Por años, las farmacéuticas han fomentado el consumo de opioides para tratar el dolor y, al tiempo, favorecer las adicciones: entre más adicto es el paciente más consume y, en consecuencia, mayores ganancias genera.

El comportamiento del mercado es el mismo en el mundo: la mayoría de las compañías que fabrican o venden analgésicos basados en oxicodona, fentanilo, hidrocodona y tramadol lucran descaradamente con las enfermedades.

En el caso de México, hasta la fecha ninguna compañía ha enfrentado consecuencias por este actuar. Y es que las propias autoridades son omisas frente a estas prácticas nocivas, que ponen en riesgo la salud pública al generar cientos de adictos. Pero no sólo se trata de las autoridades mexicanas, sino también de las estadunidenses e incluso de las internacionales.

Sin un freno legal, el problema de este agresivo y desleal “modelo de negocios” se profundiza: día a día, decenas de personas pasan de la farmacodependencia al consumo de drogas ilegales, en especial de la altamente adictiva heroína.

De ello tienen conocimiento los gobernantes, pues las evidencias abundan. Ejemplo de ello es el juicio –en una corte de Ohio– contra cinco laboratorios trasnacionales acusados en mayo de 2017 de engañar a los enfermos: Purdue Pharma, Johnson & Johnson, Allergan, Endo Health Solutions y Teva.

Las farmacéuticas mintieron: aseguraron que los opiáceos no eran adictivos, que la adicción era fácil de superar o que podía ser tratada al consumir más opiáceos (31 de mayo de 2017, AFP).

Y aunque este tipo de juicios son un avance que no vemos en nuestro país, la realidad es que tampoco han contribuido a revertir estas prácticas, como revela el caso de Purdue Pharma, desarrolladora de la droga OxyContin® (oxicodona).

Y es que en 2007 este laboratorio fue acusado por esas mismas prácticas: en aquel año, su filial Purdue Frederick Company se declaró culpable, junto a tres de sus altos ejecutivos, de cometer fraude en el etiquetado del fármaco, al afirmar que era menos adictivo y menos propenso a ser consumido de forma problemática como ocurría con sus comeptidores Percocet® o Vicodin®.

La industria farmacéutica es responsable en buena medida de la llamada crisis de los opioides que enfrenta Estados Unidos, se desprende del análisis Los opioides en Estados Unidos y el sistema internacional de fiscalización de drogas, del Instituto Belisario Domínguez.

Elaborado por el investigador Carlos Galindo, recuerda que el 26 de octubre de 2017 Donald Trump declaró una emergencia de salud pública, porque cada día más de 140 estadunidenses mueren por sobredosis de drogas; 91 de ellos, por consumo de opioides.

El caso de Purdue Pharma

Una de las cinco farmacéuticas enjuiciadas el año pasado, Purdue Pharma, es ejemplo de las peores prácticas de la industria. Según el estudio del Instituto Belisario Domínguez, Art Van Zee expuso las tretas de esta empresa en el American Journal of Public Health desde 2009:

Entre otras estrategias de comercialización, ese laboratorio ha recurrido a programas de cupones, relación directa con médicos de cuidados primarios, ingreso a mercados no relacionados con el tratamiento paliativo para enfermos de cáncer y minimización de impactos relacionados con el riesgo de adicción: sus promotores aseguraban que éste era menor al 1 por ciento.

Otras investigaciones han apuntado que a los consumidores jóvenes o pobres les resulta difícil acceder a los analgésicos de opioides, por lo que recurren al mercado negro de heroína.

Al respecto, autores como William Evans, Ethan Lieber y Patrick Power “atribuyen el dramático aumento de muertes por sobredosis de heroína, primero, a la adicción al OxyContin® y, segundo, a la reformulación de este fármaco y a las trabas a su acceso por parte de las personas ya adictas, quienes recurrieron a la heroína al no poder conseguir analgésicos opioides”.

El trasiego legal

Un aspecto muy relevante de la crisis estadunidense, según el análisis de Galindo, es que ni Purdue Pharma ni las otras farmacéuticas producen amapola ni los derivados directos del opio en territorio estadunidense: todas estas empresas debieron importar legalmente sus materias primas.

Esto abre cuestionamientos no sólo sobre las agencias reguladoras de ese país, como la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, sino también sobre el sistema internacional de fiscalización de drogas, observa.

Y es que la crisis de los opioides data de hace 20 años. “Uno supondría que semejantes cantidades de opiáceos, comercializadas internacionalmente, debieron generar alguna alerta o al menos algún tipo de observación internacional”, señala el investigador Galindo. De ello, apunta, no hay evidencias públicas de alertas u observación internacionales.

El control mundial de los mercados de drogas lo lleva la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la Organización de las Naciones Unidas. Sus objetivos principales son eliminar el mercado negro y garantizar suministros adecuados para fines médicos y científicos.

El análisis critica que “el control internacional de drogas no opera según consideraciones de salud pública, sino bajo un enfoque meramente económico. Y el mejor ejemplo de esto es, precisamente, la ‘crisis’ de opioides de Estados Unidos: mientras las personas sigan comprando OxyContin®, Vicodin® y fármacos similares […] el consumo efectivo o demanda de estos productos, y de sus materias primas en el mercado internacional, se seguiría considerando por la JIFE como parte de las ‘necesidades legítimas’ de importación de drogas de ese país”.

Por ello, considera que el sistema internacional de fiscalización de drogas ejerce un control mercantilista sobre el mercado global de opiáceos, operando en términos estrictos como un regulador de la oferta a través de cuotas de producción, almacenamiento y exportación, según se registren cambios en el consumo efectivo.

En México, alrededor de 28 millones de personas sufren de dolor crónico. Ése es el tamaño de nuestro potencial mercado.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]