Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, no sólo se escapó de un penal de máxima seguridad de México: las características físicas, los recursos humanos y los protocolos de actuación de esa cárcel habían sido certificados por la estadunidense American Correctional Association (ACA).

El Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, desde donde el líder del Cártel de Sinaloa se fugó el 11 de julio pasado, es uno de los cuatro penales que, a instancias de la Iniciativa Mérida, han sido certificados en México por la organización estadunidense.

La increíble fuga del narcotraficante trastocó la relación bilateral entre México y Estados Unidos y ablandó aún más al gobierno de Enrique Peña Nieto frente al de Barack Obama. Luego del escape del Chapo, la administración federal mexicana tuvo que ceder y bajar la cabeza –como en todo su sexenio lo hizo la de Felipe Calderón– ante las exigencias del Tío Sam.

Según un reporte del Congressional Research Service, fechado el 20 de octubre pasado, la evasión de un reo de un penal que recibió asistencia estadunidense “sugiere que las instalaciones carcelarias y los protocolos por sí solos no son suficientes para evitar que los grupos criminales penetren en un sistema si las autoridades penitenciarias siguen siendo susceptibles a la corrupción”.

El documento, titulado US-Mexico security cooperation following el Chapo Guzmán’s escape, subraya que uno de los objetivos de la Iniciativa Mérida ha sido mejorar el sistema penitenciario de México. Destaca que entre 2008 y 2015 Estados Unidos ha entregado a los gobiernos mexicanos más de 2 mil 300 millones de dólares bajo ese mecanismo de cooperación. Y concluye que el Congreso estadunidense tendrá que “volver a examinar” los términos de la citada Iniciativa Mérida y condicionar los apoyos a que el gobierno de este país acabe con la “corrupción oficial”.

Los investigadores June S Beittel y Clare Ribando Seelke, autores del informe, no pasan por alto que la fuga de Guzmán implica para Estados Unidos algunas ventajas en su relación con México. Ahora más que antes el gobierno de Obama está en la posición de exigirle al de Peña Nieto una “adecuación” al sistema de justicia penal mexicano y que redoble los “esfuerzos” para combatir la corrupción.

Incluso señalan, ya como una consecuencia de la fuga, el cambio de actitud del gobierno mexicano en el tema de las extradiciones. “Anteriormente, el gobierno mexicano había sostenido que era poco probable conceder cualquier solicitud de extradición” hasta que los delincuentes hubieran cumplido su condena en México.

En efecto, el 1 de octubre pasado fueron extraditados a Estados Unidos, en sólo un acto, 13 presos por delincuencia organizada, entre ellos Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, quien fuera uno de los mandos del cártel que encabezaban los hermanos Beltrán Leyva, y el exlíder del Cártel del Golfo Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss.

Pero los gringos no se aplacan. El propio documento señala que el recorte de 5 millones 500 mil dólares anunciado por Estados Unidos a la Iniciativa Mérida es consecuencia directa del escape del Chapo, pues con ello “se puso de manifiesto la debilidad del sistema de justicia penal de México y la corrupción arraigada en el país”, además de los “problemas de derechos humanos”.

Es decir, luego de 8 años de estar financiando una supuesta guerra contra el narcotráfico que ha costado la vida a más de 150 mil civiles, hoy los estadunidenses se percatan que hay “problemas de derechos humanos” en el país en el que ellos ponen las armas y el dinero y los mexicanos los muertos, desaparecidos y desplazados.

Para el doctor Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, el Chapo le es más útil al gobierno mexicano afuera que adentro. Su fuga no pudo haber sido un asunto de celadores, sino de las “más altas” esferas del poder en México.

Siguiendo con este análisis, Guzmán habría salido de El Altiplano con la encomienda de reorganizar el negocio y pacificar y someter a todos los jugadores. La apuesta, según esta valoración, bien valdría soportar los hipócritas reproches de los estadunidenses. No faltará mucho para saber si el Chapo obtuvo para el gobierno mexicano esta otra reforma estructural, la del narcotráfico.

Fragmentos

“The drone papers”, una investigación de The Intercept basada en documentos secretos filtrados al medio, revela la autorización del presidente estadunidense Barack Obama para que vehículos aéreos no tripulados den caza y asesinen a quienes considera enemigos de Estados Unidos. La investigación da cuenta incluso de una lista de personajes que deben ser ejecutados en algunos países donde el imperio de las barras y las estrellas interviene militarmente: Afganistán, Yemen y Somalia. Lo que cabría preguntarse es si sólo en esos países actúan los drones asesinos y si algún día conoceremos la lista completa de los personajes a eliminar. El reportaje puede consultarse en https://theintercept.com/drone-papers/… Oportuno el informe del servicio de investigación del Congreso estadunidense Instances of use of United States Armed Forces abroad, 1798-2015 (que podría traducirse como Empleo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero 1798-2015). La autora, Barbara Salazar Torreon, reconoce que se trata de una tarea inacabada (“sólo es una encuesta aproximada”) con cientos de intervenciones militares de Estados Unidos apenas 22 años después de declarar su Independencia y hasta la actualidad. A partir de la década de 1980 las “aventuras militares” estadunidenses se han intensificado. Según el documento, fuerzas militares estadunidenses beligerantes han intervenido México en, al menos, 23 ocasiones; las más recientes en 1919 cuando perseguía “bandidos”. Claro, en el documento especifica que “las operaciones encubiertas, de ayuda ante desastres y ejercicios de rutina en alianza o capacitación con fuerzas locales no se incluyen aquí”.

Zósimo Camacho*,@zosimo_contra

*Periodista

[BLOQUE: OPINIÓN] [SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 461 / del 02 al 08 de Noviembre 2015