Adrián Ramírez López, Poemas disonantes

Annalisa Melandri*

En 2006 fue aprobada la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, consideradas “un ultraje a la dignidad humana”. Sin embargo, el fenómeno –lejos de ser un recuerdo de los años de las dictaduras– existe todavía, por ejemplo en México y en Colombia.

La desaparición forzada es considerada desde 1983 como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto, imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o amnistía.

Se entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

Lamentablemente aún sigue perpetrándose en América Latina y en otras regiones del mundo, no obstante sean ya lejanos los lúgubres años de la Guerra Sucia y de las dictaduras.

Esa práctica era usada como instrumento de represión política en la llamada “guerra contrainsurgente” por la eliminación física de militantes y de opositores a los regímenes dictatoriales. Los desaparecidos eran activistas sociales, líderes comunitarios, sindicalistas, políticos y estudiantes.

A los militares latinoamericanos, cómplices de las dictaduras, la práctica de la desaparición forzada les pareció el crimen perfecto: sin aparente derramamiento de sangre, sin verdugos y, sobre todo, sin culpables porque de hecho no existía tampoco la víctima.

En cárceles clandestinas, en lugares de detención legales e ilegales, en casas privadas, los desaparecidos perdían su identidad de seres humanos, de ciudadanos, de personas, para ser solamente un cuerpo en manos de las ferocidades más atroces. La muerte bajo tortura o por eliminación directa, frecuentemente, era la conclusión del periodo de desaparición forzada.

En este escenario reinaba la impunidad: no existía el verdugo porque no había una víctima.

Recordamos la Argentina de los generales. Desde 1976 hasta 1983 han sido 30 mil los desaparecidos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hasta los neonatos, entregados ilegalmente en adopción a las familias de los generales después de que las madres habían sido arrestadas y recluidas hasta el momento del parto y luego desaparecidas en los llamados “vuelos de la muerte” sobre el Río de la Plata.

El exdictador Jorge Videla, quien está pagando en una cárcel militar una condena a cadena perpetua por crímenes cometidos durante la dictadura, ha recientemente confesado haber asesinado entre 7 mil y 8 mil personas. Los cuerpos de éstas han sido desaparecidos para evitar la atención de la comunidad internacional.

En México, el periodo conocido como Guerra Sucia (en las décadas de 1960 y 1970) fue caracterizado por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país. Sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas. La mitad solamente en Guerrero, donde eran activas las guerrillas de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez.

Y así en el resto de toda América central: El Salvador, Guatemala, Honduras han sido el laboratorio perfecto desde la década de 1980 para experimentar técnicas de contrainsurgencia. En otros países de América Latina, como Colombia y Perú, las desapariciones forzadas han sido práctica de Estado para reprimir la rebelión y frenar así cualquier reivindicación social.

Hasta 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones Forzadas. Firmada en París, Francia, el 6 de febrero de 2007, ésta se logró después de 25 años de luchas llevadas por asociaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos y por las asociaciones de los familiares de los desaparecidos. La Convención reafirma los principios de la precedente Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de 1992 y estipula precisas disposiciones a las que deben atenerse los Estados.

La Convención ratifica formalmente dos nuevos derechos humanos: “el derecho de cada persona a no ser desaparecido y el derecho a la verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas” (Gabriella Citroni, delegada para Italia ante las Naciones Unidas).

La Convención cobró vigencia el 23 de diciembre de 2010, después de la vigésima ratificación. Aunque Italia ha firmado la Convención del 3 de julio de 2007, aun no la ha ratificado.

¿Las desapariciones forzadas pueden considerarse un triste recuerdo del pasado? Louise Arbour, Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, en un artículo escrito a la vigilia de la firma de la Convención en París en 2007, recordaba cómo, “solamente en 2006, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, recibió más de 300 nuevos casos provenientes de 12 países alrededor del mundo. Y esto es sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados ante el Grupo de Trabajo”.

A título emblemático recordamos la desaparición el 18 de septiembre de 2006, en Argentina, de Julio López, el 31 mil desaparecido en la dictadura, testigo clave en los juicios contra los militares y la policía de Buenos Aires, desaparecido ya una primera vez por tres años (1976-1979).

En México, la desaparición forzada es una práctica que sigue siendo utilizada también en tiempos más recientes, aunque con características diferentes respecto al pasado. El doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, menciona los “más de 15 mil desaparecidos que se cuentan solamente en los últimos seis años del gobierno saliente de Felipe Calderón. Se dan en un contexto nuevo, que si bien no es estrechamente político, se caracteriza como una verdadera política de Estado”. Mejor dicho, de Estados: Ramírez responsabiliza a los gobiernos de México y de Estados Unidos, que con los operativos ilegales, como por ejemplo Receptor Abierto y Rápido y Furioso, han entregado un sinnúmero de armas a los grupos criminales que operan en el país, no solamente los que están vinculados al narcotráfico sino también los que dirigen trata de personas, de niños, del juego de azar, etcétera. Por las enormes ganancias y la completa impunidad, explica el doctor Ramírez, los grupos de elites de las Fuerzas Armadas han entrado masivamente en las citadas organizaciones. Además, agrega: “Lamentamos que Calderón haya vetado la Ley General de Víctimas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo avale”.

Colombia registra números escalofriantes: apenas hace un año, Christian Salazar, Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ha afirmado que en ese país hay, a causa del conflicto armado, por lo menos 57 mil personas desaparecidas. De éstas, 15 mil 600 han desaparecido forzosamente por “agentes del Estado y por las fuerzas paramilitares que colaboran con él”.

También pueden considerarse como desapariciones forzadas los más de 3 mil casos de “falsos positivos”, cuando ciudadanos luego aparecen asesinados por los militares y disfrazados de guerrilleros supuestamente asesinados en combate, para así obtener premios monetarios o promociones de varios tipos.

La lucha contra la impunidad, pilar fundamental de un estado de derecho, no puede más que ir a la par con la lucha contra las desapariciones forzadas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, ya que tiene efectos destructivos sobre la víctima, sobre sus familiares y en gran medida también sobre el cuerpo social al que pertenecen, disgregando como último pasaje también la cohesión del tejido social del país.

Algunas recientes sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a casos de desapariciones forzadas:

El 22 de septiembre de 2009 la CIDH ha establecido la responsabilidad internacional de Perú por la desaparición forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 16 de diciembre de 1993. Tenía 25 años y era un estudiante de economía de la Universidad Técnica del Callao. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano lo llevaron a un centro de detención clandestino llamado Pentagonito y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Es una sentencia que crea jurisprudencia, porque ha condenado específicamente la violación al derecho de la víctima al reconocimiento de su personalidad jurídica: “la desaparición deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos”.

El 2 de abril de 2012 la CIDH sentenció al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso Gonzales Medina. El caso en el país se conoce como el “Narcizaso”.

Activista y periodista, desapareció el 26 de mayo de 1994. Hasta la fecha no se conoce su paradero y no se ha desarrollado una investigación efectiva de los hechos. En particular, fue comprobado por la CIDH que el señor Gonzales Medina al momento de la detención se encontraba bajo custodia de agentes policiales.

Además la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está investigando también el caso de Juan Almonte, miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, sospechoso de haber participado en un caso de secuestro, pero que también desapareció el 28 de septiembre de 2009.

En 2012 la CIDH ha condenado a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y del secuestro de su hija recién nacida, María Macarena Gelman García, nuera y nieta, respectivamente, del poeta argentino Juan Gelman. De María Claudia no se tienen noticias desde entonces, su hija Macarena ha sido encontrada hace algunos años. Es un caso de desaparición forzada que se dio en el llamado Plan Cóndor.

Con una histórica sentencia, México ha sido condenado por la CIDH por el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en el marco de la llamada Guerra Sucia, en 1974. La sentencia se dio el 23 de noviembre de 2009 y el gobierno mexicano no ha cumplido lo substancial.

Entre los varios casos recientes de desapariciones forzadas en México, recordamos el de Francisco Paredes Ruiz, quien el 27 de septiembre pasado cumplió cinco años desaparecido. Francisco Paredes, luchador social y militante por la defensa de los derechos humanos de larga trayectoria humana y política, pertenece a la Fundación Diego Lucero. El caso de su desaparición forzada se inserta en un contexto de criminalización de protesta social y de persecución contra los defensores de derechos humanos.

*Integrante del Área de Cooperación Internacional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (artículo escrito en su versión original en italiano para la revista digital L’Indro)

Fuente: Contralínea 305 / octubre de 2012