Jorge Retana Yarto**/Parte I

La experiencia de procesos negociadores con la mafia es notablemente enriquecedora en muchos aspectos para conocer más de la gigantesca problemática que en México confrontamos y padecemos. Apuntamos sólo que en la idea negociadora, a pesar de su fracaso final (Italia y Colombia) prevaleció la concepción de que la mafia es mucho más que criminales organizados y que su actividad golpea directamente al Estado en sus atribuciones constitucionales, al conjunto de sus instituciones, a las relaciones Estado-sociedad. Estamos entonces ante un fenómeno mayor con incidencias múltiples. Para Paolo Pazzoli la mafia es esencialmente una organización que ejerce soberanía.

La vía contrapuesta a los intentos negociadores es la vía represiva policiaco-militar, el enfoque eminentemente judicial, en el que el gran factor de poder externo, regional y global, que es el gobierno de Estados Unidos, juega un rol determinante.

En Italia, el asesinato de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino por parte de la Cosa Nostra, en mayo y julio de 1992, modificó radicalmente dos constantes esenciales en la relación mafia-autoridades del Estado al constituir una ruptura histórica: a) la relativa tolerancia y convivencia –por momentos entendimiento tácito– entre la Cosa Nostra y el Estado italiano (éste asestaba fuertes golpes a los liderazgos, pero respetaba sus vidas, los sometía a juicio con apego al marco jurídico, acogía a los “arrepentidos” convertidos en “colaboradores de la justicia” y protegía a sus familiares). Un caso emblemático fue el del capo Tommaso Buscetta, primer dirigente importante de Cosa Nostra que rompe con la Omertà (ley del silencio); muchos otros mafiosos seguirían su ejemplo a partir de la introducción del “artículo 41 Bis”, que establecía la normatividad jurídico-penal sobre los “colaboradores” al consagrar la figura opcional de una especie de “arrepentimiento judicial” (lo denominamos así para diferenciarlo del “arrepentimiento religioso”), incorporación constitucional a instancias del gobierno estadunidense, precepto legal fundamental en los países que lo han adoptado porque vulnera desde el Estado el principio esencial de la mafia (la Omertà) ante las autoridades y respecto de su organización, juramentada en las ceremonias “de iniciación” de los miembros de las mafias; y b) a partir de ello, la estrategia de la Cosa Nostra viró hacia una abierta confrontación con el Estado, de desestabilización institucional, especialmente judicial, con amplios costos para la organización mafiosa: el lema de su más alto impulsor, Salvatore Riina, Totò (de origen corleonés), era “hacer la guerra para lograr la paz”, con lo cual repartía entre ambos contendientes los costos de una estrategia de confrontación como vía para llegar a un acuerdo de pacificación, que erosionó una relación de ánimos controlados por décadas, y en dicha búsqueda de la paz, la Cosa Nostra tomaba como precedente la lucha del Estado italiano contra las Brigadas Rojas, llamada “lucha contra el terrorismo”, en la cual se introdujeron preceptos jurídicos que beneficiaron al grupo armado y expresaron la voluntad política de los gobiernos en turno de pacificar al país, provocar el desarme y un acuerdo definitivo. Todo ello, a partir de reconocer sus motivaciones ideológicas y político-sociales. Un caso distinto porque, evidentemente, este último elemento motivacional está ausente en la mafia, pero fue un precedente al fin.

Ello abrió un espacio de reflexión en la cúpula mafiosa, y un resultado fue concluir la estrategia de confrontación e iniciar un proceso inédito mediante una concertación entre la Cosa Nostra y la Camorra (la mafia napolitana, que tiene como puntal al clan Moccia, uno de los más poderosos) y un sector de la Iglesia Católica que se ofreció como mediador (clérigos de las regiones de Campania, Sicilia y Calabria, como los sacerdotes Giacomo Ribaudo, Lillo Tubolino, Mario di Lorenzo y el obispo Antonio Riboldi, todos actuaron a nombre propio, bajo la mirada de sus jerarcas); la propia mafia siciliana lanzó, en 1992, la iniciativa de negociar con el Estado italiano, a través del gobierno en turno, un acuerdo cuyo eje estratégico era el reconocimiento jurídico de la figura legal de “disociación” en el ordenamiento jurídico penal, lo cual significaba que los integrantes de ambas organizaciones mafiosas que lo desearan podían separarse de las actividades delictivas a cambio de beneficios de ley (como la rebaja temporal de las penalizaciones por sus crímenes), anulando posibles revelaciones acerca de su organización y compañeros. Es decir, al suprimir el esquema iniciado con Tommaso Buscetta, revelador y fructífero para las fiscalías antimafia.

La apuesta era que el Estado reduciría sensiblemente la presión policial y judicial sobre ellos, disminuirían desde sus filas el número de “arrepentidos” o “colaboradores con la justicia”, posibilitaría una conducción menos severa de los procesos judiciales contra sus compañeros detenidos e introduciría nuevas figuras jurídicas a las cuales pudieran acogerse, sin delatar a sus compañeros, obteniendo beneficios de ley. Su objetivo final era la derogación del artículo 41 bis y la sustitución por una nueva figura jurídica: el “arrepentimiento judicial no delator”, “el disociado”, que oponían al ordenamiento que consagraba la figura del “arrepentido judicial” al imponer una negociación de “igual a igual” al Estado.

Una hipótesis sólida es que el asesinato del fiscal antimafia Paolo Borsellino se produjo porque, al enterarse de las negociaciones secretas en curso y de bajo consenso, se pronunció en contra, y amagó con revelarlas y condenarlas públicamente, con el argumento de que conducirían a la destrucción del pool institucional antimafia, evento criminal en el cual habrían participado integrantes del aparato de seguridad del Estado italiano. Adicionalmente, el crimen interrumpió y frustró las investigaciones que llevaba adelante el fiscal, como el caso del sacerdote asesinado Giuseppe Puglisi, Pino (Palermo, 1993), opositor al proceso, interpretado como mensaje al sector de la jerarquía eclesiástica que rechazó participar, a pesar de solicitarlo la mafia involucrada.

De dicha negociación “estaban al tanto los más altos cargos del Estado, pero no la magistratura”; aunado a esto, “las investigaciones realizadas además con la Fiscalía de Palermo y la de Florencia permitieron comprobar cómo esta negociación había sido comunicada a los más altos cargos del Estado”. Ésta se desarrolló a partir de 1994, luego del arresto del gran capo de nombre Pietro Aglieri (“el capo más católico y culto de la Cosa Nostra”), pero la oposición radical de los fiscales que sustituyeron a los asesinados, el de Palermo (Giancarlo Casselli) y el de Nápoles (Agostino Cordova), fue determinante en la frustración de esta nueva etapa negociadora, que no obstante continuó hasta 2000, pero sin resultados sólidos.

Es fundamental el testimonio de un protagonista que participó en sesiones de los diálogos negociadores, el sacerdote de apellido Tubolino, quien resume lo sucedido:

“Hubo un momento después de las masacres de Falcone y Borsellino, después del homicidio del sacerdote Paglisi, en que una parte de la organización Cosa Nostra buscaba una vía de escape. Era 1994, Pietro Aglieri, entonces en la clandestinidad, me pidió que me reuniera con él […]. Me dijo: ‘Estamos dispuestos a entregarnos, pedimos al Estado poder iniciar una nueva vida a condición de no ser obligados a acusar a nuestros compañeros’”. Prosigue diciendo que “el cardenal Pappalardo no aprobó, en verdad, la iniciativa de los tres sacerdotes, y cuando el sacerdote Ribaudo fue a hablar con Casselli de la propuesta de Aglieri, que los tres curas sostenían con convencimiento, encontró un muro, el fiscal de Palermo le dijo muy lacónicamente que con la mafia no había nada que negociar. El proceso se detuvo allí, al menos por lo que se refiere a las iniciativas de los tres clérigos” (Isaia Sales, Los curas y la mafia. Las conexiones del crimen organizado con la Iglesia Católica en Italia. Ediciones Destino, Barcelona, España, página 178).

En suma, los capos mafiosos buscaron una negociación para entregarse en condiciones mínimamente aceptables, sobre la base del principio jurídico de la “disociación” (algo así como “libre deserción”), no del “colaboracionismo delator” (o “colaboración judicial”) y el acuerdo estuvo cercano de producirse.

Después de este fracaso, en marzo de 2002, Pietro Aglieri, ya preso, escribió y envió una misiva al fiscal nacional antimafia de entonces, Pier Luigi Vigna, proclive a un acuerdo, en el que proponía “una paz duradera” a través de una “confrontación de ideas, abierta y leal”, de la que “puedan salir soluciones inteligentes”, y solicitaba un encuentro entre él y un grupo de integrantes presos de su organización para consensuar la posible negociación con el Estado, con lo que descartaba de momento tanto la “colaboración judicial-delación”, por considerarla inaceptable, como la “disociación”, por considerarla “poco honorable” (obra citada, página 181; ver también de S Palazzolo/M Velasco, “Aglieri, el ‘capo’ de la Cosa Nostra que encontró a Dios”, 27 de julio de 2005, www.agenciajai.mforos.com).

Esta postura de Aglieri era una variante táctica negociadora de la mafia que buscaba un nuevo centro de gravedad, una nueva tesis ante el fracaso de la anterior para crear nuevos consensos; y traslucía cierta división entre la cúpula de la Cosa Nostra en torno a la línea maestra a seguir, ya que se conoció que otro sector de ella renovó sus amenazas de acciones violentas contra objetivos del Estado. Probablemente también era una táctica de doble vía.

El proceso, accidentadamente, siguió sin acuerdos, pero recientemente otro enfoque surgió mediante declaraciones públicas (julio de 2009) de Salvatore Totò Riina (a quien se atribuyó la responsabilidad intelectual del asesinato de los fiscales) durante el 17 aniversario del crimen, cuando acusó al gobierno italiano de entonces de haber ordenado la muerte de los fiscales, al afirmar categóricamente que se trató de un crimen de Estado;?esta acusación fue reforzada con el encarcelamiento y confesiones de dos nuevos “arrepentidos” dirigentes de la Cosa Nostra: Giovanni Brusca y Massimo Ciancimino –este último, hijo del alcalde de Palermo por la Democracia Cristiana en la década de 1970, identificado con la mafia siciliana y conocido como don Vito Ciancimino, de origen corleonés– quien confirmó la acusación al mostrar un papello dejado por su padre (varios folios en realidad) y cuya exhibición provocó llamar a declarar judicialmente al exministro socialista de Justicia, Claudio Martelli (titular del Poder Judicial entre 1991-1993). El manuscrito contiene los “12 puntos” o exigencias presentadas por Totò Riina y Bernardo Provenzano (los dos máximos capos), entregados a un “misterioso” Sr Franco o Carlo (se identificó con ese nombre y como miembro de los servicios secretos del Estado), que se intercambiarían para cesar los ataques contra “objetivos del Estado”.

Sobre este famoso papello destacamos cinco cuestiones cruciales: a) la afirmación de Totò Riina coincidía con indicios de sospecha dados a conocer por las fiscalías de Caltanissetta y Palermo, involucradas en la investigación del asesinato de los fiscales, lo que reabrió una investigación que parecía sepultada; b) don Vito Ciancimino (conforme a revelaciones aparecidas en el libro Vaticano, SA, del periodista Gianluigi Nuzzi) no era un “supuesto” aliado de la mafia, sino integrante de ella y recibía dinero de la Cosa Nostra con la intermediación del Instituto para las Obras de la Religión o Banco del Vaticano; c) entre los folios en poder del hijo de don Vito hay un documento atribuido al puño y letra de Totò Riina, en el que se afirma que el asesinato de los fiscales antimafia fue negociado con dos jefes de los servicios secretos del Estado; aunque Riina desmintió su hechura, reafirmó la versión que ahí se contiene, misma que han dicho creer los familiares del juez Paolo Borsellino; d) la gran fortuna amasada por don Vito, se acusa, estaba siendo reciclada por su hijo, por lo que las revelaciones hechas se consideran una “maniobra de distracción” para quitar la atención de la fortuna bajo su control, pero nadie ha salido a desmentir el contenido de los documentos que se hicieron públicos; e) Totò Riina insinuó también que “alguien negoció a sus espaldas” los asesinatos, y que su captura (15 de enero de 1993) se debió a esas negociaciones, es decir, la hipótesis señala que hubo una traición en las filas de la Cosa Nostra, “interlocutores paralelos” a la cúpula mafiosa (“¿Quién mató al juez Borsellino?”, El País, 20 de julio de 2009, www.elpais.com; y “Grupos antimafia exigen la verdad”, 20 de julio de 2009, www.elmundo.es).

Muy probablemente Riina aludía a la “familia de los corleoneses”, a la que pertenecía don Vito, con gran fuerza militar en su poder y que disputaban violentamente “la línea negociadora” de Provenzano-Riina, y postulaban toda la carga contra el Estado para doblegar a los políticos, línea encabezada por los cataneses de Santa Paula y la Banda de la Magliana, es decir, la Masonería P2 (Propaganda Due) de Licio Gelli (principal involucrado en la penetración mafiosa a las finanzas del Estado vaticano).

 Los “12 puntos” sumaban temas como “la abolición del régimen carcelario” severo (que incluyó el “aislamiento”) instaurado por G Falcone, el “arresto domiciliario” para los capos de más de 70 años y la “eliminación del impuesto a la gasolina para los habitantes de Sicilia”. Lo novedoso es que el hijo del exalcalde de Palermo exhibió también un trozo de papel escrito por su padre que agregaba tres puntos a la agenda en negociación: Partido Político del Sur (voces en la prensa italiana señalan que ese partido solicitado emergió después como Forza Italia, que llevó a Silvio Berlusconi al poder, porque en tales conversaciones –conforme a nuestra fuente– participó uno de los líderes posteriores del partido, senador por el mismo, Marcello Dell’Utri, finalmente encarcelado); también demandaba reforma a la justicia italiana “tipo americano” y al sistema electoral.

Inaudito: el gobierno italiano, mediante algunos representantes, hablaba con la mafia siciliana de reformas políticas, aquella parecía prepararse para asaltar el poder, todo, en conversaciones secretas, lo cual, al ser conocido por los fiscales antimafia, provocó un rotundo rechazo y un intrincado juego de acciones encubiertas desde el Estado y fuera de él, que precipitó el episodio sangriento en mayo y julio de 1992.

El propio Martelli y otros magistrados confirmaron que Falcone y Borsellino estaban al tanto de las conversaciones Estado-mafia en las que participó el ministro del Interior, Nicola Maincino (una de ellas, el 2 de julio de 1992), junto a miembros de los servicios secretos. Entonces, el asesinato aparece como un evento brutal para evitar la denuncia pública de ese posible pacto (“Los doce puntos que la mafia exigió al gobierno italiano”, 17 de octubre de 2009, www.addesonoi.com/node/49, incluía la “revisión de las sentencias del súperjuicio contra la Cosa Nostra”, entre otros).

Giuseppe Pisanu, presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia, al presentar su reporte sobre el tema, aseveró que las negociaciones fueron producto de dos grupos de cuestiones:

“Es razonable hipotetizar que en la época de los grandes delitos y de los atentados se pudo haber dado una convergencia de intereses entre la Cosa Nostra y otras organizaciones criminales, logias masónicas secretas, el mundo de los negocios y la política [ya que] esa capacidad de combinar relaciones con la política y los negocios forma parte de la naturaleza de la burguesía mafiosa”. Así como que “la mafia siciliana no podía admitir el régimen carcelario ‘duro’ para sus miembros, ni la normativa que contempla el decomiso de su patrimonio, ni mucho menos la figura del ‘arrepentido’, el exmafioso que pasa a colaborar con la justicia. Esas medidas tienen el poder de hacer saltar por los aires los acuerdos internos del poder mafioso y disgregar en el largo plazo a la organización” (“Confirman nexos entre mafia y gobierno de Italia”, 30 de junio de 2010, Notimex, www.vanguardia.com.mx).

Desde nuestra óptica se sobrevaloran las medidas de perfil penal-carcelario, porque entonces ¿cómo explicarnos la continuidad de las organizaciones mafiosas, su capacidad geoexpansiva, su mayor poder y, precisamente, su asimilación de golpes severos por el aparato del Estado? La tendencia sería irreversible hacia su debilitamiento y no es eso lo que puede comprobarse hoy.

En marzo de 2012, los jueces que reabrieron en 2009 la investigación sobre el doble homicidio llegaron a esta conclusión:

“Según informan los medios de comunicación, los fiscales tienen las pruebas de que Borsellino fue eliminado por la Cosa Nostra porque Riina lo consideraba un ‘obstáculo’ en las negociaciones que se habían estancado con las instituciones, y por tanto era necesario una acción para revitalizarlas. Por tanto, los magistrados añadieron a los cargos sobre los tres acusados del atentado a Borsellino el de ‘terrorismo’, al considerar que se trató de un gesto para obligar al Estado a negociar con [la] Cosa Nostra” (“Cuatro nuevas órdenes de aprehensión en Italia”, 8 de marzo de 2012, http://laprensalatina.com/).

Por su parte, la Camorra –cuya iniciativa negociadora, al parecer, tuvo menos fuerza ante el gobierno, menos eco a su interior y fue menos comentada– buscó también una intermediación personificada por clérigos, como el sacerdote Roboldi (1992), sobre lo cual el sacerdote Ribaudo comentó:

“…La Camorra acudió al padre Riboldi y a mí para decirme: ‘si el Estado estuviera dispuesto a acoger la disociación de esos determinados mafiosos y de esos determinados camorristas que se acusan a sí mismos sin acusar a nadie, y esto puede constituir un beneficio en relación con el tratamiento hacia los mafiosos, ellos están dispuestos a disociarse’” (Isaia Sales, obra citada, página 182).

Había una misma estrategia y objetivo, pero sin un consenso suficiente a su interior. Eran más de 300 camorristas dispuestos a entregar las armas a cambio de beneficios de ley. El planteamiento lo sugirió Severio Senese, abogado defensor histórico de algunos de los principales líderes de las Brigadas Rojas, quien estuvo entre los que lograron negociar para reos acusados de “terrorismo” la “disociación”, con disminuciones en penas carcelarias, iniciativa que le fue expuesta al fiscal Paolo Mancuso, aguerrido persecutor de camorristas, quien declinó la oferta al considerarla una estrategia de la mafia para bloquear la decisión de los posibles “arrepentidos” o “colaboradores de la justicia”, que con su acción ponían en graves aprietos a la organización mafiosa por sus revelaciones a las autoridades, era una forma de disuadirlos el imponer la negociación en tales términos. La Camorra abandonó un automóvil repleto de armas como muestra de proclividad al acuerdo, pero la exigencia del jefe de la policía y del director de Investigación Antimafia (con quienes se había entrevistado el sacerdote Riboldi al respecto) era que los camorristas debían presentarse en las comisarías y entregarse, no aceptaban un acuerdo negociado, pedían la rendición incondicional. Así, según el sacerdote mencionado, aunque el ministro del Interior, entonces Giovanni Conso (jurista y católico), estaba de acuerdo en proseguir el proyecto negociador basado en la “disociación” para poder oponer exitosamente su postura a la de los fiscales sustitutos (Caselli y Cordova) de los asesinados, requería un mayor consenso al interior del gobierno italiano y, al no lograrlo, la negociación fracasó nuevamente.

Riboldi intentó proseguir en su empeño durante la primera administración de Silvio Berlusconi y habló de ello con el subsecretario del Ministerio del Interior de apellido Contestabile, quien manifestó anuencia para continuar la exploración negociadora, mientras que los integrantes del clan camorrista Moccia ofrecían otra entrega de arsenal militar (en cuya integración participaron otros clanes poderosos como Mallardo y Casalesse) como muestra de expectativa para el acuerdo. Dentro de las filas camorristas se discutían posturas a favor y en contra sobre la eventualidad y conveniencia del acuerdo, y centralmente, si constituía o no una “muestra de debilidad o fortaleza” o si podría interpretarse como “señal de rendición”, además, ofrecían pasar de 7 a 8 años de cárcel, pero sin el artículo 41 bis, y salir de prisión limpios, a cambio de suspender “cualquier homicidio o acto de violencia”.

Efectivamente, la mafia se movía en el sentido de “bloquear a los arrepentidos” políticamente, mediante las negociaciones, y militarmente, mediante el asesinato de familiares (algunas amenazas se consumaron), al exhortarlos a “disociarse” no a “arrepentirse judicialmente delatando” (Isai Sales, obra citada, páginas 186-187; ver también de Jorge Gutiérrez Chávez, “Corrupción en Italia: la muerte de un régimen”, noviembre de 2006, Entelequia Revista Interpeninsular, página 69, España; y Gomorra. Un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra, editorial Debate, 2007, Barcelona, página 116).

Y dentro de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal no parecía estar del lado de Riboldi, y decidió posponer para mejor coyuntura su iniciativa. Ambos clérigos, Riboldi y Ribaudo, abandonaron la misión mediadora con el argumento de que “había sido un grave error del Estado no haber aceptado las negociaciones sobre la ‘disociación’”; agregaron que “al arrepentido el Estado le paga bien y le evita el régimen de aislamiento”, aun cuando tiene en su conciencia delitos y decenas o centenares de muertos, y se preguntaron si “¿es eso justicia?”; continuaron: “el disociado pierde a manos del Estado su libertad física, pero no vende su dignidad de persona” (“Don Ribaudo. Pronta alla resa, si’ a sconti di pena”, 8 de abril de 1994, Portale del Gruppo Adnkronos, http://www.adnkronos.com/IGN/News/; y “Mafia fede e pentimento”, G Bongiovani y L Baldo, extracto del libro Dalla strage di Capaci a via d’Amelio, www.antimafiaduemila.com).

Es muy importante observar los contextos, las coincidencias, diferencias y paralelismos de este proceso en Italia con el de Colombia.

*El presente texto es parte del libro de próxima aparición Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal, con registro 03-2013-012111554700-01

**Maestro en ingeniería financiera con especialización en inteligencia para la seguridad nacional

Fuente: Contralínea 333 / mayo 2013