Lula Da Silva

 

La única forma de terminar con el poder omnímodo de los oligarcas de los medios de comunicación, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, es hacer lo mismo que hizo Perseo para acabar con Medusa: cortarle la cabeza. Esto a través de dos medidas: el establecimiento de la legalidad y su democratización.

 

Una es la instauración del estado de derecho. El Artículo 28 constitucional es explícito: “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas [que] la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social”.

 

Lo anterior implica, además, recuperar la rectoría del Estado en las telecomunicaciones (el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicación, el sistema de comunicación vía satélite, señaladas en la Ley Federal de Telecomunicaciones); replantear su funcionamiento y reforzar las normas antimonopólicas; fortalecer a las instituciones reguladoras de la industria y el mercado (la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las comisiones federales de Telecomunicaciones y Competencia) con el objeto brindarle más poderes (colmillos contra colmillos) y una mayor autonomía frente al empresariado participante, el propio gobierno –Ejecutivo y Legislativo– y los grupos de presión; permitir la participación institucional de otros sectores sociales en la vigilancia de dichos organismo, la definición de sus directrices y la elección de sus funcionarios; crear los mecanismos legales para la defensa de los intereses de los usuarios y la población; fijar medidas e imponer severas sanciones a los funcionarios para garantizar su imparcialidad, probidad y eficacia, y evitar su connivencia y sometimiento con los industriales del ramo u otros grupos; castigar a los usufructuarios y las autoridades que han solapado las dilatadas tropelías cometidas por aquellos en la explotación de los servicios propiedad de la nación.

 

Esas y otras disposiciones contribuirían a sanear el ambiente de las telecomunicaciones, pervertido por los intereses económicos y políticos de la esquizofrénica oligarquía que los monopoliza, pisotea altaneramente las leyes con la complacencia y connivencia gubernamental –ejecutivos y legisladores– y los partidos políticos, principalmente Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México con los que intercambia oscuros favores, presta sus servicios facciosos, legales e ilegales, corrompe, chantajea, golpea. Mejoraría la infraestructura, la incorporación y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la competitividad, la calidad, la cobertura, el acceso, los precios y la participación de otros actores en la radio, la televisión abierta y restringida, el internet, telefonía fija y móvil.

 

Tales aspectos, empero, son insuficientes porque sólo cubren el ámbito económico. Se requieren otras reformas que modifiquen los contenidos que modelan la cultura de la degradación de la sociedad, permitan el derecho a la información, la libertad de expresión, la democratización de los medios, a las que se han opuesto Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Ellos son expertos en la manipulación, la desinformación, el linchamiento de sus opositores, la conspiración, el asalto, el robo. Imponen sus intereses por cualquier medio, como expertos déspotas orientales incivilizados: princeps legibus solutus est (el príncipe no está sujeto por la ley), o lo que es lo mismo, la palabra del rey es la ley.

 

En nada se diferencian a las prácticas de sus pares de otras latitudes. Por ejemplo Silvio Berlusconi, emperador de los medios en Italia (la corporación de las telecomunicaciones Mediaset, el grupo Mondadori, el diario La Repubblica o el semanario L’Espresso) y de fama conocida; Guillermo Zuloaga (Globovisión) o Gustavo Cisneros (Venevisión), entre otros que complotaron y participaron en la desestabilización y el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, en Venezuela. En pleno asalto del poder, ocultaron la asonada y la resistencia popular –salvo para transmitir en sus pantallas las palabras de Pedro F Carmona, el presidente de facto por 47 horas– divulgando el beisbol y otros programas, postura que recuerda la decisión de Ricardo Salinas por transmitir un programa de futbol en lugar del primer debate de los candidatos presidenciales; también podemos mencionar a Roberto Marinho (Organizaciones Globo, el tercer conglomerado de medios de comunicación más grande del mundo, después de CBS y ABC, propietario de TV Globo, Radio Globo, el Jornal do Brasil, bancos, inmobiliarias o empresas de alimentos), cuya familia mantuvo estrechas relaciones con la dictadura militar de Brasil en 1964, y que ha sido acusada de operaciones ilegales para ampliar sus intereses, protegida por las elites políticas, antes de la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva (20032011). En el proceso electoral de 1989 Rede Globo realizó una operación sucia memorable: editó el último debate entre los candidatos para favorecer a Fernando Collor de Mello, quien resultó triunfador sobre Lula, hecho que también recuerda a Televisa y Tv Azteca en 2006 con sus políticas difamatorias en contra de Cárdenas o López Obrador, su rechazo al recuento de las votaciones en 2006 y su papel en el golpe de Estado técnico de Felipe Calderón. Rede Globo participó en la guerra sucia de la derecha en contra de Luiz Inácio da Silva, calificándolo como el “riesgo Lula” o “populista”, palabras que igual resuenan por estos lares. Es la “globalización” de la descalificación de la derecha; consideramos también a Ernestina Herrera de Noble o Héctor Magnetto (Grupo Clarín, SA, conglomerados de multimedios, dueño de Cablevisión, las señales de cable Todo Noticias, TyC Sports o Canal Rural, el diario Clarín), amigos de las dictaduras y conspiradores de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández; a la familia Edwards, poseedora de El Mercurio, que participó activamente en el golpe militar en contra de Salvador Allende.

 

A Emilio Azcárraga, Salinas Pliego y otros dueños de los medios de comunicación no les interesa la libertad de expresión o la democratización de los medios, aunque algunos traten de aparentar una vocación republicana. Esto no es un fenómeno nuevo. Hegel fustigó la “miserable subjetividad de la mala prensa”. Marx se preguntaba: “¿Acaso es libre la prensa degradada a industria? La primera libertad de la prensa consiste en no ser una industria”. Marx decía, refiriéndose a los López-Dóriga, Maerker, Loret de Mola, Gómez Leyva o Marín de su época, que quien “prostituye su pluma, convirtiéndola en un bien material, le está bien empleada, como castigo a esa esclavitud interior, la esclavitud exterior de la censura; su propia existencia es su castigo”, jugosamente rentable.

 

El repudio de la población, y en especial del movimiento Yo Soy 132, hacia los medios es justificado. Pero tienen que entender que resulta inútil exigirles objetividad o libertad de expresión, así como asediar sus instalaciones. La supuesta concesión con la transmisión del segundo debate no cambia en nada las cosas.

 

Para ellos, los medios son una simple industria, como la venta de hamburguesas o refrigeradores. Reproduce la misma naturaleza y lógica que cualquier otro sector capitalista. Exige la creciente acumulación de capital y de las ganancias. Su reproducción ampliada tiende a la concentración (el aumento de su volumen de inversión) y centralización del capital (la fusión de varios capitales en uno solo o por la absorción de uno de ellos por otro), la integración vertical (el control de las diferentes fases del proceso) y horizontal (participación en otras actividades), la formación de monopolios y conglomerados por cualquier medio, que desplazan a otros capitalistas, permite controlar a los mercados e imponer sus normas y forma pequeños grupos oligárquicos de enorme poder, nacional y trasnacional. Ésa es la fuente de poder económico y político que ha permitido a Carlos Slim atesorar activos por 69 mil millones de dólares; a Ricardo Salinas Pliego, por 17.4 mil millones, y a Emilio Azcárraga Jean, por 2 mil millones de dólares.

 

Su posición privilegiada obliga a la elite política a tratar de granjearse sus favores. También le teme a su furia, que puede acabar sus carreras. Televisa creció al amparo del priísmo como su “soldado”. Tv azteca también surgió bajo esa sombra y la turbia venta salinista de la televisión pública. Con Vicente Fox y Felipe Calderón han logrado los mayores beneficios concebibles: tolerancia y pasividad ante el asalto y robo del canal 40, el ataque a las autoridades electorales, el linchamiento de Isaac Saba, MVS, el diario Reforma o de Slim en su feroz lucha interoligárquica, más concesiones en los medios tradicionales y los nuevos beneficios fiscales. Eso y más patrocinado por los legisladores priístas, entre ellos Manlio Fabio, o el perredista Armando Ríos Pitter.

 

Su poder se consolidará con sus futuros legisladores (son 24 aspirantes). Es obvio que nada es gratis, la contraprestación es el respaldo a la derecha del PRI-PAN y la guerra ilegal en contra de la izquierda. Esa relación bastarda le ha permitido a Azcárraga y a Salinas Pliego controlar el 95 por ciento de las concesiones de televisión en el país, el 70 por ciento de la televisión abierta, el 65 por ciento de la de paga, el 99 por ciento de la publicidad por este medio, valuada en 33 mil millones de pesos anuales, o el 58 por ciento de toda la inversión publicitaria del país (radio, prensa, revistas, cine, internet y otros medios digitales).

 

Al aprobar truculentamente la asociación de los monopolios Televisa-Tv Azteca, la elite política, pisoteando la Constitución, formará un monopolio más poderoso que, protegido, le disputa a Slim el control de la telefonía, un mercado valorado en 30 mil millones de dólares, y donde Telcel, de América Móvil, ocupa el 73 por ciento. La supuesta tercera televisora abierta es un velo que cubre ese abuso que refuerza la antidemocracia de los medios.

 

En agosto de 2009, al firmar el proyecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual que impulsa la democratización de los medios, la presidenta argentina Cristina Fernández dijo: antes “había un ‘suprapoder’ que [arrancaba] decisiones de los poderes institucionales a fuerza de presión. El concepto de libertad de expresión, de derecho a la información (…) no puede convertirse en libertad de extorsión; [la] libertad de prensa no puede ser la libertad de los propietarios de la prensa. El derecho a libertad de expresión y de información es propiedad de [todos] los ciudadanos (…) que son [sus] verdaderos propietarios. El derecho a la información significa el derecho a toda la información sin ocultamiento de una parte de la información, sin distorsión, sin manipulación”. Con la ley vamos “a garantizar la pluralidad informativa, [a] defender que todas las voces sean escuchadas, las que nos gustan y las que no nos gustan. Con nuevas tecnologías, la digitalización y la apertura necesaria para nuevos y mayores actores estamos garantizando la pluralidad poder para acceder a mejores tecnologías y mejores precios”.

 

El “proyecto no es de un gobierno, no es de un partido, es de todos los argentinos y de la sociedad, es en nombre de los 118 periodistas detenidos-desparecidos en la dictadura que con su vida dieron testimonio del verdadero ejercicio de la libertad de prensa. Fue discutida en 23 foros en todas las provincias, en 80 conferencias con todos los sectores para que se constituya un proyecto común un proyecto colectivo”.

 

¿Cómo democratizar los medios?

 

Ésta se puede lograr con la división de la industria: “un tercio será comercial, otro público y el resto para las organizaciones no gubenamentales (ONG), universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales”. Con la creación de un consejo donde participará el Ejecutivo, el parlamento, las provincias y actores privados y públicos, cooperativistas, las ONG y los pueblos originarios.

 

Por las mismas razones, en México podría hacerse algo parecido para limitar el poder económico y político de la oligarquía de los medios. Para desmantelar a los monopolios y someterlos al imperio de la ley. Es obvio que eso no lo hará el PRI y el PAN. A la sociedad le corresponde buscar una solución similar.

 

*Economista

 

 

 

Fuente: Contralínea 291