En cadena nacional de radio y televisión, Lenín Moreno intentó, con una amplia sonrisa, dar al Ecuador una justificación del anuncio que hizo ese mismo 20 de febrero: “Hoy tengo buenas noticias para ustedes. Hoy quiero hablarles del futuro. De un nuevo Ecuador que genera confianza… Hemos recuperado la confianza y la credibilidad”. Y luego anunció el “Acuerdo Nivel de Staff” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recibir 4 mil 200 millones de dólares en los próximos 3 años, además de desembolsos de organismos multilaterales por 6 mil millones. Dos líneas más abajo reiteró: “¡Qué gran noticia ecuatorianos! A tasas que no superan, en promedio, el 5 por ciento y con plazos de hasta 30 años”.
Para ese miércoles 20 de febrero ya había estallado, en cuentas de redes sociales auténticas, el escándalo ahora conocido como “INA Papers”, en el que se involucra a la familia de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales, compras de departamentos y transferencias bancarias para futuros contratos con empresas extranjeras.
Y el supuesto acuerdo con el FMI (supuesto porque aún está pendiente la firma del consejo directivo del organismo mundial) llegó como un juego distractor en la llamada “opinión pública”. Inmediatamente el aparato mediático conservador se activó y bastó ver los titulares del jueves 21 para deducir que ya sabían la noticia en su detalle. Los “súper analistas” se pasearon por las radios más oficialistas el jueves y viernes. Entonces, ahí se entendió el valor simbólico del FMI en la derecha, los medios y el mismo gobierno.
Y la casualidad mayor fue que ese día Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, a la que asistieron casi todos los dueños de los más grandes medios de comunicación del Ecuador, con lo cual no sólo se graficaba la unidad política y, por supuesto, el silencio mediático con respecto a las denuncias de supuesta corrupción, al que algunos analistas denominan “salvataje mediático”.
El impacto real del Acuerdo
Uno es el sentido histórico del FMI para Ecuador. De hecho, en la entrevista de Abelardo Pachano, en El Comercio, de Quito, del pasado domingo 24 de febrero se capta perfectamente cómo desde la mirada del neoliberalismo un acuerdo con ese organismo resuelve los problemas centrales de su preocupación: no habrá reacción social porque “los trabajadores (parecería referirse a las centrales sindicales) tienen hoy en día un mejor nivel de percepción de los riesgos que enfrentamos”; “es vital que el sector productivo está convencido de la bondad del programa (del FMI)”; la reducción del déficit fiscal es una meta inamovible”, etcétera.
Otro es el impacto real sobre la economía de un programa del FMI con sus consabidas secuelas sociales. De hecho, el mismo Pachano (ahora amigo de Moreno, según las fotos de las reuniones sociales en tentaderos y haciendas) señala que “los recursos que ha recibido el país gracias al apoyo de los multilaterales son, en realidad, escasos. Por eso las prioridades de gasto tienen que ser seleccionadas con mucha rigurosidad… Los recursos son para un plan de 3 años”, (lo que implica que hasta el próximo gobierno, de no terminar antes de su período el actual, estará sometido a ese programa). Por tanto, ni siquiera en esos sectores hay entusiasmo del impacto positivo, porque entrelíneas deja entrever que el gobierno no podrá cumplir si sigue con sus vaivenes o no es suficiente para las metas propuestas.
Y algo más: conviene ahora analizar a las organizaciones sociales, algunos grupos de izquierda y sobre todo el manejo simbólico de la corrupción. Han llegado a tal nivel de enajenación que una respuesta popular en las calles es hoy por hoy impensable frente a un ajuste de la magnitud que apenas se vislumbra del inminente acuerdo con el FMI, si se llega a concretar como aspira Moreno y sus socios. Han martillado tanto que la culpa de todo es de la década pasada que ahora, en menos de 2 años, la deuda aumentó casi al doble de la adquirida en el gobierno de Rafael Correa; el gasto fiscal es insostenible, a pesar de contar por más de dos años con precios del petróleo por encima de los 50 dólares; el empleo público constituye un estorbo para la generación de trabajo y, por el contrario, es un “gasto innecesario”; y, además: la inversión pública afectaba al desarrollo nacional porque la única que cuenta es la privada, pero principalmente la internacional, que en la práctica ni llega ni ha crecido en los 2 últimos años.
Bajo ese escenario, con la despolitización de un gobierno y unos “líderes de la transición” echando lodo a todo lo que huela a correísmo, la situación estaba dada para un plan de ajuste, implementado gradualmente, y en unas condiciones creadas para una firma sobre un monto, que como dice Pachano, no es suficiente frente a las necesidades, especialmente de las élites financieras y empresariales de la Sierra, porque las de la Costa solo quieren liberalización para importar y exportar con ganancias extraordinarias, tal cual ocurre ahora en Argentina.
Sin embargo, en política nada está escrito sobre piedra y mañana cualquier evento podría (como ya pasó con el mismo Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez o quienes apelaron al FMI) trastocar los planes de las élites. Hay ahora una sospecha alrededor de los INA Papers, aunque eso tendrá su propio curso. Pero la economía no espera más, la situación es compleja para los propios empresarios, en particular para los pequeños empresarios y artesanos. Y si eso se complica, no habrá aparato mediático conservador que pueda retener la corriente de la historia.
Orlando Pérez/Telesur
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