Hay confianza entre un amplio sector social (por lo menos de 30 millones de mexicanos) de que el próximo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra de combatir con toda la fuerza del Estado la corrupción y la impunidad gubernamental que mantienen al país en una situación de parálisis económica y de profunda desigualdad social –sin descontar la violencia que esto también genera–, en donde la burocracia de mandos medios y superiores se enriquece ilícitamente cada sexenio sin que nadie haga algo para contenerla.

Pues ante esa premisa que López Obrador ha planteado a todos los servidores públicos, quien tendrá una preponderante actuación que será observada por todos es precisamente la próxima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, una destacada académica de la Universidad Nacional Autónoma de México que ante la prensa ha dicho una y otra vez que en la administración del próximo gobierno que está por comenzar no se permitirá ni un solo acto de corrupción y que los servidores públicos estarán bajo la lupa de la fiscalización y vigilancia para impedir que se cometan actos ilícitos, como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN.

Hasta aquí, como parte del discurso, todo parece bien y nos hacen creer que cumplirán su palabra; sin embargo, los anuncios del reciclaje de algunos políticos priístas y panistas involucrados en casos de corrupción en otras administraciones, así como burócratas, líderes sociales y comunicadores con “mala imagen” y algunos con antecedentes hasta penales, hacen dudar justificadamente, a otra buena parte de la sociedad contada también en millones, de que la lucha contra la corrupción vaya en serio.

Por lo pronto, parece justo darle a López Obrador el beneficio de la duda, por lo menos hasta que empiece a gobernar y observemos su actuación y la de todo el gabinete que lo acompaña.

Y entre el mucho trabajo que tendrá la próxima secretaria de la Función Pública por perseguir a los corruptos que se hayan colado al equipo de Morena en el poder, Eréndira Sandoval deberá darse tiempo también para resolver los casos que se acumulan en la dependencia que va a dirigir a partir del 1 de diciembre y que por una u otra razón no han sido resueltos a pesar de llevar años dichos procesos administrativos.

Uno de esos viejos casos de corrupción cuyo expediente sigue en espera de resolución en la Función Pública y en tribunales judiciales, y que en los últimos días se ha vuelto a mencionar en notas y columnas de prensa por motivación del propio interesado, el comunicador Carlos Olmos Tomasini, quien en su interés por colarse al gobierno lopezobradorista solicitó un escrito a la SFP para demostrar que no está inhabilitado para trabajar en el sector público y en consecuencia pueda reincorporarse al gobierno federal, para el cual ha servido en tareas de prensa y comunicación social en gobiernos priístas y panistas, sobre todo en lo referente al manejo de cientos de millones para tener contentos a dueños de medios de comunicación.

Así que con la carta en mano de la SFP, Olmos Tomasini ha vendido la idea a algunos periodistas que Función Pública lo ha exonerado de cualquier acto de corrupción e irregularidades administrativas a su paso por la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaria de Salud durante el gobierno panista del señor de la guerra contra el narcotráfico Felipe Calderón.

El interés de Olmos Tomasini, según sus allegados interesados en que regrese a seguir repartiendo dinero público entre la prensa, es ser el próximo director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, en donde aseguran ya amarró un puesto con quien será la próxima responsable de manejar la política interna del país, la doctora y exministra Olga Sánchez Cordero, quien por cierto tiene toda la razón de que su jefe López Obrador no podrá bajarle el salario a ella y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganan 600 mil pesos mensuales.

Pero contrario a lo que han escrito los “amigos” de Olmos, quien abrió a la prensa solo una parte de su expediente administrativo en poder de la SFP, esta dependencia que aún dirige la maestra Arely Gómez González informó que el expediente del expriísta, expanista y ahora morenista Olmos Tomasini sigue abierto y esa secretaría de Estado sólo esperan la resolución de un amparo ante la justicia federal para dictaminar lo que procede, por lo que “su caso está sub júdice”, es decir, en espera de ser resuelto, “por lo que la Función Pública no lo ha exonerado”.

Este proceso administrativo y judicial seguramente lo heredará el próximo gobierno y tocará a la nueva Secretaría de la Función Pública resolver si inhabilita o no a Olmos Tomasini. Lo que es cierto, es que hay evidencias documentales suficientes sobre el despilfarro y mal manejo de recursos públicos que causaron al erario daños por más de 200 millones de pesos.

El mismo Carlos Olmos lo reconoció en una entrevista que le hizo la reportera de Contralínea, Nancy Flores, a quien le dijo que recibía instrucciones directas de la Presidencia de la República –a finales del sexenio de Felipe Calderón– para rebasar las partidas presupuestales asignadas para la publicidad oficial y que las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían de ello le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación.

El próximo jefe de prensa de la Secretaría de Gobernación afirmó que las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia de la República “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”, refirió Olmos Tomasini.

Sin embargo, explicó que de esas órdenes que recibía no hay registro documental alguno porque la “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.

Precisó: “Nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan y te dicen ‘haz esto’”.

En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio– el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos.

De ese total, Olmos Tomasini reconoció que en la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.

—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?

—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.

—¿2 mil 500 millones en 3 meses?

—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.

—¿Quién lo ordenó?

—Presidencia y Gobernación.

A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.

Pero la orden que recibió de Presidencia el área que encabezaba Olmos Tomasini en los primeros 3 meses de 2012 se volvió en su contra: 260 contratos con medios de comunicación no se pagaron por “insuficiencia presupuestal”.

Así, Comunicación Social de la Secretaría de Salud heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la gestión de la secretaria Mercedes Juan López, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esto ha provocado un largo proceso que después de seis años aún no culmina, y fueron las secretarías de Hacienda y de la Función Pública las responsables de investigar el destino del presupuesto que se ejerció en la Secretaría de Salud en este rubro, por 2 mil 500 millones de pesos en total.

Olmos Tomasino reconoció en la entrevista que tiene una “deuda moral” con los medios, algunos de los cuales sus directivos son su “amigos”, por lo cual se comunicó directamente a la Secretaría de Salud para gestionar los pagos.

La Secretaría de Hacienda, responsable del presupuesto público, también ha recibido las peticiones para liquidar el adeudo. Sin embargo, los funcionarios que han atendido el caso sostienen que ese dinero nunca fue autorizado por el Congreso de la Unión ni por Hacienda, de tal manera que no se puede pagar porque no hay recursos para ello. Las investigaciones en curso en esa dependencia buscan deslindar responsabilidades por este caso.

No obstante, Olmos Tomasini se defiende: “Las campañas de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.

La Secretaría de Hacienda entregó 1 mil 838 millones 409 mil 399 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos publicitarios, a través de los acuerdos 801.1.099, 801.1.102, 801.1.118, 801.1.149 y 801.1.161. Los oficios –de los cuales se posee copia– fueron firmados por los exsubsecretarios de Egresos, Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reyna.

—¿Por qué no mandaron dinero para los 260 contratos que se adeudaban?

—Ahí sí no te sé decir eso; no te lo sé decir porque era una cuestión administrativa, y ya no regresó el dinero Hacienda. Ahora, es correcto lo de los 2 mil 500 millones de pesos, que fue en números redondos que bajaron; pero en esos 2 mil 500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces parte de este dinero fue para el Seguro Popular [Comisión Nacional de Protección Social en Salud]. No nos mandaron todo el dinero a nosotros. Se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba.

—¿Pero tú sí manejaste estos 260 contratos que no se pagaron?

—Sí. Todo esto sí. De todo esto yo soy responsable. De la bajada del dinero sí era directamente [responsable] Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría [de Salud]. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación, para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo.

—¿Quién  te autorizó en Gobernación?

—Alejandro Echegaray [exdirector General de Normatividad].

A casi seis años de este sobreejercicio que se hizo en la Secretaría de Salud, el proceso sigue abierto en tribunales y en el área de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, en donde se determinará próximamente si Olmos Tlomasini podrá incorporarse o no al equipo de López Obrador.

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