Iliana González Rodarte*

Mi caso se suma al de muchos otros que viven los trabajadores en el Distrito Federal, lo que deja en duda el carácter democrático o de izquierda que ostenta el gobierno capitalino, ya que en la práctica no hay diferencia entre sus políticas laborales y de derechos humanos y las del gobierno federal, por la complicidad de las autoridades encargadas de impartir y hacer valer la justicia.

Fui despedida injustamente en 2001, cuando 33 trabajadores decidimos apoyar a un grupo de menores en situación de calle que tomaron la iniciativa de denunciar las violaciones a sus derechos humanos, ya que estaban siendo vulnerados por la nueva directiva del Centro de Asistencia e Integración Social Villa Margarita (CAIS), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.

Las denuncias fueron ignoradas por la doctora María Rosa Márquez Cabrera, entonces directora general del Instituto de Asistencia e Integración Social y actualmente titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal; por eso los trabajadores decidimos apoyarlos. En septiembre de 2001, presentamos ante el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) una denuncia de hechos violatorios a los derechos humanos de los menores, por haber sido sometidos a cuartos de castigo, expulsiones y acoso sexual.

En el momento de la denuncia, López Obrador prometió que no habría represalias, sin embargo, los despidos no se hicieron esperar. A finales de noviembre de 2001, un grupo de trabajadores denunciantes fuimos despojados de nuestro trabajo con el argumento de que no cumplíamos con el perfil del puesto.

La doctora Raquel Sosa (secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal) y Márquez Cabrera fabricaron delitos al asegurar que el personal estaba involucrado en las violaciones a los derechos humanos de los menores, al pretender utilizar de manera facciosa a la Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal: amenazaron, difamaron y descalificaron al personal, con el argumento de que ya había investigado la Contraloría y dado parte al Ministerio Público, con el único fin de intimidar, cuando ambas sabían, al igual que el área jurídica de dicha Secretaría, que tal investigación no existía.

La CDHDF inició la investigación de los hechos denunciados. En noviembre de 2003 emitió la recomendación 8/2003 a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, la cual fue aceptada.

La Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Social inició la investigación del caso, cuya conclusión llevó al resolutivo emitido en agosto de 2004, y en el cual se fincan responsabilidades administrativas a las personas denunciadas por los trabajadores (licenciada Verónica Peralta, directora del CAIS, y Eduardo Tello, persona de su confianza). El resto del personal quedó absuelto.

La CDHF dio seguimiento al cumplimiento de la recomendación hasta 2005. Los menores fueron trasladados al albergue CAIS Coruña que opera actualmente.

En febrero de 2002, demandé a López Obrador ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se logró obtener el laudo firme el 7 de septiembre de 2005, que lo obliga al pago de salarios caídos, reinstalación y demás prestaciones de ley. Sin embargo, las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos (como la CDHDF) han sido letra muerta para el gobierno del Distrito Federal, que se ha mostrado omiso para atender y respetar estos mandatos judiciales.

Mi situación es sólo un ejemplo de cómo funciona la justicia laboral en la capital del país, ya que al menos unos 6 miltrabajadoresdel Gobierno del Distrito Federal (a pesar de haber ganado sus laudos arbitrales) ven pasar los años exigiendo justicia y cumplimento para el pago de sus salarios caídos y recontratación.

Los representantes del gobierno capitalino, ante los “tribunales laborales” y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, expresan con descaro que no se les puede condenar penalmente, al escudarse en que son la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en conjunto con el Congreso de la Unión quienes no asignan los recursos suficientes para pagar los laudos.

En tanto, cada día el erario se desangra porque los salarios caídos de los trabajadores se acumulan (lo que violenta lo establecido en los laudos) hasta que los tribunales laborales presionan a los trabajadores para que acepten negociaciones de reinstalación o congelamiento de los salarios caídos para postrar los derechos de los trabajadores.

El 30 de diciembre de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación colectiva 23/2008, por incumplimiento de laudos y sentencias firmes de 98 trabajadores, es decir, la adecuada protección judicial y seguridad jurídica. El gobierno capitalino no aceptó la recomendación al refutar que dicha Comisión no tiene facultades en materia laboral para emitir recomendaciones de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, a lo que la Comisión argumentó que “la actuación de la CDHDF no altera ni se pronuncia sobre el contenido de las resoluciones emitidas por las autoridades con función jurisdiccional que dirimieron la controversia sea laboral o de otra índole.”

Sin embargo, con las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, se está motivando a que se reactive la recomendación y hoy se pueda utilizar la acción de la Comisión para la exigibilidad y justiciabilidad en el cumplimiento de estos laudos arbitrales.

No obstante, se sabe que “reformas van y reformas vienen”, y ni avisos, amparos o denuncias penales, ni mucho menos recomendaciones han hecho posible que los laudos se efectúen. El reto es lograr que los laudos arbitrales tengan un carácter vinculante y sean derechos plenos y no sólo derechitos o derechos broma o simulados. El “Buen Fin” que se desea para todos los trabajadores es que se cumplan sus laudos arbitrales de manera inmediata.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y los trabajadores afectados instamos a la Asamblea Legislativa, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo del Gobierno de Distrito Federal  (encabezado por Marcelo Ebrard) para que se logre el pago de los 6 mil laudos arbitrales, y pedimos que la CDHDF haga el máximo esfuerzo a su alcance para luchar contra la impunidad y que sus recomendaciones sean respetadas.

*Encargada del Área de Salud de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (artículo realizado con la colaboración de Adrián Ramírez, presidente de la organización)