas. Algunas investigadoras (es) y académicas (os) sí apoyaron en la revisión y elaboración de documentos tanto para el diagnóstico como para el programa, pero no hubo una participación institucional dentro del comité. Afortunadamente, UP y Flacso realizaron un papel sobresaliente; inclusive, debemos reconocer que si bien la UP no siempre compartía los puntos de vista de otros miembros del comité en temas como los derechos sexuales y los derechos reproductivos, jamás obstaculizó los trabajos y respetó las decisiones que como comité se tomaron.
En diversos espacios y momentos se ha señalado la importancia de que los tres órdenes de gobierno participaran en el Comité Coordinador. En la realidad, y en aras de no confrontarse con nadie ni entorpecer el avance del proceso, pocas veces se señaló la ausencia de la Asamblea Legislativa. En realidad la Asamblea participó en contadas sesiones del comité, nombraba a personas sin capacidad para la toma de decisiones para las sesiones o grupos de trabajo, y en las mesas intersectoriales para la elaboración del diagnóstico y del programa estuvo absolutamente ausente. Poco valieron los mensajes y exhortos que se mandaron en su momento a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Derechos Humanos de la IV Asamblea Legislativa. Sin embargo, cuando había reuniones de titulares del comité o actos públicos en donde había presencia de los medios de comunicación, sí se presentaba o el diputado Víctor Hugo Círigo o en algunas ocasiones el diputado Juan Bustos.
Otra joya para recordar es la participación de dos asambleístas en una visita hecha al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en marzo de 2009: acudieron a “presentar” un diagnóstico que no conocían, y los avances y objetivos de un programa en el que no participaron.
En el caso del Gobierno del Distrito Federal (GDF), las OSC reconocemos que ha existido voluntad política para participar en el proceso. Esta voluntad, sin embargo, se ha quedado sobre todo concentrada en el representante del Poder Ejecutivo del Distrito Federal y en sus representantes ante el comité (Secretaría y Subsecretaría de Gobierno). Es decir, no observamos que el diagnóstico y programa hayan sido ni suficientemente difundidos dentro de las estructuras del GDF ni mucho menos comprendida su importancia o impacto para la vida de quienes viven o transitan en el Distrito Federal. Por otra parte, han sido varias las ocasiones en que el GDF ha señalado la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso, pero al momento de hacer presentaciones públicas, sobre todo cuando hay presencia de medios de comunicación, las OSC han sido relegadas en nombre del “protocolo” y de lo “políticamente correcto”.
El proceso de elaboración del diagnóstico y programa ha sido sin duda sumamente complejo por su novedad y por la diversidad de actores que en él hemos participado. Como ya se ha señalado, no ha estado exento de tropiezos. Reiteramos que con todo y los problemas enfrentados, algunas organizaciones civiles decidimos apostarle a la posibilidad de incidir en las políticas públicas del Distrito Federal mediante el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa, sin dejar de reconocer ni ejercer nuestro derecho a utilizar otros medios o mecanismos para promover, difundir y defender los derechos humanos. Seguimos creyendo en la posibilidad de que en esta ciudad se hagan las cosas de manera distinta. Ya hay avances, el Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal son, entre otros, ejemplo de ello.
*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
