Entre el 8 y el 18 de febrero de 2010, México recibió al relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz Villalobos. Durante su gira por diversas entidades, como el Distrito Federal, Chiapas, Nuevo León y Baja California, mantuvo también un diálogo con diferentes autoridades del país. Se entrevistó con Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública federal, y con Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluyó igualmente a autoridades estatales y municipales.
Asimismo, el relator especial interactuó con más de 1 mil personas de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a líderes y lideresas indígenas, maestros y maestras, estudiantes, padres y madres de familia, organizaciones magisteriales y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México.
La misión del relator especial sobre el Derecho a la Educación constituyó una oportunidad para denunciar la gravedad del panorama educativo en México, y para denunciar la ineficiencia que impera en el sistema. Por ello, el pasado 10 de marzo miembros de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, especialistas en el derecho a la educación, presentaron el Informe alternativo sobre el derecho a la educación en México y la educación en derechos humanos, que elaboraron y suscribieron en conjunto con motivo de la visita del relator, y con el cual le dieron a conocer sus preocupaciones por la insuficiencia de medidas adecuadas para cumplir con las obligaciones del Estado en la materia. En su calidad de insumo, el informe tiene la intención de señalar los focos rojos que se tienen que atender, desde la perspectiva de la sociedad.
Entre los datos del documento, encontramos que, entre 2000 y 2008, el gobierno ha recibido 166 recomendaciones de diversos mecanismos internacionales sobre el tema de la educación, de las cuales 83 corresponden a la Secretaría de Educación Pública, 13 al derecho humano a la educación en el país, y 10 a la educación en derechos humanos, por mencionar algunos, de las cuales se desconoce el seguimiento y es inexistente una política en materia de su cumplimiento, ya que hasta la fecha no se han instrumentado propuestas para satisfacer, mediante una política de Estado, las demandas educativas establecidas en ellas.
Si bien la educación pública de calidad está exigida por la Constitución, ese derecho en la práctica resulta irrelevante, ya que no impone al Estado la obligación de hacerlo exigible por la ciudadanía, como corresponde a las normas jurídicas fundamentales. La educación en México no es todavía un derecho en la práctica exigible por los ciudadanos, pese a las múltiples violaciones que sufre. Se le viola cuando se pierden días de clases por los paros magisteriales; cuando se vulnera la gratuidad de la educación, al cobrar en las escuelas públicas cuotas “voluntarias”; cuando no se ofrece una educación de calidad por parte del Estado; o cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y la cultura de la comunidad; así como por las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de educación que no atienden las condiciones estructurales del sistema.
El informe subraya la urgencia del deslinde del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de las políticas educativas, y denuncia el fracaso de supuestas reformas educativas, como la Reforma Integral de Educación Secundaria, y la manipulación política de los maestros.
La falta de educación en derechos humanos es otra de las lagunas señaladas en el informe. De esta manera se deja de lado la posibilidad de articular la dimensión de exigibilidad y justiciabilidad, y el ciudadano pierde la posibilidad de hacer efectivos sus derechos.
El informe resalta también que estas fallas tienen un impacto en la educación de los mexicanos y mexicanas, y denuncia que más de 1 millón 400 mil niños y niñas no tienen acceso a la educación, y que de cada 10 niños que ingresan a la escuela primaria, sólo cuatro cursan educación superior, dos logran titularse y sólo uno cursa el posgrado. Hay, además, 6 millones de adultos analfabetas.
A través del documento se señala también la disparidad en el ejercicio del derecho a la educación, cuando se habla de algunos sectores que se ven discriminados, como es el hecho de que la inmensa mayoría de las mujeres indígenas mayores de 65 años (303 mil de 473 mil) no puede leer ni escribir, o se hable de poco más de 2 millones de niños con algún tipo de discapacidad, de los que el sistema educativo sólo atiende a 400 mil. Igualmente se advierte la persistencia de la discriminación de género. Solamente las mujeres indígenas representan un 43.6 por ciento de rezago, y se encuentran en los estados con menos desarrollo económico, como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Puebla.
Ante tal panorama, el documento recomienda al Estado mexicano que se eleve a rango constitucional el derecho a la educación en derechos humanos; que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal revisen sus políticas y programas con el enfoque del derecho humano a la educación y de la educación en derechos humanos. Asimismo, que se revisen el artículo 3 de la Constitución, la Ley General de la Educación y las leyes estatales de Educación desde estas perspectivas. Recomienda igualmente aplicar los principios del derecho internacional como normas complementarias del derecho interno a la educación, y la creación de un ombudsman de la educación. Menciona, además, la necesidad de que el SNTE se deslinde del diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de educación y de los lineamientos del sistema educativo.
Las organizaciones de la sociedad civil autoras del informe alternativo recomiendan también que México ratifique la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de Enseñanza (1960) y su protocolo de 1962; que se garantice la efectiva aplicación y cumplimiento de las 83 recomendaciones que se han extendido al Estado mexicano en materia educativa, y otorgar un presupuesto digno y suficiente a la educación en los tres niveles de gobierno, a resguardo de los cambios y las variaciones en las finanzas públicas.
Para atender a los grupos en situación de discriminación, el informe recomienda que se elaboren materiales educativos, audiovisuales y bibliográficos en las diversas lenguas indígenas, con el fin de lograr una educación equitativa y de calidad para estudiantes indígenas y migrantes; y que las evaluaciones nacionales e internacionales que se dirijan a las poblaciones indígenas y migrantes se realicen en las diversas lenguas que existen en el país. Se pide, además, la revisión permanente de libros de texto gratuito y materiales didácticos con perspectiva de género, para eliminar textos e imágenes sexistas y discriminatorias que promuevan la violencia de género.
Se insta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que emprenda una revisión crítica de su exigua jurisprudencia en materia de educación, y que resuelva con empeño las demandas y casos de violaciones a los derechos humanos en los establecimientos educativos, y difunda ampliamente sus sentencias.
Pide también que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos se convierta en un organismo autónomo que establezca indicadores para medir explícitamente los avances en la realización efectiva del derecho a la educación.
Se solicita igualmente al relator que incluya en su informe sobre la visita a México la preocupación por las inadecuadas condiciones medioambientales, de higiene y seguridad con las que operan diversos planteles educativos en el país, y coadyuve en la promoción y elaboración de una comunicación conjunta desde su mandato con los relatores especiales en materia de salud (señor Anand Grover), alimentación (señor Olivier de Schutter) y residuos tóxicos (señor Okechukwu Ibeanu) sobre el caso de contaminación del Río Santiago, que contamina varias de las escuelas que están ubicadas en sus inmediaciones.
*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
