En México, el Estado desaparece personas por motivos políticos. Desde 2006 y hasta la fecha, al menos 139 luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones políticas (invariablemente de izquierda) han sido sometidos a desaparición forzada. De todos, 52 permanecen aún en calidad de desaparecidos, 28 fueron asesinados mientras se encontraban en manos de sus captores, 22 más fueron liberados luego de haber padecido tortura y siete aparecieron (y se encuentran) en prisión.
Son casos con nombres y apellidos, plenamente verificables. Como en toda desaparición forzada, fue el Estado el perpetrador, ya sea a través de funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno o agentes extragubernamentales que actúan con la connivencia o complicidad de servidores públicos.
Los datos pueden leerse en el documento 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México. Informe de 2006 al 2016, elaborado por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. Se trata de un informe pormenorizado en el que por cada persona se proporciona el nombre; el grupo social u organización a la que pertenece; el lugar de desaparición; la fecha de desaparición; los autores de la desaparición; y el paradero (cuando la víctima ha sido liberada, presentada o asesinada y sus restos encontrados).
Estas desapariciones forzadas han buscado desarticular movimientos sociales, ahogar reivindicaciones políticas, someter a comunidades que luchan en defensa de sus recursos o inhibir la participación política de grupos de ciudadanos… es decir, han servido para apuntalar y defender intereses ilegales de personas y grupos en posición de poder.
Los casos totales de desapariciones forzadas (incluyendo las que no son por motivos políticos) se cuentan por miles. Lo valioso de este informe es que demuestra que en este país se ejerce violencia contra las personas que se organizan para oponerse a los gobiernos en turno o defender intereses colectivos frente a los particulares. Demuestra el talante autoritario e ilegal del régimen ante la oposición real.
Días previos al ascenso del panista Felipe Calderón a la Presidencia de la República inició la serie de desapariciones por motivos políticos que los mexicanos padecemos hasta ahora. Cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, fueron desaparecidos a manos de policías estatales y comuneros de Nueva Palestina. Después vendría el caso de Jorge Gabriel Cerón, de las organizaciones Voces y Rostros y Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), ocurrido en Guerrero, y el de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en Oaxaca.
Todas las desapariciones forzadas son importantes, pero la de los eperristas marcaría un parteaguas en el sexenio de Felipe Calderón porque quedó claro desde el principio que en esta acción ilegal estaban involucrados militares, policías y, por supuesto, los poderes civiles federal y estatal. La guerrilla inició acciones de hostigamiento y se intentó incluso un diálogo entre el EPR y el gobierno mexicano a través de una comisión de intermediación. También generó la fundación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos que, además de mantener la búsqueda y exigir el cumplimiento de la ley a las autoridades, ha documentado los casos y ha hecho posibles informes como el que hoy comentamos.
Al final del sexenio que desató la violencia en el país como no se veía desde tiempos de la Revolución, el saldo de desapariciones forzadas por motivos políticos fue de 56. De éstas siguen desaparecidas 31 personas, 13 fueron asesinadas por sus captores y 12 fueron liberadas luego de haber sido torturadas.
Con el regreso de un priísta a la Presidencia de la República, las desapariciones forzadas por motivos políticos no cesaron. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el parteaguas fue el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron desaparecidos por policías municipales y sicarios. La responsabilidad del Ejército Mexicano y de la Policía Federal ha sido plenamente acreditada, al menos, por omisión.
Antes de la desaparición de los 43, en 2013 se habían contabilizado 27 casos. Y en el año de la desaparición de los normalistas ocurrieron otros siete, por lo que sólo en 2014 se registraron 50. Ya en 2015, los casos se redujeron a cuatro y en lo que va de 2016 se han documentado dos.
De las 83 personas sometidas a desaparición forzada por motivos políticos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, 51 permanecen aún en calidad de desaparecidas, 15 fueron asesinadas por sus captores, 10 fueron liberadas después de haber sido torturadas y siete aparecieron en prisión, donde permanecen.
Aunque todas las organizaciones golpeadas se reivindican de izquierda, no necesariamente comparten los mismos postulados ideológicos ni los mismos métodos y estrategias de lucha o resistencia. Tampoco son automáticamente aliadas o solidarias entre sí. Incluso, algunas rivalizan en los terrenos ideológico y práctico. Pero el Estado las ha golpeado de manera general.
Al analizar el valioso documento (producto de un esfuerzo admirable de parte de familiares de las víctimas) podemos observar que las personas desaparecidas por motivos políticos pertenecen a organizaciones estudiantiles, como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM),a la que pertenecen los 43 de Ayotzinapa; gremiales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); sociales, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y la Otra Campaña; indígenas, como la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco; ecologistas, como la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; político electorales como el Movimiento Regeneración Nacional (Morena); revolucionarias, como el EPR y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Mención aparte también merecen comunidades indígenas en defensa de sus montes y aguas, como las nahuas de Ostula, Michoacán, y de la Sierra de Manantlán, Jalisco, o la de la Tribu Yaqui, en Sonora; y defensores y activistas por los derechos humanos…
En el informe se advierte que estos 139 casos son los que la organización Hasta Encontrarlos ha podido documentar, pero que las personas desaparecidas por motivos políticos en México son más. Así, podríamos sumar cinco casos de la comunidad de Ostula que no están considerados en el Informe (sólo se señala el de Trinidad de la Cruz). En las páginas de Contralínea pudimos consignar en 2010 cuatro casos, entre ellos el del presidente de bienes comunales, Francisco de Asís Manuel, y documentar uno más ocurrido mientras el equipo de Contralínea se encontraba en la región. Dos niños y una adolescente me describieron la manera en se habían llevado a su padre horas antes. También es de destacarse que el Informe no considera los casos de los periodistas desaparecidos.
Cada caso es el testimonio de la existencia de un Estado delincuente. El discurso de los gobernantes y sus voceros en los medios es que todo es culpa de la omnipresente delincuencia organizada y que, seguramente, los desaparecidos “en algo andaban”. El cinismo les da para justificar la sustracción y, muchas veces, la tortura y muerte de seres humanos. Dos sexenios han bastado para reinstalar a México en las peores épocas de la Guerra Sucia.
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