Siempre he sostenido públicamente que creo en la inocencia de Florence Cassez. Soy un convencido de que la ciudadana francesa es víctima de una terrible injusticia generada por los abusos intolerables de las autoridades mexicanas. Creo también que es víctima de un linchamiento público provocado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y sus aliados del Movimiento Blanco. Me parece muy desalentador que buena parte de la sociedad mexicana no aprecie, en su enorme gravedad, los efectos perniciosos de las conductas ilegales de la policía y de los agentes del Ministerio Público. Pienso que nadie está seguro en México; cualquiera, en cualquier momento, puede ser víctima de los abusos de las autoridades. Me parece incomprensible que un sector de la población de mi país clame sólo por venganza y deje de lado la justicia, valor que parece inalcanzable.
En el caso de Cassez está en juego el futuro de nuestras libertades. El asunto es tan paradigmático por sus implicaciones políticas y sociales que Calderón se atrevió a confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una actitud que fue muy criticada por la opinión pública.
Lo único bueno en este terrible escenario fue la actuación de la Corte. Demostró una enorme solidez, integridad e independencia, en un caso tan complejo y plagado de aristas; logró mantener el equilibrio. No niego que me habría encantado que la Primera Sala aprobara el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que proponía otorgar el amparo y la libertad a Cassez. El proyecto fue valiente, generoso y pulcro jurídicamente. Sin embargo, en los asuntos legales nadie tiene la verdad absoluta. Es importante también reconocer que, tanto en el disenso como en el acuerdo, los ministros y la ministra de la Primera Sala mostraron contundencia y coherencia argumentativa, así como la independencia de sus criterios, también valientes.
Las posturas de quienes integran la Primera Sala de la Corte se fueron de un extremo a otro, pasando por el centro, y es allí en donde, al parecer, el tribunal constitucional se quedará para resolver el caso de Cassez. De la libertad propuesta por Zaldívar en el proyecto que fue desechado a la improcedencia del recurso, como lo sostuvo el ministro Guillermo Ortiz, la postura intermedia es la del ministro José Ramón Cossío, que propuso otorgar el amparo, pero no para el efecto de liberar a Cassez, sino para anular algunas pruebas vinculadas a las violaciones procesales cometidas en su contra.
Cossío dejó claro que otro resultado (seguramente más benéfico para Cassez) se habría presentado si la Corte hubiera conocido del caso mediante el ejercicio de la facultad de atracción y no mediante la revisión del amparo directo; en la primera (la atracción), el máximo tribunal se hubiera podido pronunciar con libertad respecto de todo el proceso: en cambio, en la segunda (la revisión), la Corte sólo lo podía hacer respecto de ciertos temas de constitucionalidad que no le permiten conocer de todo el juicio, sino únicamente algunas de sus partes. Es por ello que Cossío señaló que la naturaleza limitada del recurso impedía otorgar el amparo liso y llano a la ciudadana francesa, lo que hubiera implicado su liberación.
Si bien no dejo de simpatizar con el proyecto de Zaldívar, la postura de Cossío también abre la posibilidad de que Cassez sea liberada, no ya por la Suprema Corte, sino por un tribunal inferior. Creo que, por las posturas que adoptaron los ministros y la ministra de la Primera Sala –particularmente los tres que están a favor de otorgar el amparo–, el nuevo proyecto de sentencia, que será elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, deberá conciliar las posturas de Zaldívar y Cossío, que no me parecen esencialmente contradictorias. La propia ministra ponente expuso en su intervención, en la sesión de la Primera Sala del 21 de marzo pasado, su apoyo al proyecto de Zaldívar, que finalmente fue desechado.
Es indispensable, por el bien de la justicia en México, que Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero sean flexibles para incorporar las opiniones de los tres al nuevo proyecto, pues de no alcanzarse la votación necesaria para otorgar el amparo en esta nueva ocasión, el asunto seguramente sería turnado al pleno de la Suprema Corte; si esto último pasa, será muy difícil que Cassez obtenga la libertad. Es probable que el resto de los ministros (que integran el Pleno) tengan criterios menos flexibles tanto para admitir el recurso como para otorgar el amparo.
El proyecto de Zaldívar propuso que los temas constitucionales a tratar en el recurso fueran: 1) el principio de buena fe ministerial; 2) la interpretación de “sin demora” en la puesta a disposición ante el Ministerio Público; 3) la asistencia consular; 4) el “acceso a la justicia” y la “equidad procesal”; y 5) la presunción de inocencia. Cossío indicó que los temas netamente constitucionales sólo son los puntos 2 y 3. Sobre los efectos, el proyecto de Zaldívar propuso la libertad inmediata; en cambio, Cossío manifestó que los efectos sólo podían ser 1) la eliminación de las declaraciones de las víctimas en las que identifican a Cassez como consecuencia de las transmisiones en los noticieros, y 2) la eliminación de la primera declaración ministerial de Cassez. Entre estas dos posturas habrá que conciliar para que el caso se resuelva favorablemente.
Si se genera un proyecto intermedio, quizá lo que ocurra es que la Corte otorgue el amparo para efectos y le ordene directamente al tribunal de apelación que dicte una nueva sentencia, al considerar las definiciones constitucionales y dejando fuera las declaraciones de las víctimas. Así, el tribunal de apelación podría liberar a Cassez, condenarla o bien ordenar la reposición del procedimiento. El camino aún es largo para Florence.
*Abogado defensor de los derechos humanos
