Resisto la tortura, porque la tortura no terminó aquellos días, vuelve y embiste de nuevo en la intimidad de la memoria
“Carta a las mujeres y hombres sinceros, a los que buscan la justicia”, Enrique Guerrero, 25 de agosto de 2013, Puente Grande, Jalisco
El 19 de mayo de 2013, el entonces subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, ofreció una conferencia de prensa en la que informó la detención de 12 presuntos delincuentes que perpetraron el secuestro de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en Oaxaca.
El viernes 17 de mayo de 2013, a las 23:15 horas aproximadamente, Enrique conducía su vehículo en las inmediaciones del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, cuando una camioneta blanca lo rebasó y le cerró el paso: bajaron dos hombres vestidos de civil, armados y disparándole; el estudiante observó una segunda camioneta que estaba atrás de él, por lo que aceleró, impactándose así contra la camioneta blanca. Las camionetas lo siguieron hasta la avenida Río Churubusco, donde detuvieron su vehículo, pues dejó de funcionar por los impactos de bala recibidos. Al percatarse de que había personal uniformado, Enrique empezó a correr, y se refugió en una grúa del Distrito Federal que estaba en Río Churubusco y el cruce con el Eje 8 Sur. Fue ahí donde logró enviar mensajes por teléfono celular a su madre, avisándole lo que estaba ocurriendo.
Al lugar llegaron varios sujetos de los que lo perseguían y lo subieron a una de las camionetas. Eran policías federales, quienes sin orden de aprehensión, localización o presentación, lo detuvieron y torturaron por casi 30 horas. Con golpes, asfixia, amenazas físicas, sexuales y sicológicas los policías exigían a Enrique que aceptara su participación en el secuestro de los niños: “Me interrogó, me dijo: ‘Dame nombres de gente que ande en la grilla’, insistía, y me preguntó: ‘¿Quiénes se mueven en la Universidad?’; refiriéndose a cuestiones políticas me preguntó: ‘¿Qué cabrones se oponen a las reformas?’”. Aún con ello resistió la tortura para defender la verdad de su inocencia.
La inverosímil versión de la Policía Federal consiste en que Enrique se presentó en las inmediaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) porque la noche anterior habría sufrido un percance con los agentes federales que lo seguían y había acordado presentarse en esa ubicación para reclamar los daños del siniestro. Es ahí cuando la Policía Federal lo detiene por los cargos ya mencionados.
La orden de localización y presentación era respecto del usuario y portador de un teléfono celular que nunca ha sido utilizado por Enrique; tan es así que no fue puesto a disposición de la autoridad investigadora y mucho menos de la autoridad judicial.
Además de ser falsa, la versión se contradice con las pruebas aportadas por la defensa: el número de folio con el que se reporta como desaparecido a Enrique ante Locatel, levantado por su mamá el viernes 17 de mayo cuando perdió contacto con su hijo y comenzó a buscarlo, así como el registro de llamadas telefónicas que realizó con ella y los mensajes de texto en los que le informa que está siendo perseguido por personas armadas.
Otra prueba importante es el dictamen del vehículo en el que viajaba el ajedrecista cuando los policías federales le dispararon antes de su detención. Este dictamen indica que el auto presenta, entre otras cosas, rotura de materiales por producto de impacto de arma de fuego, contradiciéndose nuevamente con el comunicado emitido desde la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, pues éste refiere que la captura se realizó “sin efectuarse un solo disparo”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (Centro Vitoria), expuso el caso de Guerrero Aviña durante la visita que realizó a nuestro país el relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E Méndez.
De acuerdo con los datos que pudo obtener durante su estancia, el relator concluyó que la tortura y los malos tratos cometidos por policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las Fuerzas Armadas son generalizados en México. Confirmó lo que tanto la sociedad civil, víctimas de tortura así como sus familias hemos venido sosteniendo: la tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria, como en el caso de Enrique Guerrero.
A casi 2 años de lo sucedido, Enrique continúa preso en el penal federal de Occidente (Jalisco), pese a que no existen declaraciones o testimonios fehacientes en su contra, no se cuenta con informe policial, o algún medio probatorio, que permita presumir su participación en dicho secuestro o que forme parte de una organización criminal.
Por ello, desde prisión, Enrique Guerrero Aviña nos escribe: “De manera franca y humilde pido el apoyo y la solidaridad de quienes creen en la justicia difundiendo mi caso y uniendo esfuerzos, alzando la voz contra la injusticia en cualquier medio, lugar o rincón posible; caminemos juntos hacia un país mejor donde la injusticia, la tortura y la mentira no prevalezcan”.
Johana Belén Sánchez Rojas*
*Abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
[Sección: opinión]
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