El movimiento como antítesis y síntesis del cambio

El gran reto de las manifestaciones populares –entre ellas la del Yo Soy 132, estimuladas por el sucio proceso electoral– es cómo trascender ese ámbito de corto plazo sin hundirse en el desencanto disolvente que, eventualmente, puede provocar la calificación de las elecciones, la cual, torciéndole el cuello a la Constitución y a las leyes secundarias en la materia, forzará la legalización y la legitimación de la entronización de Enrique Peña Nieto. Pese a la montaña de tropelías cometidas por el priísta y la coalición de la derecha que lo acompaña en su aventura golpista, que en una nación republicana justificarían la anulación de los resultados y la reposición del proceso como única salida para limpiarlo y restablecer el estado de derecho y la credibilidad en el sistema, el comportamiento de las autoridades electorales no permite esperar un desenlace distinto al conocido en 1988 y 2006.

El desafío es cómo superar la espontaneidad que originó el descontento, su fase de resistencia contestataria. La paradójica exigencia de cambios al propio sistema que se opone a los mismos, en el que desconfía, al que rechazan y que ha demostrado que no tiene nada que ofrecerles, salvo más terapias de choque económico, contrarreformas neoliberales y despotismo político, causantes de la desobediencia civil y de la larvada rebelión social. La imposibilidad de desbordar tales limitaciones ha llevado a otras movilizaciones a fragmentarse, aislarse, desgastarse y extinguirse cíclicamente, ya sea por la naturaleza e inmediatez de sus demandas y su escasa resonancia en otros sectores de la población, sus divisiones internas o la represión gubernamental. Éste ha sido el caso, a manera de ejemplo, de las sucesivas movilizaciones estudiantiles: 1968 y 1971 (ahogadas en sangre por los priístas renacidos), 1986 (en rechazo a la contrarreforma neoliberal educativa que quiso imponer el salinista Jorge Carpizo, convertido en “apóstol democrático” a su fallecimiento) y 1999 (sofocado por el zedillista Juan Ramón de la Fuente –propuesto por Andrés Manuel López Obrador como titular de educación del gobierno que fue robado– con el ingreso de la policía a la Universidad Nacional Autónoma de México y el arresto de cientos de estudiantes huelguistas y la expulsión de varios de ellos).

“Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, dijo Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar o José Ortega y Gasset, a quienes se les atribuye la expresión.

Simbólicamente, tienen sentido las manifestaciones realizadas en contra de empresas como Televisa o Soriana, y que podrían extenderse a Tv Azteca-Elektra, Monex, Walmart o el Grupo Milenio. Éstas y otras actuaron y operan junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Partido Verde Ecologista de México y las autoridades electorales como una pandilla de delincuentes. ¿Qué otra cosa esperaban esos miembros del crimen organizado del “coraje popular” ante sus felonías y la cerrazón del sistema? No utilizo la locución “agravio moral”, porque como dice Barrington Moore en su trabajo La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, “tiene una carga muy fuerte del sufrimiento propio del intelectual, demasiado sabor a sermón”. Las concentraciones de los descontentos ante esas instalaciones, en México y otros países como los primermundistas homologados en el infierno tercermundista, por el contrario, según mi punto de vista, han sido irreprochables y demasiado civilizadas ante las bárbaras hordas tropicales.

¿Acaso no decidieron sus dueños, con sus mafiosos oficios, el triunfo de Enrique Peña Nieto para que defienda sus intereses contrarios a los de las mayorías, convirtiendo el acceso a la Presidencia en una degenerada herencia autocrática –resonancias de las palabras de Maquiavelo– y no resultado de un ejercicio democrático? ¿Acaso con esa recurrente práctica no se atrajeron hacia Peña Nieto y ellos mismos el odio común? ¿Acaso no son ellos los responsables de las acciones de quienes se sienten heridos y ultrajados? La chusma derechista es la causante de la crispación social, la crisis electoral y la descomposición del sistema. En lugar de permitir la libre elección, forzaron el encumbramiento de su siervo Enrique Peña, basado en poder político del capital y su capacidad para corromper y comprar a los votantes, que ellos mismos han convertido en desechos humanos, junto con los mercenarios del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ellos convirtieron la supuesta república y la presumida democracia en palabras huecas, en grotescos sarcasmos. Esas “nobles familias” oligárquicas, cuyas ambiciones económicas son desenfrenadas, tienen tanto poder como son capaces de imponer por la fuerza. ¿Cómo controlaban los corrompidos Médicis a su ciudad-Estado y sus instituciones republicanas? De manera sencilla: colocaban en los lugares clave de la administración a individuos que eran empleados suyos. Esas prácticas, transformadas en moneda de uso corriente, combinadas con la violencia, se transformaron en un imperativo para asegurar su poder mientras pudieron hacerlo.

Ahora, con simpática desvergüenza, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios publica un desplegado contra del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, titulado “¿Hasta cuándo?”, por su osadía de demandar la limpieza del proceso, la anulación del sucio “triunfo” de Peña Nieto, la convocatoria a nuevas votaciones y el nombramiento de un presidente interino. Los hombres de negocios inescrupulosos braman: “ya son dos las elecciones presidenciales en las que los partidos que representan a las izquierdas alegan fraude porque el resultado fue contrario a sus intereses”. Los acusan de “crear un ambiente de intemperancia, en el que se alientan o al menos no se desautorizan acciones que afectan al público y a empresas como Soriana que trabajan en bien del desarrollo del país” (sic), y les exigen respetar el estado de derecho.

¿Acaso ese movimiento no tiene el derecho legal que respalda sus reclamos? ¿Acaso no ha seguido el curso fijado por las normas constitucionales y electorales y desmovilizado a sus votantes? ¿El tercer reclamo no es producto del tercer fraude electoral que ellos cometieron? ¿Es un delirio de su mente loca? ¿Los estudiantes y los sectores de la población que se han sumado a las movilizaciones son simples perturbados manipulables? Al reducirlos a esa categoría sólo atizan el rencor social.

Sin embargo, no es ocioso recordar que Emilio Azcárraga Jean o Ricardo Salinas Pliego, como señalara Carlos Marx, son simples “figuras del capitalista, personas en la medida que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase” (las cursivas son de Marx). En ese sentido, la lucha social debe orientarse en contra de la clase y, en particular, sobre su facción oligárquica, sus intereses y las relaciones históricas que representan. Al individualizarlos, los descontentos sólo afectan a una cuantas “figuras”, sin mayor trascendencia política, y pueden ganarse la animadversión de la población convertida en consumidora por las reglas capitalistas y no en ciudadanos conscientes del crítico momento histórico que atraviesa la nación.

Esa parte de la sociedad, cosificada como consumidores, al igual que otros que se sienten afectados por las movilizaciones, carentes de educación política, instintivamente los confundirá con sus adversarios de clase. Lorenzo de Médicis, calificado como el “Magnífico” porque supuestamente era el más brillante de la familia, decía: “no hay nada de genio en las gentes menudas que trabajan con sus manos, y que no disponen del tiempo libre necesario para cultivar su inteligencia” (sic). Desde luego esa situación no es exclusiva de las “gentes menudas”. También es compartida por las “familias nobles”, económica-políticas. La diferencia es que éstas obtienen sus títulos nobiliarios académicos en instituciones que reproducen el abismo de clase, aunque sus luces sean similares a las de la chusma. Aunque disponen de tiempo libre, sus ventajas y privilegios son resultado del lugar que ocupan en la estructura de dominación y de sus atributos naturales o divinos. Lo que natura non da, Salamanca non presta.

Por demás, es conocido que la educación no confiere automáticamente los valores democráticos ni la conciencia de clase. Por el contrario, normalmente tiende a reproducir los valores del sistema de dominación y a legitimarlos. Para reforzar esa hegemonía, acabar con la posibilidad de que con la ilustración la población pueda superar su “minoría de edad” (Kant dixit) y evitar que florezca el “genio” de las “gentes menudas”, se vuelva subversivo y se escape del control, los neoliberales priístas-panistas han degradado a la educación pública, presupuestalmente y en la calidad de su infraestructura y sus contenidos (entre ellos eliminan las humanidades), restringe su acceso, sobre todo en la media y superior, que, de paso, destruye la posibilidad de la movilidad en la escala social, que fue típica de los Estados de bienestar y que ofrecía las expectativas de una mejoría en las condiciones de vida de los sectores bajo y medio de la sociedad, impulsan su privatización, su conversión en un negocio más, y privilegian la capacitación técnica. Sólo quieren autómatas que “trabajen” con sus manos, que no piensen y cuyos salarios sean lo más bajo posibles para reducir los costos del trabajo de las empresas y elevar su competitividad y las ganancias de sus dueños, costa de la miseria de los trabajadores.

En el proceso de envilecimiento de las mayorías, Televisa y Tv Azteca, como parte de los grupos de poder, cumplen una tarea invaluable, al igual que la iletrada Elba Esther Gordillo y su bruta pandilla, que controlan corporativamente, a sangre y fuego, al sindicato de maestros. Mientras sean útiles estos últimos, mantendrán su papel de matones a sueldo, corrupta y jugosamente remunerado.

Lo anterior explica, por ejemplo, que 13 de cada 100 personas lleguen a la universidad pública asfixiada presupuestalmente: de por sí, las instituciones superiores padecen la vida de jeque que se dan sus gerentes. El panista señor feudal –valga la redundancia– de El Colegio de México, Javier Garciadiego, por citar un caso, percibe un ingreso bruto mensual por 153.5 mil pesos (22.8 mil como salario base, más una compensación de 130.6 mil pesos), 111 mil, si se descuentan impuestos. Dicho pago no considera otras prestaciones (vacaciones, pagos adicionales discrecionales, teléfono, viajes, alimentos, entre otros). Felipe Calderón obtiene 208.6 mil brutos, 147.6 mil netos, sin considerar las remuneraciones complementarias.

Cada año, sólo en la capital, se marginan de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana entre 200 mil y 276 mil personas. En 2012 se les ofrece a 50 mil rechazados la opción de las escuelas técnicas, en las que José Ángel Córdova, titular de Educación Pública, reconoce que “algunas” de ellas carecen de aulas, laboratorios o talleres. El salario medio que recibe la mitad de los egresados de éstas es de 1.5 a 2.5 salarios mínimos (93.5 y 166 pesos diarios). El 66 por ciento son ocupados en empresas precarias que difícilmente les otorgan prestaciones sociales y estabilidad laboral. Es la miseria educativa que reproduce la miseria social. A otros se les proponen becas para que estudien con los mercaderes de la educación privada. Es el mismo esquema pinochetista que impugnan los estudiantes chilenos, víctimas de la voracidad financiera, que los condena a pagar las becas-crédito por años. Los narcos ocupan niños y jóvenes como halcones. El PRI hizo lo mismo. Pero peor pagados.

La superación de la mentalidad sumisa que impone el sistema puede superarse con la concientización social, como señalara Lenin. El movimiento de los descontentos, entre ellos el juvenil, tiene que orientarse a educar de esa manera a las mayorías que manipuló miserablemente el PRI. También tiene que buscar medidas de lucha más contundentes que inquieten a los capitalistas como clase, no individualmente. Es necesaria la articulación autogestiva de las organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, populares, dispersas en el país, con propósitos similares, con un programa clasista preciso de largo alcance, de cambio democrático, antineoliberal, anticapitalista, con tácticas y estrategias comunes y adaptadas a las necesidades locales. Sólo así podrán adquirir fuerza social y nacional para crear al poder un contrapoder, y luego un antipoder. Recuperar la política y traerla al primer plano implica entender la naturaleza conflictual de las sociedades en tensión permanente: que el conflicto pone en marcha a las sociedades, las niega como parte de la solución, pero posibilita el cambio.

Frente a la amenaza del poder está la necesidad de construir poderes colectivos, directos e indirectos, como forma de protección y persuasión a sus pretensiones “divinas” o represivas. El llamado empresarial al “orden” es un llamado velado al uso de la fuerza estatal. La sola movilización condena a sus participantes al papel de multitud. Si afloja es un movimiento muerto.

*Economista

Fuente: Contralínea 298