/ Segunda parte
A finales de la década de 1990, empezaron a divulgarse los nexos entre el feminicidio de Ciudad Juárez, algunos policías locales y la mafia juarense, sicarios y secuestradores. Tres agentes federales que investigaban los vínculos de La Línea fueron detenidos por policías vinculados a ésta; fueron encarcelados en 1998 por secuestro: hubo testimonios de testigos que nunca aparecieron. Todos los datos que habían recabado estos tres agentes federales señalaban como integrantes de la citada organización secreta a Alejandro Castro Valles, primer comandante de la Policía Judicial de Chihuahua, y a Francisco Minjárez, jefe del Grupo Especial Antisecuestros y conocido protector de la mafia juarense. El diario Norte, de Ciudad Juárez (Huerta, Carlos, “Espera PGR expedientes de secuestros en Juárez”) llegó a publicar que los “… encargados del grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia del Estado, Francisco Minjárez y Carlos Medina, figuraban como los principales operadores de las desapariciones forzadas en Ciudad Juárez (…) Cabe denunciar que son más de 196 desapariciones que se vinculan a Francisco Minjárez y su grupo, quien recibía órdenes del entonces jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Francisco Molina Ruiz” (González, Huesos en el desierto, página 240).
Policías, asesinos de mujeres
Una prueba de la conexión entre la policía de Ciudad Juárez y los feminicidios es un testimonio recogido por Lourdes Portillo en su documental Señorita Extraviada. Portillo entrevista a una mujer, vecina de la ciudad, que se dirigió a una comisaría de Juárez por un conflicto vecinal. Después de ser retenida por no tener dinero para pagar la fianza, la llevaron a los calabozos; ahí fue violada por cuatro policías municipales, uno de ellos de sexo femenino (Portillo, Señorita Extraviada). Tras pasar más de 24 horas retenida, le advirtieron que, si hablaba, le pasaría lo que le había ocurrido a las otras chicas. Entonces le mostraron una serie de fotografías en las que, según esta mujer, se veía cómo éstos y otros policías violaban, pegaban, torturaban y vejaban de distinto modo a varias jóvenes. Al final, en las últimas fotografías se veían a todas las chicas muertas (Washington, Cosecha de mujeres, página 123). Los policías municipales acusados fueron arrestados en octubre de 1999, pero un juez los puso en libertad al considerar que las pruebas aportadas en su contra eran insuficientes (González, Huesos en el desierto, página 123).
Lilia Alejandra
Casi tres años después, el asesinato de una joven señaló una vez más la conexión entre negligencia policial y narcotráfico. La víctima, Lilia Alejandra García Andrade, tenía 17 años y dos hijos. Trabajaba en una maquiladora para costearse los estudios de periodismo. Fue asesinada en febrero de 2001. Su cadáver fue descubierto el 23 de febrero de ese año en un terreno cercano a la calle Rancho Agua Caliente. Nueve meses después, la Procuraduría General de la República (PGR) filtró un informe a la prensa sobre el caso, facilitado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), con fecha del 5 de septiembre de 2001, en el que se decía que varios sicarios, al servicio de narcotraficantes, la secuestraron y la tuvieron retenida varios días. Algunos de los testigos que colaboraron con el FBI en este informe fueron amenazados después de su divulgación y tuvieron que abandonar la ciudad. Según algunos informantes, el 19 de febrero de 2001, varios días después de que desapareciera, vieron en la calle Rancho Becerra a una mujer (que posteriormente identificarían como Lilia Alejandra), dentro de un coche blanco, forcejeando con un hombre. Otro hombre, que se encontraba afuera vigilando, entró en el Teleservicio Domínguez, situado enfrente del coche. Mientras tanto, varios testigos llamaron a la policía hasta en dos ocasiones para que ésta hiciese acto de presencia. Los agentes que recibieron los avisos por radio decidieron no acudir, pues, según declararon posteriormente, pensaron que se trataba de una broma. El cadáver de Lilia Alejandra Andrade fue encontrado en un terreno del exgobernador Teófilo Borunda. Curiosamente, muy cerca de donde se localizó su cadáver se encuentra el bar Hooligan’s, del que fueron propietarios los Carrillo Fuentes, jefes del cártel de Juárez (González, Huesos en el desierto, página 244).
Después de haber estado desaparecida cinco días, se supo que, por esas fechas, el Teleservicio Domínguez había sido remodelado y que la policía encontró en el cuerpo de Lilia Alejandra residuos de un tipo de pegamento utilizado en la instalación de alfombras. Estos detalles carecerían de importancia de no ser por la información que recabó el FBI en su informe y que vincula al Teleservicio Domínguez con el narcotráfico, debido a que el propietario de dicho negocio está relacionado con Raúl, un conocido narcotraficante de la ciudad. En la investigación de la agencia estadunidense, se menciona el testimonio de una mujer, amiga de la esposa de uno de los empleados de Raúl, dedicado al empaquetamiento de drogas y la construcción de compartimientos en vehículos. Dicha testigo afirmó que, en una ocasión, Raúl le ofreció trabajar en el narcotráfico, pero advirtiéndole que para ello tenía que matar a alguien de su familia. La gente asesinada por este grupo de narcotraficantes es mutilada, lo que incluye arrancar los testículos o los senos de las víctimas (González, Huesos en el desierto, página 245). El cuerpo de Lilia Alejandra presentaba un pezón arrancado y marcas profundas en las muñecas, similares a las que dejan las esposas de policía (Fernández, La ciudad de las muertas, página 56). Hay que destacar que un número muy significativo de mujeres asesinadas en Juárez presentan amputación de alguno de los senos.
Funcionarios negligentes y encubridores
Existe un grupo de funcionarios que ha sido acusado de negligencia por instancias policiales y judiciales, por diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por numerosas organizaciones civiles que estudian los feminicidios de Ciudad Juárez. Esta lista fue hecha pública por primera vez en el libro Cosecha de mujeres, de Diana Washington, en 2005. En él se señala de forma directa a aquellas personas que habían actuado de modo no profesional y sospechoso en las investigaciones de los feminicidios (Washington, Cosecha de mujeres, páginas 295, 296).
Es probable que los funcionarios de la lista formaron parte, en su momento, de una iniciativa definida por los principales responsables de los feminicidios: el evitar que se supiese quién había cometido los crímenes, fabricando a su vez “culpables” que permitiesen dar sensación de justicia a la sociedad civil. Podemos identificar un patrón de actuación de todos estos servidores públicos que trabajaban de forma conjunta para entorpecer las investigaciones, dentro del cual se establecería una especie de jerarquía de la negligencia, siendo inversamente proporcional la gravedad de la misma respecto del cargo que se ocupara. Todo estaba perfectamente estudiado para retrasar y paralizar las investigaciones sobre los asesinatos, actuando todos estos funcionarios a modo de cadena perfectamente sincronizada entre sí (Washington, Cosecha de mujeres, páginas 295, 296).
Empresarios: violación masiva
Con el paso del tiempo, se establecían los distintos pactos del narco con diversas autoridades policiales y militares encargadas de la lucha contra el narcotráfico. El cártel de Juárez era intocable. Su riqueza era tal que podía comprar todo y a todos; incluso podía adaptar la justicia y la guerra contra el tráfico de drogas a su favor. Sin embargo, todo parecía indicar que, en la ecuación policía-narcotraficantes, faltaba una incógnita, la cual ayudaría a entender el grado de impunidad que se vive en Ciudad Juárez y su por qué. Aquí fueron de nuevo esenciales algunos medios de comunicación, enemigos incuestionables de la impunidad, cuando difundieron el testimonio de una chica que había sido violada masivamente en una fiesta. Sus agresores sexuales fueron reconocidos por ella; eran figuras muy importantes y respetadas de la ciudad, entre quienes destacaban miembros de una importante familia que posee grandes empresas vinculadas al petróleo y al gas (Sánchez, La ciudad devorando a sus hijas).
El culpable perfecto
En 1995, el feminicidio de Ciudad Juárez ya era percibido por las autoridades y por la sociedad civil como un problema. De los responsables, no había ni un rastro. Sin embargo, pronto las propias autoridades fabricarían unos culpables que encajasen perfectamente en el perfil que se tenía. Había cierta prisa, ya que en el verano de 1995 aparecieron en Lote Bravo (un terreno semidesértico de la ciudad) los cuerpos de tres jóvenes de entre 17 y 20 años. Las tres eran morenas, delgadas, de pelo largo y de clase humilde. Poco después, el 3 de octubre de 1995, la Policía Judicial del Estado de Chihuahua detuvo a Abdel Latif Sharif Sharif, un químico de 49 años y de nacionalidad egipcia que se había mudado recientemente a Ciudad Juárez después de haber trabajado 20 años en Estados Unidos. Tenía antecedentes penales y 14 denuncias en juzgados estadunidenses por violación y atentados al pudor. Si a esto sumamos que una joven de la localidad lo había acusado recientemente de violación, secuestro y lesiones, tenemos al responsable perfecto para la policía (González, Huesos en el desierto, páginas 15, 16). Así, Sharif constituyó la primera pieza de una maquinaria que durante más de 10 años funcionaría a pleno rendimiento, creando teorías y pruebas físicas, mientras se destruían todas las posibles pistas y conexiones que pudieran implicar a los verdaderos culpables.
El diario de Richie
Ese mismo año, la policía municipal de Ciudad Juárez descubrió, en un cubo de basura del centro de la ciudad, un sobre con 10 hojas atadas con un cordón. Éstas estaban escritas a mano, en mayúsculas y tenían dibujos con escenas de sexo muy violentas, que acababan con la tortura y muerte de varias mujeres. Los textos recuerdan con gran precisión a algunas de las víctimas encontradas en Lote Bravo, ya que, incluso, se describen senos arrancados, estrangulamientos, golpes en diversas partes del cuerpo. Al final de las hojas, aparece una firma: “Richie”. Después de que parte de este texto se publicase en El Diario, se le empezó a denominar el Diario de Richie. A pesar de que la búsqueda de pistas por parte de la policía no condujo a nada, un año y medio después, en el verano de 1997, una nueva carta era encontrada. Ésta iba destinada a una adolescente que acabó suicidándose antes de leerla. No se sabe desde dónde se había enviado ni quién era el autor real, sólo una única coincidencia, la firma: “Richie, el violador de chiquillas y adolescentes” (Washington, Cosecha de mujeres, página 158).
El contenido del texto, que estaba escrito en mayúsculas y lleno de faltas de ortografía, tenía fecha del 27 de julio de 1997, y decía: “Berenice, mi reina, te espero el domingo 3 de agosto […] quiero festejar mi cumpleaños contigo […] abordarás a dos pequeñas de 13 y 14 años, les darás cocaína y las llevarás a la casa de ladrillos de la otra vez. […] Las violaremos y tú llevarás una bolsa de cocaína por la avenida Juárez, frente a Joe’s Place. […] Cuento contigo, mi reina. No me la juegues gacho porque correrías el riesgo de que te pasara lo que a Silvia Guadalupe y a Miriam […] No juegues como jugaron las del Lote Bravo. No quiero que abras la boca para nada. Si no, serás violada por varios hombres […] Recuerda que le gusta violar a las mujeres […] Las agarra del cuello, las jala para atrás hasta que sus huesos se rompen y disfruta mientras ellas mueren”. Posteriormente, se supo que el diario había sido escrito por un narcotraficante de la ciudad que tenía importantes conexiones con la policía: Alejandro Máynez (Fernández, La ciudad de las muertas, páginas 64-66; Ronquillo, Las muertas de Juárez).
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Fuentes
Huerta, Carlos, “Espera PGR expedientes de secuestros en Juárez”, Norte, 10 de marzo de 2002.
González Rodríguez, Sergio, Huesos en el desierto. Barcelona, Anagrama, 2002.
Portillo, Lourdes, Señorita Extraviada. México, 2001.
Washington Valdez, Diana, Cosecha de mujeres: safari en el desierto mexicano. Toda la verdad sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. México DF, Océano, 2005.
Sánchez, Alejandra y José Antonio Cordero, Bajo Juárez. La ciudad devorando a sus hijas. México, 2006.
Ronquillo, Víctor. Las muertas de Juárez. Crónica de los crímenes más despiadados e impunes de México. México DF, Editorial Planeta Mexicana, 1999.
* Doctorante en historia contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, España
