Al menos dos o tres veces por semana algún miembro de la familia Salinas de Gortari visita el edificio corporativo de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ésa es la versión que dan algunos funcionarios de la petrolera  que observan con recelo el cambio y los reacomodos políticos que tienen una connotación preocupante: la presencia de contratistas beneficiados con obras de mantenimiento y nuevos proyectos. ¿Le suena conocida la historia? Al parecer ahora en Pemex se reconfiguran empresas proveedoras para presentar otras razones sociales (desconocidas hasta hoy) y escapar del escrutinio público.

Para el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, la cercanía con la familia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es un tema delicado. Tiene dos flancos que cuidar para garantizar su transparencia al frente de la petrolera: es originario de Coatzacoalcos, la región en donde la extracción y procesamiento del hidrocarburo se ha convertido en la principal actividad que no sólo ha financiado a la economía local sino la actividad política. Los puestos de decisión popular y, por supuesto, las decisiones de gobierno y las políticas públicas se entrelazan con el petróleo. Para González Anaya no ha sido fácil llegar a Pemex pero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando estuvo a cargo de la administración del pacto federal y de las partidas presupuestales para cada región, con los gobiernos de los estados demostró capacidad para administrar intereses económicos y políticos.

Sin embargo, ahora enfrenta nuevos desafíos. El Grupo GIA de Hipólito Gerard ganó uno de los contratos más importantes para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Éste parece ser el momento de GIA frente a otras alicaídas empresas como ICA que se encuentran en una de las fases más complicadas de su negocio, sin recursos y con deudas.

Gerard, como usted sabe, es hermano de Ana Paula Gerard, cónyuge del expresidente Salinas. José Antonio González Anaya está casado con Gabriela Gerard. Así, no deberemos ver, por lo tanto, a la empresa de Hipólito Gerard cerca de Pemex ni a los hijos de Carlos Salinas.

Mientras tanto, el expresidente busca reescribir su historia. Un documental en televisión abierta y varios reportajes en los que se comparan los beneficios económicos que dejó su administración son algunos de las señales que observamos de cómo el exmandatario busca recuperar un lugar en la escena política del país. Queda constancia, sin embargo, de que Carlos Salinas de Gortari y su familia protagonizaron una época de corrupción y enriquecimiento. Raúl Salinas de Gortari es, cierto, fue exonerado después de muchos años y de, incluso, permanecer en prisión. Sin embargo, la sociedad mexicana –después de 2 décadas– no puede ni debe olvidar que esta familia –talentosos para el poder– hicieron del poder político un negocio personal.

La banca y su “lucha” contra el lavado de dinero

Fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, la instancia responsable de aplicar los exámenes a directivos de todo el sistema bancario interesados en obtener una certificación como expertos en detección de blanqueo de capitales en los circuitos financieros.

Para muchas instituciones (reguladas o no), el examen se convirtió en un verdadero problema dada la dinámica y la premura con la cual la CNBV realizó la evaluación. Fueron el ITAM y la Universidad del Valle de México, cuyo rector es el experto en banca Bernardo González Aréchiga, las instancias académica que apoyaron a la CNBV en el diseño del examen que, por cierto, será tomado en cuenta como parte de los esfuerzos que realiza México en el seno de organismos multilaterales dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales, como el Grupo Egmont.

La CNBV aplica ya el quinto examen para la certificación de expertos contra el lavado de dinero de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. La próxima evaluación tendrá lugar el 29 de octubre. La CNBV, además, ha dado a conocer un lista de expertos que en el sector financiero ya recibieron la certificación que se ha convertido en un requisito para la operación de sus intermediarios.

Así, el gobierno mexicano busca garantizar que en cada banco, Sofom o intermediarios no regulados se cuente con la presencia de un experto que detenga cualquier amenaza de capitales producto de actividades ilícitas.

Sigue la crisis de Oceanografía

Definitivamente para Oceanografía el concurso mercantil no fue la mejor opción. En proceso de quiebra, muchos acreedores de la naviera enfrentan el aseguramiento de sus bienes, de los barcos que fueron rentados a Amado Yáñez.

Éste es el caso de la naviera Candies que ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que levante el aseguramiento de los barcos que había rentado a Amado Yáñez para darle servicio de transporte a Pemex.

La respuesta no se ha presentado porque la PGR, sin bases, sigue considerando que esos barcos son propiedad de Oceanografía. El problema es que muchos trabajadores se encuentran en la incertidumbre porque quienes administran el proceso concursal no reconocen una relación laboral y, evidentemente, los arrendadores tampoco. El peor de los escenarios tras el desmantelamiento de una compañía que obtuvo sus grandes contratos durante los gobiernos panistas.

Claudia Villegas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: IQ Financiero]

Contralínea 508 / del 03 al 08 de Octubre 2016