En los últimos 10 años (gobiernos de Felipe Caderón y Enrique Peña), el presupuesto de las dependencias encargadas de la seguridad en el país se duplicó, al pasar de 130 mil millones de pesos en 2006 a 264 mil millones en 2016. Es la década en que el gobierno federal declaró la “guerra” al narcotráfico y cuyo resultado es negativo, pues el crimen organizado sigue en expansión y crecimiento, y la violencia sin freno se extiende a todos los rincones del país.

Parte de esos miles de millones de pesos de dinero público se destinan para el pago puntual del salario de policías y soldados, quienes tienen el compromiso de mantener el orden y garantizar la seguridad del Estado. En respuesta, la sociedad les agradece y les retribuye su trabajo y esfuerzo con recursos que salen del erario.

Así que cuando esa seguridad se ve vulnerada por las agresiones en todo el país, la población tiene todo el derecho que le otorga la Constitución para reclamar y exigir públicamente que hagan bien su trabajo y, de no ser así, los ciudadanos emitirán opiniones y críticas negativas contra de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, por lo tanto la molestia del presidente de la República ante los reclamos de la sociedad no tiene fundamento: él mismo está sujeto a las duras críticas sociales, como sucede en todo el mundo con los gobernantes y como ocurre en toda sociedad que se dice democrática. Así que, no se espante, señor presidente: la crítica social es lo normal en países desarrollados, porque permite al gobierno recomponer lo que está mal y lejos de ser una enemiga es una aliada para que rectifiquen su actuación.

Vulnerable ante la crítica

Hace unos días, el presidente Enrique Peña se mostró incómodo ante la crítica que hizo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, por las deficiencias en el sistema de seguridad y de justicia que hay en el país, nada más cierto lo que, con valor, dijo la activista y que se confirma con las mismas cifras y estadísticas oficiales; pero al jefe del Ejecutivo no le gustaron las duras declaraciones de Morera, sobre todo cuando afirmó que “esta masacre nosotros sí la consideramos de proporciones bélicas: los asesinatos, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, los secuestros, las extorsiones, los robos, ya se hicieron parte de la vida misma de los ciudadanos. La violencia que vivimos ya no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional. No se ha logrado contenerla y mucho menos revertirla”.

En respuesta, Peña Nieto estalló en contra de los grupos de la sociedad civil que se quejan por todo y que, según él, hacen “bullying” sobre el trabajo de las instituciones, particularmente defendió a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas, órganos de gobierno que gastan miles de millones de pesos del erario sin dar resultados positivos.

Pero la queja del presidente fue directa contra Morera: “Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condena, la propia María Elena lo señaló en su discurso, que condena, que critica, que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. Y perdón que lo diga, y aquí entramos a un problema todavía más grave, queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días, o casi todos los días, pretendemos desmoronar o descalificar, especialmente a los integrantes de las corporaciones policiacas”.

El rostro de asombro de María Elena Morera por lo que escuchaba de boca del mandatario era evidente. No podía creer lo que decía. Y aunque la activista no esperaba una felicitación por señalar lo que todos sabemos que sucede en el país, tampoco esperaba que, ante las evidentes fallas del sistema para proteger a la población y su patrimonio, Peña Nieto saliera a defender a policías y soldados a quienes se destina una buena parte del presupuesto público de la nación.

Y tal vez un caso más claro del desmesurado y absurdo gasto público destinado a los cuerpos policiales, es lo que sucede con la Policía Federal, que por lo menos en las últimas dos décadas se les ha destinado cuantiosos recursos a sus miles de integrantes sin que puedan brindar una seguridad eficaz y una protección real a la población.

Fue el mismo jefe del Ejecutivo en el sexenio pasado (del trágico panista Felipe Calderón) quien decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los cárteles de la droga, debido a que la mayoría de las corporaciones policiales (federales, estatales y municipales) han estado coludidas por años con el crimen organizado, y hasta la fecha siguen sin dar resultados positivos, razón por la que el Ejército y la Marina han tenido que responsabilizarse de combatir a la delincuencia organizada sin tener facultades legales para ello. Cómo puede entonces hablar bien de los cuerpos policiales, señor presidente.

Es decir, que los mexicanos tenemos que pagar a unos policías corruptos que no cumplen con su trabajo, y hay pruebas y testimonios del involucramiento de éstos con los narcotraficantes, muchos de los cuales ya están encarcelados.

En un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, titulado Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016, publicado en Contralínea por el reportero Zósimo Camacho, se explica que el gasto en seguridad pasó de representar en 2006 el 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al 1.4 por ciento del mismo indicador en 2016.

La nota en cuestión explica que los gastos en seguridad por 264 mil millones de pesos anuales son superiores en más del ciento por ciento a los que se erogan para la salud de la población (por 124 mil millones de pesos) y en desarrollo social (por 106 mil millones de pesos). Con estos datos cómo no va a estar enojada la población.

Puntos suspensivos… Con la mitad de la población en pobreza y la embestida de fenómenos naturales (terremotos y huracanes) que han devastado a amplias zonas del país y han dejado en la calle a cientos de miles de mexicanos, el polémico presidente del Instituto Nacional Electroral (INE), Lorenzo Córdova, debería devolver los 39 mil 875 pesos que cobró del erario como pago de una dote matrimonial.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]