Aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la Ley de Víctimas y se ha separado de los estragos de la violencia generada durante el sexenio pasado, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, han estrechado filas para enfrentar una nueva etapa del conflicto armado que sostienen contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada.
Un primer asomo de esta tendencia es la conformación de la plantilla de generales que asumieron el liderazgo militar en la llegada del nuevo gobierno. Estos generales de División tienen ya experiencia de combate a diferencia, por ejemplo, de los que encabezaban la comandancia castrense en el gobierno de Ernesto Zedillo que, si acaso, habían participado como coroneles en la lucha contra los movimientos armados de las décadas de 1970 y 1980.
Los nuevos líderes militares provienen, en su mayoría, del arma de infantería y tienen una experiencia vasta en contrainsurgencia, particularmente en el combate contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que ahora está dando muestras de una resurrección de sus viejos líderes y sus discursos de beligerancia contra gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
Con la experiencia acumulada en los casi 20 años posteriores al levantamiento zapatista, estos líderes castrenses han escalado todo el camino de ascenso militar hasta llegar al grado de general de División y encabezar la plana mayor del Ejército y la comandancia de las 12 regiones militares del país.
Ahora ya no sólo enfrentan la posibilidad de un resurgimiento de los movimientos armados, como ha ocurrido cíclicamente a lo largo de la historia reciente del país, sino que tienen por delante a enemigos en la delincuencia organizada que emulan las características de los movimientos armados y siguen una estrategia de guerra prolongada, ya no basadas en la construcción de bases de apoyo popular, sino en la táctica de obtener y controlar bases de apoyo forzado mediante la corrupción, el asesinato, el terror y la extorsión.
A diferencia de grupos delictivos del pasado, que nunca buscaron el control territorial, las nuevas organizaciones criminales están controlando a cuerpos de policías locales y estatales, con elementos de apoyo a nivel federal y, en ocasiones, con el soporte de elementos leales a la delincuencia organizada que siguen adentro de las filas militares.
En este ambiente de ambigüedad e incertidumbre, la violencia no ha cesado y el gobierno de Peña Nieto ha declarado que no tiene intenciones para retirar a las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico y a otras expresiones criminales que han emergido en las principales ciudades del país.
La nueva administración militar, encabezada por el general secretario
Salvador Cienfuegos Zepeda, deberá seguir las órdenes del presidente de la República para enfrentar directamente a las bandas criminales hasta que los cuerpos de la Policía Federal, entre ellos la futura gendarmería nacional, terminen por constituirse, capacitarse y cobrar eficacia en el combate a organizaciones criminales que superan la capacidad de fuego, organización y operación que los cuerpos policiales.
Uno de los retos que enfrentará el nuevo liderazgo del Ejército es el de avanzar en una lucha que no tiene señales evidentes de victoria. Sin leyes que respalden el involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos de competencia policial, ni formas de contrarrestar el control y la influencia de las organizaciones criminales en la política, la economía y el funcionamiento de sus zonas bajo control, el Ejército podría recurrir a la opción –como lo hizo en el conflicto contra el zapatismo armado– de crear o apoyar a grupos paramilitares que ayuden a las tropas regulares a combatir a enemigos elusivos, camuflados en la población y protegidos por autoridades de todos los niveles.
Esta posibilidad no es ajena a las disyuntivas que enfrenta la nueva comandancia del Ejército. El general Cienfuegos escogió como colaboradores a generales de División que tienen una fuerte tradición y experiencia en guerra contrainsurgente, obtenida principalmente en la conducción de la comandancia de los agrupamientos de la Fuerza de Tarea Arcoiris, encargados de combatir a las milicias del EZLN y controlar territorialmente a los grupos de agricultores simpatizantes del zapatismo, a los que habían forzado a salir de sus comunidades por las agresiones continuas de grupos paramilitares.
Uno de los mandos con más experiencia contrainsurgente es el subsecretario de la Defensa, el general de División Virgilio Daniel Méndez Bazán, quien encabezó un agrupamiento de la Fuerza de Tarea Arcoiris durante el conflicto armado en Chiapas.
Cienfuegos también conservó entre sus colaboradores a sus contendientes por el puesto de secretario de la Defensa Nacional, principalmente al general de División Augusto Moisés García Ochoa, quien fue director de Administración Militar en el gobierno pasado y ahora encabeza la comandancia de la XI Región Militar con sede en Torreón, Coahuila, una de las zonas controladas por la organización criminal de Los Zetas.
Cienfuegos también conservó en el liderazgo militar activo a otro de sus contendientes, el general de División Luis Arturo Oliver Cen, también jefe de un agrupamiento de la Fuerza de Tarea Arcoiris. Oliver Cen recibió el cargo de oficial mayor.
El general Cienfuegos también cerró filas con la Fuerza Aérea y ratificó al general de División Leonardo González García como comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. González ha fungido en ese cargo desde el 16 de diciembre de 2008.
La continuidad del comandante González García debe leerse como un mensaje desafiante a la delincuencia organizada, que presumiblemente ha atentado en dos ocasiones contra la vida del actual jefe de la Fuerza Aérea.
González ha sido pieza clave en una estrategia militar que, aunque controlada por mandos de la infantería y la caballería mecanizada, está basada en el apoyo de las operaciones aéreas, ya sea de observación, transporte de tropas, erradicación o fuego aéreo, todas esenciales en el combate contra células del crimen organizado.
Estos mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea pueden sostener un enfoque contrainsurgente con eficacia, pero aún está en duda si realmente ése debe ser el enfoque de la estrategia y la aplicación de fuerza que necesita México para salir adelante del problema de la violencia.
Si el mando encabezado por el general Cienfuegos elige la vía de la contrainsurgencia militar y el gobierno civil mantiene inactivos a otros elementos del poder nacional de naturaleza no militar, entonces el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana enfrentarán una nueva etapa donde pueden reactivarse grupos paramilitares, ya no sólo en el campo sino ahora también en las ciudades, y en la que los movimientos armados busquen activamente el momento adecuado para lanzar nuevos intentos de insurrección.
Textos relacionados:
*Especialista en Fuerzas Armadas y seguridad nacional; egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional, en Washington
Fuente: Contralínea 318 / enero 2013
