La guerrilla zapatista a contracorriente

La contrainsurgencia en México y en Chiapas tiene, al menos, tres componentes: uno, las medidas políticas; dos, las militares de todo tipo (convencional y guerra sucia), y tres, el “combate a la pobreza”. Componentes que se conjugan –según la coyuntura o el nivel de conflicto– para contener las insurgencias en los “márgenes”.

Gaspar Morquecho* / Segunda parte

El “combate a la pobreza” tuvo como punto de partida el fracaso del ejército yanqui con soluciones exclusivamente militares. Fue hasta la llegada de Kennedy a la Casa Blanca y de McNamara al Pentágono cuando se percataron de que estaban siendo derrotados por un tipo de guerra para la que no estaban preparados: la guerra de guerrillas, en el Tercer Mundo. Con Kennedy y McNamara, nació la contrainsurgencia (Contrainsurgencia y miseria. La política de combate a la pobreza en América Latina, Zibechi, 2010). La derrota del ejército yanqui en Vietnam, en 1973, aceleró la adopción de la línea del “combate a la pobreza”. En los organismos internacionales (Organización de las Naciones Unidas), se gestó el concepto y la aplicación de esas políticas de “desarrollo” en el Tercer Mundo.

Contrainsurgencia estilo mexicano

En México, durante la rebelión de los jóvenes en 1968, el gobierno de Díaz Ordaz aplicó, con brutalidad, la represión militar. En la década de 1970, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) conjugó con la “apertura democrática”, por ejemplo, legalizando al Partido Comunista Mexicano, las acciones militares y guerra sucia en el combate a las guerrillas rural y urbana; el paramilitarismo con la creación de los Halcones; y el populismo, con programas de “desarrollo social”.

El gobierno de Echeverría enfrentaba el auge de los movimientos revolucionarios armados, los urbano-populares, los sindicales y campesinos. Y en el Istmo Centroamericano, las guerras de liberación nacional que arreciaron en las décadas de 1960 y 1970. Por tales motivos, Echeverría Álvarez ordenó poblar, en Chiapas, la región de Marqués de Comillas con miles de solicitantes de tierra y la construcción de la carretera fronteriza –ambas medidas con fines castrenses–. En términos militares, se trataba de construir el “yunque” para evitar que la Selva Lacandona fuera “santuario” de la guerrilla guatemalteca y facilitar las acciones militares de los Kaibiles. Además, para evitar la “insurgencia” en las “márgenes” de Chiapas, los gobiernos federal y estatal y organismos internacionales (Organización para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) diseñaron el Programa de Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas. Los operativos policiaco-militares en la zona rural continuaron. Gobernaba en la entidad Manuel Velasco Suárez.

El gobierno federal tenía sus razones. En Chiapas, un arcoíris de fuerzas revolucionarias se hizo presente y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas había optado, como en Centroamérica, por la teología de la liberación y los pobres. Se levantaban movimientos indígenas y campesinos en la costa, la sierra, los valles centrales, en las zonas de los Altos, Norte de Chiapas y en la Selva Lacandona. La represión militar en Chiapas continuó durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982). Fue la época del auge petrolero, de la “administración de la abundancia”, del endeudamiento y del “descubrimiento” de importantes yacimientos en la entidad y del despilfarro. Para el “combate a la pobreza”, el gobierno federal creó, en 1977, la Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar). López Portillo formuló el Plan Chiapas para el “desarrollo de la entidad”. Para entonces, Juan Sabines Gutiérrez estaba por sustituir a Salomón González Blanco, un hombre de edad avanzada al que consideraron incapaz de mantener la gobernabilidad en la entidad. Sabines llevó al extremo la práctica del populismo y la represión contra las luchas campesinas.

Un signo inconfundible del proceso de militarización de Chiapas fue el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez –un político y militar mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional–; gobernó la entidad de 1982 a 1988; egresó del Heroico Colegio Militar en junio de 1942. Fue comandante del cuerpo de cadetes, del Primer Grupo Mixto de Armas de Apoyo del Cuerpo de Guardias Presidenciales cuando tenía el rango de mayor y teniente coronel. Luego comandó la guarnición de Manzanillo, Colima; fue director de la Escuela Militar de Clases Mariano Escobedo, comandante de la 18 Zona Militar, de la 2 Zona de Infantería y del Campo Militar 1; director del Heroico Colegio Militar; inspector general del Ejército y comandante de la 13 y de la 31 Zona Militar en San Cristóbal de Las Casas. En 1980, comandó las tropas que masacraron a indígenas en Wololchán. En ese entonces gobernaba Juan Sabines. En 1989, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos denunció que, durante el gobierno de Absalón Castellanos, se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados. El presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado, la avanzada del neoliberalismo salinista.

Con Carlos Salinas, se desarticuló la política social del Estado. Decretó la disolución de la Coplamar, y la cancelación del Sistema Alimentario Mexicano y del Programa Integral de Desarrollo Rural. En su lugar, creó el Programa Nacional de Solidaridad. Salinas logró cooptar a los dirigentes de los movimientos campesinos; reformó el artículo 27 constitucional; decretó el fin del reparto agrario, y creó el Congreso Agrario Permanente. Espacio en que las agrupaciones marchantean los miserables recursos del presupuesto para el campo mexicano. En Chiapas, el gobernador era José Patrocinio González Blanco Garrido. El autoritarismo fue su signo. En 1989, participó en la cesión de 2 mil 500 hectáreas de montaña y pinos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de un predio conocido como Racho Nuevo –a 15 kilómetros de la ciudad de Las Casas–, y que fue propiedad de la familia Aguilar Durán. El alcalde de San Cristóbal era el ingeniero Carlos Rodríguez Morales (1989 -1991). Ahí se construyó la sede de la 31 Zona Militar. En 1993, Salinas lo nombró secretario de Gobernación para sustituir a Fernando Gutiérrez Barrios. La rebelión zapatista provocó su destitución una semana después del alzamiento.

La rebelión zapatista

En contra de toda lógica, sentido común y del más elemental análisis de coyuntura nacional e internacional, es decir, a contracorriente, miles de indígenas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se movilizaron y tomaron siete poblaciones y ciudades de Chiapas. Era la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada del 1 de enero de 1994. Le habían declarado la guerra al Ejército y pedían “a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra” (Declaración de Guerra, 1993). El despliegue de esa fuerza insurgente hizo evidente que inteligencia y mandos del Ejército no esperaban un levantamiento de esa naturaleza. La primera respuesta del Ejército se dio después del medio día. Dos aviones Pilatus sobrevolaron los bordes de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. La noche del 1 de enero, el grueso de las tropas insurgentes zapatistas se retiró a sus montañas; otras se prepararon para atacar el cuartel de la 31 Zona Militar. El levantamiento del EZLN fue una prueba evidente del fracaso de la estrategia y tácticas contrainsurgentes del imperio en el Tercer Mundo y de su puesta en práctica por el Estado mexicano.

Doce días de guerra

El 2 de enero se iniciaron las hostilidades frontales y los crímenes de los federales. El subcomandante Marcos anunció, en la ciudad de Las Casas, el ataque a las instalaciones militares de Rancho Nuevo. Los combates se entablaron muy cerca del paraje el Chivero. Ahí los federales detuvieron el avance de los insurgentes. Un microbús que encabezaba la columna motorizada de los insurgentes había sido atacado por un helicóptero; todos sus ocupantes fueron abatidos. En tierra, los federales arrojaron sus cuerpos a la cuneta y, al menos, cuatro de los sobrevivientes habían sido ejecutados en el lugar con un tiro en la cabeza, como si la consigna fuera “los queremos muertos”. Esa práctica se repitió en el mercado de Ocosingo. Otros cinco milicianos fueron ejecutados con tiros en la cabeza. Sus cuerpos quedaron boca abajo y sus manos habían sido atadas por la espalda. El 4 de enero, poblados indígenas al Sur de San Cristóbal de Las Casas fueron el blanco del fuego aéreo de helicópteros. Las tropas de tierra destrozaron las chozas de los pobladores. El 7 de enero, tres principales de la comunidad de Morelia, municipio de Altamirano, fueron asesinados por los federales, y el 4 de junio, tres mujeres tzeltales fueron violadas en un retén militar. Durante el repliegue zapatista en el municipio de Las Margaritas, los rebeldes hicieron prisionero al general Absalón Castellanos Domínguez. Los enfrentamientos que transcurrieron durante 12 o 13 días fueron suspendidos cuando el gobierno federal declaró unilateralmente el cese al fuego. Sus tropas ocuparon las cabeceras municipales de San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Paralelamente, se prepararon las condiciones necesarias para el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. Marcos dijo a los medios de comunicación parte de su estrategia: “Lo que sigue es un largo periodo de lucha política”. El gobierno, por su parte, en la lógica de sus usos y costumbres, ofreció un insultante “perdón” a los “transgresores de la ley”. El “diálogo entre las partes” se llevó a cabo entre el 20 de febrero y los primeros días de marzo en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas.

La continuidad de la guerra por otros medios

Sin embargo, las fuerzas arcaicas en Chiapas, como la de los autollamados “auténticos coletos”, los “comités cívicos”, identificados con finqueros y ganaderos, armaron a sus bandas y se movilizaron para hostigar al obispo de la Diócesis de San Cristóbal, a los simpatizantes y grupos solidarios con los zapatistas. El 6 de agosto de 1994, se celebró la Convención Nacional Democrática en el Aguascalientes zapatista, y el 21 de ese mes, las elecciones federales. El indio tzeltal Lázaro Hernández, exjefe zapatista, exlíder de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC)-Unión de Uniones y extuhunel (servidor) de tuhuneles de la misión de Ocosingo, fue candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su suplente fue el mestizo y ganadero Jorge Constantino Kanter. El Ejército federal le ofreció a Kanter entrenar y armar a los ganaderos para enfrentar a los zapatistas. En suma, era la continuidad de la guerra en Chiapas por otros medios: la movilización de actores antizapatistas, sobre todo de población no indígena, y el deslinde de grupos indígenas con el zapatismo. En el ámbito electoral, el estado forjó una simbólica alianza de dos actores que fueron antagónicos: indio y mestizo. Estaban en marcha, también, los preparativos para la creación de grupos paramilitares.

En el escenario estatal y nacional, la guerra sucia se reeditaba con crudeza. Se ordenaron el asesinato de Luis Donaldo Colosio (23 de marzo de 1994), candidato del PRI a la Presidencia de la República; el atentado contra Amado Avendaño (25 de julio de 1994), y luego la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu (28 de septiembre de 1994). Los crímenes incubaron en la población el “voto del miedo” e incidieron a favor de Zedillo (y de Robledo Rincón en Chiapas). El motivo de estos crímenes no era cosa menor: el levantamiento había quebrado el proyecto de largo plazo de Carlos Salinas de Gortari. Había reventado lo que quedaba de su grupo compacto. Pocos creían que el PRI seguiría en el gobierno. Salinas, con los crímenes, modificó el escenario. La maniobra resultó. El PRI se mantuvo en el gobierno y Zedillo, como presidente. Habían sido derrotados por un poder de facto Cuauhtémoc Cárdenas y Amado Avendaño, los candidatos de la Convención Nacional Democrática. No todo le favoreció a Salinas: tuvo que exiliarse. Zedillo ofreció el “diálogo” a los rebeldes.

La respuesta zapatista

Señor Ernesto Zedillo Ponce de León: “Bienvenido a la pesadilla. (…) Debe usted saber que el sistema político que usted representa (…) ha prostituido hasta tal punto el lenguaje que, hoy, política es sinónimo de mentira, de crimen, de traición. Yo sólo le digo lo que millones de mexicanos quisieran decirle: no le creemos (…)

“(…) ¿Qué trato digno puede usted ofrecernos para un diálogo franco y una negociación respetuosa cuando pone usted de su cajero compra-conciencias (…) que le hereda el salinismo y que, desde mayo de 1993, en lugar de destinar los apoyos económicos a las partes más necesitadas, se dedicó a comprar dignidades indígenas como si se encontrara en un mercado de artesanías?

“¿Ése es su plan de contrainsurgencia? ¿Llenar de obras sociales para quitarnos base popular?

“(…) Ahora, y desde el 17 de noviembre de 1994, me corresponde el bastión de mando supremo de las fuerzas rebeldes y, en consecuencia, asumo la responsabilidad de responderle a usted a nombre de todo nuestro ejército.

“En éste, su primer discurso como gobernante, usted señaló su deseo de buscar la negociación para resolver el conflicto y nos ofrece este camino

“Señor Zedillo, es mi deber decirle que no podemos creerle. Usted forma parte de un sistema que ha llegado ya a la aberración más grande, a recurrir al asesinato para dirimir sus diferencias como si de un grupo de criminales se tratara” (comunicado del EZLN, 3 de diciembre de 1994).

Como parte de las señales de “buena voluntad”, Zedillo le envió a Marcos una chamarra de regalo. Días después, el 8 de diciembre, a las 10:30 horas, el EZLN comunicó a Zedillo el fin de la tregua, y el 9 de diciembre de 1994, en una acción político-militar, el EZLN desplegó sus tropas en, al menos, un 30 por ciento de Chiapas y decretó la creación de una treintena de municipios rebeldes zapatistas. De esa forma, los insurgentes rompieron el cerco del Ejército federal y el confinamiento político-militar que le había impuesto el gobierno federal al reducirlo, geográfica y políticamente, a tres municipios. Horas después, los insurgentes se replegaron con orden a sus posiciones, mientras las tropas federales avanzaban. Ambos ejércitos evitaron el choque.

La traición de febrero de 1995

En un intento de evitar la reanudación de los combates, el obispo Samuel Ruiz inició un ayuno en la Catedral de la Paz. Una delegación gubernamental se entrevistó con él. Querían contactar al EZLN para entrar en otra etapa de negociación. En eso estaban cuando Zedillo ordenó la captura del jefe insurgente, el avance de sus tropas y la ocupación militar del territorio zapatista. Era febrero de 1995. El gobierno federal había procesado a lo largo de 1994 la estrategia de contrainsurgencia para cercar, neutralizar, aislar políticamente y aniquilar a los insurgentes. La táctica era alternar las operaciones militares y las políticas, es decir, cerco militar y “diálogo”.

El cálculo militar era que el EZLN respondería chocando con las tropas federales y, de esa forma, justificar un ataque masivo a pueblos y comunidades en la Selva Lacandona. La respuesta del EZLN fue replegarse junto con las bases de apoyo al “fondo” de la Selva. El riesgo era quedar aislados y que los federales atacaran impunemente mientras que los Kaibiles la hacían de “yunque” en la frontera. El repliegue militar del EZLN y la oportuna movilización de amplios sectores del pueblo de México evitaron que la “solución militar” prosperara.

A la ocupación militar del territorio zapatista le siguió la “propuesta de diálogo”, la promulgación de la Ley de Concordia y Pacificación en Chiapas: un instrumento del gobierno federal para dialogar constitucionalmente con los “transgresores de la ley”. Se creó una comisión plural de diputados y un comisionado de paz. Se definieron los temas, la metodología. La sede fue San Andrés Sacam’chén de los Pobres.

Si durante los diálogos de paz de febrero y marzo de 1994 privó la distensión, a lo largo de 1995 y de los diversos encuentros entre el EZLN y el gobierno federal en los llamados diálogos de San Andrés, la tensión política fue su característica. Marcos no dudó en denunciar que el gobierno federal no iba a cumplir con los acuerdos. Su certeza tenía como base la deshonra habitual e histórica del gobierno federal para incumplir acuerdos políticos con sus adversarios. Además, las tácticas contrainsurgentes no cesaron: tensión y violencia en diversos puntos de la geografía chiapaneca durante los diálogos; aislar al EZLN con las negociaciones paralelas con organizaciones indígenas y campesinas de la llamada Asamblea Democrática Estatal del Pueblo Chiapaneco y con los partidos políticos, para discutir la reforma del Estado. Además de la militarización del territorio zapatista, se fortaleció el cerco con posiciones militares en Tabasco; de Norte a Sur, de Pichucalco a la costa chiapaneca y a lo largo de toda la franja fronteriza con Guatemala. Una vez que se discutió el tema de los derechos de los pueblos indios, el gobierno federal hizo un vacío en la discusión de los temas que seguían. Fue evidente que el gobierno había delimitado la interlocución del EZLN, además se consolidaban las posiciones militares y expropiación de predios en diversos puntos del territorio zapatista que fueron ocupados por el Ejército federal. Estaban en marcha, también, los preparativos para la creación de grupos paramilitares.

*Antropólogo

Contralínea 213 / 19 de diciembre de 2010